En medio de un escenario global marcado por el colapso de los mercados, el pesimismo en torno al crecimiento mundial y la volatilidad de la demanda de materias primas, la decisión de Codelco de mantener su plan de inversiones por hasta US$5.600 millones este año, es una señal potente. No solo para el sector minero, sino para todo el país, reflejando una comprensión profunda de su rol histórico y futuro: ser columna vertebral de la minería chilena en la transición hacia un modelo más moderno, competitivo y sostenible.

Durante años, la estatal acumuló rezagos estructurales producto de una combinación de factores: ciclos de precios poco favorables, presión política por transferencias al fisco y una inercia institucional que postergó decisiones críticas. Esa subinversión fue visible en operaciones envejecidas y proyectos estructurales ralentizados, erosionando su capacidad productiva justo cuando el mundo empezaba a entender el valor geopolítico del cobre en la transición energética.

Hoy, sin embargo, Codelco parece haberse reencontrado con su propósito. La apuesta por modernizar sus faenas, recuperar niveles de producción y avanzar en estándares ambientales y tecnológicos, representa una señal clara de institucionalidad resiliente. No se trata de reaccionar al vaivén del mercado, sino de construir futuro desde una visión estratégica de largo plazo.

Este tipo de decisiones no solo son necesarias, sino valientes. Persistir en la inversión cuando los mercados colapsan, requiere convicción en el valor estructural del cobre como insumo esencial para un mundo electrificado. Implica entender que la ventana de oportunidad no se mide por el precio de hoy, sino por la demanda proyectada a una década, cuando la electrificación del transporte, el almacenamiento energético y la infraestructura verde se conviertan en pilares económicos.

Pero también es una invitación a mirar más allá del número: detrás de esos US$5.600 millones no solo hay camiones, chancadores y túneles, sino personas, capacidades y conocimiento. Hay una oportunidad única para que Codelco se transforme en un modelo de aprendizaje institucional, capaz de incorporar innovación, sostenibilidad y excelencia operacional como ejes estructurales de su nuevo ciclo.

Desde nuestra experiencia en la minería, observamos con atención este momento trascendental. Sabemos que la transformación real de una organización no viene solo de la inversión en activos, sino de la reconstrucción del sentido y la gobernanza que la sostiene. En ese sentido, lo que está en juego no es solo la producción de cobre, sino la revitalización de una empresa estatal que, a pesar de sus crisis, aún puede ser símbolo de capacidad transformadora en Chile.

Persistir, en este contexto, no es resistir: es liderar con visión. Y Codelco, al parecer, ha decidido volver a hacerlo.

El anuncio del plan de acción del Corredor Bioceánico Vial, presentado por el Gobierno es otro eslabón para que las regiones de Antofagasta y Tarapacá dejen de ser simples pasarelas de carga y se conviertan en verdaderos polos de crecimiento económico, logístico y social.

La magnitud del proyecto es innegable: una ruta comercial de 2.400 kilómetros que unirá el Atlántico y el Pacífico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. En teoría, se trata de una autopista de integración latinoamericana, que promete reducir los tiempos de traslado de mercancías en hasta diez días, optimizar el comercio regional y fortalecer nuestra presencia en el eje atlántico. Pero en la práctica, aún quedan demasiados nudos por desatar.

Primero, la infraestructura. Si bien el plan contempla 22 proyectos viales estratégicos, incluyendo mejoras en rutas, accesos portuarios y nuevas obras, persiste la pregunta de si la región está preparada para soportar la carga logística que se avecina.

Segundo, la seguridad. Una iniciativa de esta envergadura no puede soslayar los riesgos asociados. El fortalecimiento de los pasos fronterizos y la dotación de personal de Carabineros y la PDI son aspectos fundamentales, no solo para garantizar un flujo seguro de mercancías, sino para prevenir el uso de estas nuevas rutas por parte del crimen organizado. La apertura comercial debe ir de la mano de un blindaje institucional y operativo que proteja a las comunidades locales.

Tercero, y no menos importante, está la dimensión política del proyecto. Es positivo ver un comité interministerial de alto nivel, así como la participación activa de gobernadores y autoridades locales. Sin embargo, como advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, se requiere transparencia, eficiencia y compromiso con las comunidades.

El Corredor Bioceánico puede ser, una misión de país. Pero para que ese sueño regional no se diluya entre burocracias y promesas, es imprescindible que el Estado y los privados actúen con visión estratégica.