La Región de Antofagasta continúa siendo uno de los polos de desarrollo más importantes del norte de Chile, impulsada por su dinámica actividad minera y de servicios. Sin embargo, las cifras consolidadas para 2024 confirman una tendencia en los costos asociados a la delincuencia que se viene observando desde el 2021. Los gastos totales derivados del crimen en el último año superaron los 238,8 millones de dólares, lo que equivale a más de 214 mil millones de pesos (tipo de cambio referencial de $900 por dólar). Estos datos refuerzan la noción de que el llamado "impuesto invisible" que supone la delincuencia afecta de manera transversal a la economía y la sociedad regional.

Al comparar este costo con el Producto Interno Bruto (PIB) estimado para la región en el 2024 -cercano a 34 mil millones de dólares- se desprende que la criminalidad está absorbiendo alrededor del 0,7% del producto regional. Pese a que esta cifra es menor que el promedio latinoamericano (el Banco Interamericano del Desarrollo la sitúa en torno a 3,4% del PIB), supone una merma significativa de recursos que supera la inversión destinada a otras áreas prioritarias como educación, salud o infraestructura.

En el desglose por tipo de delito, los robos con violencia, los hurtos y los homicidios continúan siendo los más onerosos para la región. Según datos basados en el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros- en el 2023 se registraron 11.584 robos con violencia, mientras que en 2024 la cifra cayó a 10.068 (una disminución de 13,1%). Aun así, la factura económica de estos ilícitos sigue siendo elevada, por los costos de reposición y la necesidad de incrementar la seguridad en comercios y empresas.

Respecto a los homicidios, se registraron 44 casos en 2023 y 45 en 2024, incrementando el gasto en investigación policial, procesos judiciales y la pérdida de años de vida productiva de las víctimas. El costo asociado a este delito en la región bordea los 7,5 millones de dólares.

El gasto privado encabeza nuevamente el desembolso total, superando los 116 millones de dólares destinados a vigilancia, guardias, alarmas, seguros y transporte de valores, mientras que el gasto público -conforme la Ley de Presupuesto 2024 y ponderado según la población regional- se aproxima a los 87 millones de dólares. Ello confirma que, pese a iniciativas como Calles Sin Violencia y a la mayor dotación policial, la percepción de inseguridad obliga a reforzar las medidas de protección.

Para las autoridades regionales y el gobierno central, el 2024 se cierra como un año exigente en materia de seguridad. Aunque la coordinación institucional y los incrementos presupuestarios para Carabineros y la PDI han contenido delitos de alta connotación, el panorama general advierte que sin un enfoque integral la tendencia difícilmente se revertirá. En definitiva, reducir la delincuencia es un requisito para el desarrollo económico y el bienestar de Antofagasta.

El crecimiento del sistema de salud primaria en la Región de Antofagasta ha experimentado un aumento significativo en la inscripción de pacientes, con un alza del 14,06% entre 2022 y 2024. Este fenómeno no es casualidad y responde a múltiples factores que deben ser abordados.

Uno de los principales detonantes es la crisis de las isapres, que ha empujado a miles de personas a migrar hacia Fonasa, lo que implica una mayor presión sobre los Centros de Salud Familiar (Cesfam) y consultorios de la región. Además, la alta rotación laboral en la minería genera una demanda fluctuante pero constante en la APS, ya que muchos trabajadores se atienden tanto en sus lugares de origen como en sus destinos laborales. A esto se suma la llegada de migrantes, quienes también dependen en gran medida del sistema público de salud.

Las autoridades han intentado responder a este incremento con medidas como la ampliación de horarios de atención y campañas de refuerzo en temporadas críticas. Sin embargo, la solución estructural pasa por aumentar la inversión en infraestructura y personal. La promesa de construcción de nuevos Cesfam es un paso en la dirección correcta, pero la lentitud en la ejecución de estos proyectos deja en evidencia la brecha entre la planificación y la realidad sanitaria de la región.

Es imperativo que las autoridades aceleren la materialización de los proyectos de nuevos Cesfam y hospitales comunitarios. La salud primaria es la primera línea de atención y, sin una respuesta oportuna, las consecuencias se trasladarán a los hospitales de mayor complejidad, generando un efecto dominó en todo el sistema sanitario.

La expansión de la red de salud pública debe ser una prioridad real y tangible, con financiamiento y plazos concretos. La salud de la comunidad está en juego y la inacción solo agravará el problema.

Para los griegos el averno era un lugar de sufrimiento y castigo. La noche del miércoles 26 de marzo, entre las 23 horas y poco más de la 1.30 de la madrugada, estuve en la Unidad de Emergencia, de Bupa Clínica de Antofagasta, fue una experiencia macabra: personas con crisis de salud, unos retorciéndose de dolor, sufriendo a su suerte, en una sala fría, física y humanamente. Eso parecen las Salas de Emergencia, cuadros dantescos infernales, con enfermos sin atención. Algunos especulaban, que era la forma de eludir la Ley de las Emergencias. Esperamos que la autoridad investigue.

El promedio de espera "en la Unidad de Emergencia" era de tres horas, según la gente. Nadie de la clínica se inmutó ante el sufrimiento de personas que buscaban atención digna y oportuna. Parecía normalizado el dolor y la insensibilidad. Ante la pregunta ¿Qué es lo que pasa? Nadie respondió. Sabemos que en la salud pública esto también es lo cotidiano.

Después de una larga y estéril espera, como muchos otros, decidimos dejar la Clínica. La paradoja es que, a la mañana siguiente, la persona enferma viajó de urgencia a Santiago, directo a la Clínica de la Universidad Católica. En tan solo (10) diez minutos estaba en la camilla, siendo examinada por el equipo médico y fue internada para su plena y digna atención. La pregunta es obvia: ¿Qué justifica esta aberrante diferencia en la calidad de la atención de salud?

Agradezco a los profesionales de la salud que, con humanismo y profesionalismo, dignifican su juramento. Con la misma energía repudio a los administradores responsables de mediocre y miserable gestión. Considero una negligencia criminal la forma como se gestiona la salud de emergencia. Peor aún en la Bupa Clínica Antofagasta, que tanto recursos genera y re-invierte tan poco.

Nadie está libre de una enfermedad o emergencia de salud. No merecemos este trato. Protesto para exigir una atención de salud digna. Miles de personas son tratadas de manera negligente, cuyos reclamos no son escuchados y no pueden irse a Santiago a buscar salud. Pedimos a las autoridades públicas y políticas reaccionar con sensibilidad social y oportunidad. Detener estos abusos, en lo público y privado. ¡Ese es su deber! ¡Que así sea!