"No hablamos de un lujo, estamos hablando de una necesidad, de una necesidad que posiciona a Chile en el número 14 como país de mayor riesgo hídrico del mundo", advierte Cristina Pardo de Vera, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), agrupación gremial que reúne a más de 80 empresas, y cuyo propósito, explica su representante, es "avanzar en la adaptación de Chile al cambio climático, a través del desarrollo de puentes no convencionales de agua".

La también CEO de R&Q Concesiones e Infraestructura recalca que "el cambio climático nos vaticina que cada vez va a llover menos, o lo va a hacer con muchísima más virulencia. Entonces, Chile se tiene que adaptar a esta situación climática, y tenemos que garantizar fuentes de agua, llueva o no llueva".

El avance

¿Cómo avanza esta industria? Según un catastro efectuado por Acades y la Corporación de Bienes de Capital (CBC), el sector de fuentes hídricas no convencionales ha crecido en los últimos años. Principalmente, señala Pardo, esto ha sido impulsado por la necesidad de seguridad hídrica en sectores clave como la minería, la industria y el consumo humano.

Específicamente, el catastro indica que en el país hay 24 plantas desaladoras de tamaño industrial, con una capacidad total superior a 10.500 litros por segundo. Además, hay 34 proyectos en distintas etapas de desarrollo, con una inversión total estimada de USD$19.054 millones, con lo que se pretende alcanzar a una capacidad de más de 38 mil litros por segundo en los próximos años, cuatriplicando la capacidad actual.

La mayor concentración de iniciativas de inversión actuales y futuros está en la macrozona norte, señalan los datos del conteo. Justamente, Antofagasta lidera la capacidad instalada con 12 proyectos, lo que se traduce en 21.304 litros por segundo y una inversión de US$8.996 millones.

De estos, destacan dos megaproyectos próximos a entrar en operación: la planta desaladora Antofagasta Distrito Norte de Codelco, en Antofagasta, proyecto de carácter minero; y la ampliación de la planta desaladora Antofagasta de Aguas Antofagasta Grupo EPM, con fines de consumo humano.

Pardo establece que Antofagasta tiene un protagonismo esencial en la industria hídrica no convencional, dado a su "experiencia y tecnología acumulada, y el esfuerzo que han hecho las grandes mineras para dejar de depender de fuentes continentales, y así liberar recursos hídricos para otros usos. Esto ha sido el más relevante en el país, y yo diría que uno de los más relevantes en el mundo".

Obstáculos

"Ahora hablemos de la parte menos positiva. La parte que está ralentizando en la ejecución de la inversión", dice la también la economista y máster en Dirección de Infraestructuras. Según explica, poner en marcha una nueva planta desaladora puede tardar hasta 10 años, a raíz de la tramitología para conseguir los permisos de funcionamiento.

"Las dificultades que se atraviesan son complejidades que atrasan la resolución de calificación ambiental, que es esencialmente una amenaza de judicialización, que es lo que está pasando con muchos proyectos", dice Pardo. A esto, también añade que "hay hasta 43 organismos públicos competentes en materia hídrica. Eso hace muy engorroso el procedimiento y se convierte en un laberinto burocrático".

"Hay iniciativas impulsadas por el legislativo, que apuntan a simplificar y acelerar los plazos, y siempre son positivas... No obstante, creemos que no van en el camino correcto. O sea, ninguno de los tres proyectos, ni el de evaluación ambiental, ni el sistema inteligente de permisos, ni la ley de administración de borde costero y concisiones marítimas, apuntan a cortar los tiempos a una cuarta parte, como se había planteado", advierte.

Otra problemática es el costo del agua desalada. Si bien el costo de producción puede ser competitivo respecto de otras fuentes, el transporte y elevación pueden incrementar significativamente el precio final. Por lo mismo, la experta puntualiza que se requiere optimizar la distribución del agua desalada, y generar economías de escala en su transporte con redes de abastecimiento compartidas, que viabilicen el uso de agua desalada para consumidores de distintos tamaños y actividades.

Soluciones

La vicepresidenta de Acades, "proponemos es eliminar los permisos redundantes, acortar procedimientos, simplificar la regulación, y aumentar mucho la certidumbre o seguridad jurídica sobre los proyectos".

"Siempre estamos muy abiertos al diálogo con las administraciones públicas, la academia y la sociedad, porque este desafío hay que hacerlo conjuntamente entre el Estado, la academia, sociedad civil y empresas", comenta. En ese contexto, precisa que como gremio se plantea la revisión de iniciativas legislativas desde el foco de la seguridad jurídica, para que las reglas sean claras para invertir. "Ningún inversor pretende saltarse ningún estándar en términos ambientales o en términos comunitarios. Lo que pretenden los inversores, a la hora de seleccionar el país donde desarrolla la infraestructura, es tener un marco jurídico claro", asegura.

Entre otras medidas propuestas por el sector están contar con un marco regulatorio integral que no se superponga a permisos sectoriales o procedimientos ya existentes, y los simplifique, acortando plazos y otorgando seguridad jurídica. En esa línea, también apuntan a tener una "ventanilla única", reduciendo las más de 40 instituciones que intervienen en los permisos a un solo coordinador interministerial.

"Ningún inversor pretende saltarse ningún estándar en términos ambientales o en términos comunitarios. Lo que pretenden los inversores, a la hora de seleccionar el país donde desarrolla la infraestructura, es tener un marco jurídico claro".

Cristina Pardo de Vera, Vicepresidenta de Acades

US$8.996 millones de inversión en industria hídrica no convencional hay en la Región de Antofagasta.

43 instituciones públicas intervienen en la evaluación de un proyecto hídrico, dice la representante gremial, retrasando hasta 10 años la entrada en operación.