El mismo día en el que un sondeo la instalaba como favorita para las presidenciales de 2027 en su país, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen vio comprometido su futuro político por una condena impuesta por el Tribunal Correccional de París por desvío de fondos del Parlamento Europeo que incluye cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva.
La política, de 56 años, que llevó al partido que heredó de su padre a las cifras más altas en las urnas y lo situó al borde del poder, ve ahora como su carrera puede tocar a su fin por lo inusual de la inhabilitación preventiva a la que ya anunció que apelará.
La única y remota posibilidad que tiene ahora de presentarse a las elecciones es que el nuevo juicio en apelación acabe antes de 2027 y en el mismo sea absuelta o no incluya la inhabilitación preventiva. Algo que los especialistas consideran poco probable.
La inhabilitación con carácter inmediato eclipsó el resto de la pena: cuatro años de cárcel, de los que solo cumplirá dos con arresto domiciliario y un brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa, algo menos de lo que había pedido en su contra la Fiscalía.
Ella misma, que había acudido al Palacio de Justicia para la lectura de la sentencia, lo abandonó visiblemente airada poco antes de escuchar su sentencia, cuando la presidenta del tribunal ya había dicho que le impondría una pena de inhabilitación con aplicación inmediata.
"Decisión política"
Los gestos airados con los que escuchaba a la magistrada dejaban entrever su enfado y, tras hablar con su abogado, abandonó el lugar sin hacer declaraciones y se dirigió a la sede del partido, donde también acudió su delfín, Jordan Bardella, de 29 años, sobre quien previsiblemente ahora reposan las opciones electorales del partido.
Bardella reaccionó en redes sociales afirmando que la condena a su mentora supone "la ejecución" de la democracia francesa, aferrándose al argumento que ha mantenido la defensa de Le Pen, la de que los jueces no pueden privar a once millones de electores de su candidata.
Poco más tarde ella misma, entrevistada por el canal de televisión TF1 Le Pen afirmó que "esta sentencia es política y está destinada a impedir que yo sea elegida presidenta en 2027".
La líder ultraderechista, favorita de los sondeos para la carrera al Elíseo dentro de dos años, consideró muy complejo que pueda concurrir a esos comicios, pero indicó que "hay un pequeño camino".
"No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura", añadió. Y consideró que Bardella "es una apuesta formidable" pero confió en "no tener que utilizarlo antes de lo necesario".
"No estoy apartada de la vida política. Eso solo lo decidirán los electores. No estoy desmoralizada; estoy escandalizada, indignada, pero esos sentimientos pueden ser un motor suplementario para el combate que llevo a cabo por los franceses", insistió.
Reacciones opuestas
El resto de la clase política reaccionó de forma dispersa. Desde la izquierda pidieron que cumpliera su pena como cualquier otro ciudadano, como la líder ecologista, Marine Tondelier, o el izquierdista Manuel Bompard, mientras que otros políticos consideraron que supone una intromisión en la vida democrática del país.
El propio primer ministro, François Bayrou, que hace unos meses escapó de una condena similar en un caso también de financiamiento ilícito con fondos del Parlamento Europeo, evitó valorar la sentencia, pero según sus colaboradores, citados por el diario Le Parisien se mostró "desconcertado" por la decisión judicial.
