Nuestra Región de Antofagasta es reconocida a nivel mundial como un pilar fundamental del desarrollo económico de Chile por su riqueza minera. Esta frase, que hemos leído y escuchado, desde tiempos muy remotos, implica una actividad que genera empleo y aporta significativamente al Producto Interno Bruto.
Pero vamos más allá. Porque la actividad de la minería también hay que mirarla a escala humana, social, de convivencia, ya que presenta retos sustantivos en su vinculación con las comunidades locales. Ahí está el desafío. Porque no se trata de un tema de responsabilidad social corporativa, sino que de una cuestión de sostenibilidad e incluso justicia territorial.
Históricamente, la minería ha sido vista como una actividad extractiva con poca consideración por las dinámicas sociales y culturales de las comunidades cercanas. A menudo, las localidades donde se desarrollan estas operaciones enfrentan impactos negativos, como la sobreexplotación de los recursos hídricos, la contaminación del aire y la degradación del suelo.
Pero además, y no me cansaré de repetirlo, la actividad minera tiene que hacerse cargo de otra serie de externalidades negativas que genera, como por ejemplo, en el plano de la seguridad pública. En ese tema es imperativo que cree mecanismos para compensar a las comunidades, con contribuciones concretas a programas y políticas de largo alcance, y de esta forma aumentar la inversión en tecnología y capital humano para suplir esa prioridad ciudadana.
Junto con lo anterior, son imprescindibles los aportes en la construcción y mejoramiento de espacios públicos y de caminos. Sería tapar el sol con un dedo, desconocer que mucho del bienestar de la región, pasa por subir los estándares en estos rubros puesto que impactan directamente en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.
Entonces, es fundamental en estos tiempos, enrielar la relación entre la minería y las comunidades desde una óptica de cooperación y participación activa.
En primer lugar, las empresas deben entender que su éxito a largo plazo está indefectiblemente ligado al bienestar de las comunidades. Esto implica adoptar un enfoque de desarrollo sostenible que priorice el uso responsable de los recursos naturales y minimice los impactos ambientales.
Por otro lado, es vital promover mecanismos efectivos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Las comunidades deben ser escuchadas no solo al inicio de los proyectos, sino a lo largo de todo su ciclo de vida.
El Estado también tiene un rol indelegable. No puede limitarse a ser un mediador pasivo; debe actuar como un garante del equilibrio entre desarrollo económico y justicia social. Esto significa fortalecer la fiscalización ambiental, asegurar que los recursos generados por la minería se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades y fomentar la inversión en infraestructura, educación y salud en las zonas mineras.
La Región de Antofagasta tiene una oportunidad única para liderar este cambio, convirtiéndose en un referente de sostenibilidad e inclusión. Estoy convencido de que solo a través del diálogo genuino y la colaboración podremos construir un futuro donde la riqueza minera beneficie a todos.
El desafío está planteado: transformemos la minería en una fuerza de integración y desarrollo sostenible, para que Antofagasta sea no solo una región rica en minerales, sino también en calidad de vida y oportunidades para su gente.
