E estos últimos 15 días, la provincia de El Loa fue protagonista de dos importantes noticias: la primera de ellas fue el avance de las obras del punto de control carretero que se emplaza en el kilómetro 103 de la doble calzada que une Calama con Antofagasta y que viene a reponer la antigua garita emplazada frente a Enaex. Es en este punto donde se dispuso de una garita provisoria para el trabajo de las y los funcionarios de Carabineros, el cual ha dado buenos frutos, puesto que se han decomisado 864 kilos de drogas solo en lo que va del año y ahora ya se trabaja en una solución definitiva.

Mientras que, también durante esta semana, conocimos los avances del Cuartel de Especialidades de Carabineros, el cual albergará la tan anhelada Sección de Investigación de Tránsito (SIAT) de la provincia de El Loa, instalaciones cedidas a Carabineros por parte de Codelco, misma empresa que invirtió cerca de $300 millones para habilitar la infraestructura.

Con estas acciones damos cuenta del cumplimiento a los compromisos presidenciales y la agenda de seguridad que impulsa nuestro Gobierno, avanzamos para concretar. Esto, porque si detallamos los porcentajes que llevan las obras, podemos decir que el cuartel que albergará la SIAT lleva un 50% y el punto de control carretero un 25%.

Y es que no nos cansaremos de decir que, con gestión y trabajo coordinado, se pueden lograr alianzas público-privadas virtuosas como la establecida entre la Delegación Presidencial Provincial de El Loa y Proloa, con el objetivo de reunir los fondos para habilitar la SIAT. En este trabajo podemos ver que la Delegación El Loa convocó y las distintas instituciones atendieron el llamado en pro de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la provincia El Loa y sobre todo darle respuesta rápida a sus demandas.

Es así como Codelco cedió el espacio y lo remodeló, Carabineros dispuso del personal y Proloa se encargará de recaudar los fondos para habilitar y equipar la SIAT.

No obstante, no sólo de seguridad nos hemos preocupado, ya que como Gobierno avanzamos paralelamente en iniciativas tales como el centro Oncológico, la sede Calama de la Universidad de Antofagasta, ambos compromisos del Presidente Gabriel Boric.

Además, trabajamos en la búsqueda de soluciones para dotar de servicios básicos permanentes a las comunidades de Alto Loa y Atacama La Grande. Eso, sin dejar de mencionar que se proyectan nuevas postas rurales para dichos sectores.

En términos de seguridad, se trabaja para iniciar prontamente los trabajos de reposición de la Primera Comisaría de Calama y la reactivación de obras que quedaron abandonadas en administraciones pasadas, tales como la Tenencia de Ollagüe y el Cesfam con SAR que se emplaza en el poniente de Calama.

De esta manera, cumplimos con Chile, cumplimos con la provincia de El Loa.

Miguel Ballesteros,

delegado presidencial provincial de El Loa

Hoy se desarrollará la segunda vuelta para elegir al próximo gobernador regional en la Región de Antofagasta, un proceso difícil, complejo y tenso, que esperemos será resuelto de la mejor manera y por el camino democrático.

La creación de los gobernadores regionales en Chile marcó un hito hacia la descentralización, pero ¿qué tan real es este avance? Aunque estos líderes son la máxima autoridad política de sus regiones, su poder sigue limitado por estructuras centralistas que obstaculizan su autonomía.

El principal escollo radica en la coexistencia con los delegados presidenciales, quienes, como representantes del Ejecutivo, controlan áreas clave como la seguridad. Esta dualidad genera tensiones y limita la capacidad de los gobernadores para liderar de manera efectiva. Además, la transferencia de competencias, aunque prevista en la ley, avanza con lentitud, dejando a los gobernadores con funciones más administrativas que estratégicas.

A pesar de esto, el potencial es enorme. Las regiones enfrentan desafíos únicos que requieren soluciones locales. Sin embargo, para que esta figura sea efectiva, es crucial avanzar en cuatro áreas: transferir competencias de manera real, redefinir el rol del delegado presidencial, aumentar los recursos asignados a las regiones y fomentar un cambio cultural que valore la autonomía territorial.

La descentralización no puede quedarse en el discurso; requiere acciones concretas que empoderen a las regiones. Sin estas reformas, los gobernadores seguirán siendo figuras simbólicas, sin el poder necesario para liderar el desarrollo de sus comunidades. ¿Estamos listos para un verdadero cambio?

Por último, hacemos un llamado a la participación de todos y todas, proceso que debe desarrollarse en conciencia y de manera informada.

Hoy, en medio de una elección de gobernadores marcada por tensiones, es oportuno reflexionar sobre la evolución de los gobiernos regionales. Tras las reformas implementadas a partir del año 2018, debemos analizar el impacto real de esta nueva institucionalidad y los desafíos que enfrenta para responder a las necesidades de una región diversa y rica en recursos naturales.

La primera elección directa de gobernadores regionales en 2021 representó un avance significativo en la descentralización política del país. Por primera vez, las autoridades regionales cuentan con un mandato democrático directo, lo que debería traducirse en una gestión más cercana y alineada con las demandas locales. Sin embargo, la transición desde las antiguas intendencias ha estado marcada por obstáculos.

A pesar de la legitimidad otorgada por las urnas, los gobiernos regionales han encontrado limitaciones estructurales que dificultan su capacidad de gestión. Según datos del Ministerio de Hacienda, administran solo el 15, 6 % del presupuesto público nacional, lo que restringe su capacidad para implementar proyectos de impacto. Además, la transferencia de competencias desde el nivel central ha sido lenta y parcial. Junto con aquello, el exiguo 0,44% de los funcionarios públicos que se desempeñan en los gobiernos regionales, dificulta avanzar en materia de descentralización, política, fiscal y administrativa a escala regional.

Esta realidad es especialmente crítica en Antofagasta, una región que aporta más del 54% de las exportaciones mineras de Chile y tiene el potencial de diversificar su economía hacia las energías renovables, la astronomía , los recursos marinos y el turismo. La falta de autonomía impide aprovechar plenamente estas oportunidades.

Si continuamos al ritmo actual, es probable que los gobiernos regionales tarden décadas en alcanzar la madurez y experiencia necesarias para enfrentar los desafíos de Antofagasta. La historia muestra que las reformas institucionales en Chile avanzan con lentitud. La elección directa de gobernadores tardó 27 años en concretarse desde la creación de los gobiernos regionales en 1991. Con un Congreso fragmentado y falta de consensos, esperar por nuevas reformas no es viable a corto plazo.

Ante esta situación, es imperativo que los gobiernos regionales busquen alternativas para superar sus limitaciones y responder eficazmente a las demandas ciudadanas. Esto implica fortalecer la profesionalización del personal y prácticas modernas; fomentar la participación ciudadana y la transparencia para legitimar acciones y captar necesidades; establecer alianzas estratégicas con municipios, universidades y el sector privado para potenciar recursos; y adoptar la innovación y la tecnología para optimizar procesos y promover la diversificación económica.

No podemos ignorar que Antofagasta enfrenta desafíos en inseguridad, déficit habitacional, escasez hídrica y necesidad de infraestructura. Abordar estos problemas requiere de gobiernos regionales empoderados y capaces de liderar proyectos de envergadura. No podemos permitir que la falta de voluntad política del centro siga retrasando el desarrollo. Es momento de que los gobiernos regionales asuman un rol proactivo, aprovechando al máximo las herramientas disponibles y buscando nuevas formas de superar las limitaciones.