Los funcionarios de Atención Primaria de Salud (APS) en todo el país enfrentan una creciente ola de violencia. Datos proporcionados por el Ministerio de Salud a The Clinic revelan que este año se han registrado más de 7.000 incidentes, más que todo en 2023.

La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para la población en general, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país y ya son 7 mil en este 2024, de los cuales Antofagasta lidera los ataques con 230 casos.

Esto representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos debido a la pandemia de coronavirus.

En el contexto de la violencia que se ha reportado en algunos centros de salud, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha señalado que se evalúa tener vigilantes armados, como los que tienen los bancos.

En 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones.

El personal de Salud cumple un rol fundamental en todo el entramado nacional. Que estén padeciendo estas dificultades es tan inaceptable como increíble.

De cara a las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre, donde se definirán los nuevos liderazgos, es fundamental reflexionar acerca de la representación de las mujeres, pues con un 39% de candidaturas femeninas aceptadas por el Servicio Electoral, la cifra, aunque alentadora, está aún lejos de alcanzar la paridad que tanto anhelamos.

Este porcentaje incluye a tres mujeres que egresaron este año de la Escuela de Líderes Políticas y Sociales del SernamEG. Sus presencias es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos culturales que persisten, cada paso hacia la inclusión es un avance significativo. La ley 20.840, que establece cuotas de género en el Parlamento, aún no se aplica a todo tipo de elecciones lo que subraya la necesidad de seguir luchando por una representación equitativa en todos los niveles.

Es preocupante que aún existan voces que minimizan la importancia de la perspectiva de género en la gestión pública. La creencia de que no es necesario ser mujer para abordar ciertos temas ignora la realidad de que la desigualdad de género es un factor que permea todas las decisiones. Las mujeres no sólo aportan en capacidad técnica, traen consigo también experiencias y visiones que enriquecen el debate y la toma de decisiones.

Recordemos que Chile ha sido testigo de momentos históricos donde las mujeres jugaron un rol crucial en la construcción política de nuestro país. Desde el derecho al voto, conquistado por nuestras abuelas, hasta la lucha por la recuperación de la democracia en 1990, las mujeres han demostrado que su voz es esencial. Sin embargo, desde 1990 hasta 2010, el feminismo vivió un periodo de silencio que ahora, afortunadamente, ve un renacer.

El Informe de Desarrollo Humano en Chile de este año nos revela que sólo a través de la acción coordinada de las mujeres se pueden lograr avances significativos en temas como los derechos sexuales y reproductivos o en una representación política efectiva. En este contexto, el trabajo de SernamEG es vital en promover la inclusión de mujeres líderes no sólo en el ámbito político-partidista, sino también en aquellos espacios donde se discuten asuntos que nos afectan a todas y todos.

Es imperativo que estas capacidades de diálogo y negociación se ejerzan en los municipios y consejos regionales, donde se pueda incidir en la elaboración de planes y proyectos que reflejen las necesidades de la comunidad en general y las mujeres en particular considerando que somos más del 52% de la población. Solo así podremos construir una sociedad más justa e igualitaria, donde cada voz cuenta y cada decisión refleje la diversidad de nuestra comunidad.

Por ello, les invito a participar activamente en estas elecciones, apoyar a candidaturas que promuevan la equidad de género y exigir que el enfoque de género sea parte integral de la política pública y de esta forma nos comprometamos a perseguir un futuro donde la igualdad sea un ideal y una realidad palpable.