Canadá empezó a aplicar una nueva ronda de aranceles a productos estadounidenses. Eso, en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump, de imponer gravámenes del 25% a sus importaciones de acero y aluminio.

Los aranceles afectan a 29.800 millones de dólares canadienses (20.700 millones de dólares estadounidenses) de productos procedentes de Estados Unidos: 12.600 millones de importaciones de acero, 3.000 millones de aluminio y el resto a productos como herramientas, ordenadores, equipos deportivos y productos de estampado de hierro.

Según el gobierno de Canadá, los aranceles que la Administración de Trump impuso al acero y aluminio canadiense violan el tratado de libre comercio de Norteamérica, conocido como T-MEC, así como las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por lo que ha dado pasos para iniciar procesos ante las dos instancias.

Este jueves, el ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, advirtió que ha ordenado a su ministerio que de prioridad financiera "a proyectos que usen predominantemente acero y aluminio canadienses".

Precisamente Champagne viajó este jueves a Washington junto con el ministro de Finanzas canadiense, Dominic LeBlanc, y el jefe del gobierno provincial de Ontario, Doug Ford, para mantener conversaciones con el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, en un intento de rebajar la tensión entre los dos países.

El viaje de la delegación canadiense a Washington se produce después de que Ontario decidiese suspender la anunciada subida de precio del 25% de la electricidad que exporta a 1,5 millones de hogares de EE.UU.

El Gobierno de Javier Milei reivindicó este jueves la represión policial para disolver una movilización de apoyo a los jubilados y aseguró que la protesta, en la que hubo más de 100 detenidos y cerca de cincuenta heridos, constituyó un intento de desestabilización del Ejecutivo.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, calificó lo sucedido este miércoles en los alrededores de la sede del Parlamento como una situación de "extremísima gravedad", con manifestantes que tenían armas blancas y de fuego preparados para "generar violencia".

En una rueda de prensa, Bullrich alegó que por esto "se tomó la decisión de comenzar a dispersar a los violentos desde el primer momento".

"Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado", advirtió Bullrich, para quien el operativo policial fue "adecuado".

En la movilización participaron sindicatos, organizaciones sociales y aficionados del fútbol, los llamados barrabravas, en solidaridad con los jubilados que cada miércoles reclaman ante el Congreso una actualización en sus pensiones.

Las fuerzas de seguridad federales y la policía de la capital argentina cargaron contra los manifestantes para dispersar la protesta, con un saldo de 46 heridos y 124 detenidos.

En ese contexto, Bullrich dijo que pedirá la expulsión inmediata de Argentina de un mexicano y una peruana detenidos durante la marcha.

También anunció que el Ejecutivo de Milei y el Gobierno capitalino presentarán una denuncia penal conjunta contra los detenidos "por sedición, por ir contra las fuerzas de seguridad y por atentado y resistencia a la autoridad".

Bullrich señaló a Leandro Caprioti, hincha del club de fútbol Chacarita Juniors, como "máximo organizador" de la marcha, a la que, según aseguró la ministra, se plegaron hinchadas de otros clubes.

La organización civil Amnistía Internacional (AI) urgió ayer al Gobierno de México a investigar el hallazgo de fosas y crematorios clandestinos en los estados de Jalisco (oeste) y Tamaulipas (norte), en un país donde diariamente desaparecen alrededor de 30 personas.

La directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares Ferreto, hizo un llamado al Estado mexicano a "esclarecer los hechos y a disponer de los recursos necesarios para ello, así como a dar un trato digno y adecuado a las personas que, tras las imágenes difundidas del hallazgo, han advertido que reconocen prendas que portaban sus familiares que han desaparecido".

Colectivos de búsqueda de desaparecidos en México han localizado en los últimos días varias fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, atribuidos al crimen organizado, con cientos de prendas de vestir y zapatos, entre otros hallazgos.

"estado ausente"

"En el marco de esta terrible tragedia, desde Amnistía Internacional instamos al Estado mexicano a que abra el diálogo con las personas buscadoras, que escuche sus necesidades y reconozca su experiencia, adquirida en el trabajo de campo durante tantos años de realizarlo", expuso Olivares Ferreto, en un comunicado.

Asimismo, advirtió que "el Estado mexicano ha sido el gran ausente en el problema de la desaparición forzada en México", lo que ha derivado en la existencia de colectivos de personas buscadoras, mayormente integrados por mujeres, que han logrado ubicar a centenares de cuerpos de personas desaparecidas.

"El Estado no puede eludir su obligación de reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, que llevan a cabo su labor con gran dignidad y debe proporcionarles las garantías para que lo sigan realizando", zanjó Olivares Ferreto.

La ONG alertó además que en México desaparecen alrededor de 30 personas diariamente, de acuerdo con los datos del propio gobierno.

Señaló que según del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 1950 al 10 de marzo de 2025 hay 122.821 personas desaparecidas o no localizadas en el país, con un crecimiento exponencial a partir de 2006, cuando comenzó la llamada "guerra contra el narcotráfico" del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Responde sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió investigar el hallazgo de fosas y crematorios clandestinos atribuido a uno de los carteles del narcotráfico, antes de sacar conclusiones.

Este caso y la investigación fue asumida por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, informó este miércoles el actual gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus.

"Tenemos que hacer una investigación de qué hay en el predio. Una vez que se tenga esa información, entonces sí sacar todas las carpetas de investigación que correspondan antes de avanzar en las conclusiones", dijo la mandataria.

La gobernante mexicana recordó que la Fiscalía estatal quedó a cargo del inmueble, luego de un operativo realizado en septiembre del año pasado y ahora se debe determinar qué se encontró en el lugar y qué fue lo que ocurrió.