La natalidad en Chile ha alcanzado su nivel más bajo en la historia, con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) de 1,16 hijos por mujer en 2023, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Los motivos son diversos y sin duda se requiere una política pública integral. Las medidas pueden ir desde aquellas que incentiven la decisión de las mujeres a ser madres hasta aquellas que ayuden a las que queriéndolo no pueden serlo. Es una realidad que las mujeres están postergando su maternidad y el reloj biológico no espera.
En Chile, más de 250.000 mujeres enfrentan la infertilidad, una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad que afecta la capacidad de formar una familia. Sin embargo, a pesar de su impacto social y personal, la infertilidad sigue sin ser abordada de manera integral en nuestra legislación. Antofagasta no es ajena a esta realidad. En la región durante el año 2023 se inscribieron 6.962 nacimientos, revelando una reducción del 5.7% en comparación con los 7.384 nacimientos registrados en 2022.
Por esta razón, junto a mis colegas senadoras, hemos solicitado al Presidente Gabriel Boric que patrocine la creación de una Ley Integral sobre Infertilidad. Esta iniciativa busca garantizar el acceso equitativo a la medicina reproductiva y abordar de manera efectiva la crisis de natalidad en Chile. No se trata solo de una demanda de salud, sino de un avance en igualdad de oportunidades, permitiendo que formar una familia no dependa del nivel socioeconómico de las personas. Una Ley Integral sobre Infertilidad debe incorporar aspectos clave como el acceso a técnicas de reproducción asistida (TRA), incluyendo la criopreservación y la ovodonación, regular tanto las prácticas altruistas como comerciales, y asegurar el financiamiento público y privado para los tratamientos de fertilidad. Además, es fundamental proteger los derechos de las personas nacidas y de las familias que han crecido mediante estas técnicas, siempre bajo el principio del interés superior del niño.
Nuestra propuesta también busca armonizar las distintas normativas en discusión. En un contexto donde se debate la prohibición del vientre de alquiler y la transferencia de óvulos con fines reproductivos, insistimos en que estos temas no pueden ser tratados de manera aislada. Es imprescindible avanzar hacia una normativa integral que brinde certezas legales y garantice derechos fundamentales a quienes luchan contra la infertilidad.
Sabemos que no partimos de cero. La carta enviada al Presidente destaca el valioso trabajo de expertos y organizaciones, como el doctor Fernando Zegers y su proyecto de regulación de procedimientos médicamente asistidos, la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva liderada por los doctores Ricardo Pommer y Anibal Scarella y la fundación Fënn. Estos aportes serán la base de un proyecto de ley sólido, urgente y necesario.
El compromiso de las 13 senadoras en ejercicio, de diversas tendencias políticas, refleja la urgencia de esta ley. Es hora de priorizar esta materia en la agenda legislativa, no solo para responder a las necesidades actuales, sino para construir un futuro más equitativo y sostenible. Esperamos contar con el apoyo del gobierno, especialmente en aquellos aspectos que requieren su patrocinio para avanzar con celeridad.
Enfrentar la infertilidad con un enfoque integral y en línea con los estándares internacionales no es solo una necesidad, es una deuda pendiente con miles de familias en Antofagasta y en todo Chile, que merecen el derecho de soñar y construir su hogar en igualdad de condiciones.