Un exagente de la policía secreta de la extinta República Democrática Alemania (RDA) fue condenado ayer por un tribunal de Berlín a diez años de prisión por el asesinato en 1974 de un ciudadano polaco que pretendía huir hacia el oeste.

El acusado, el ahora octogenario Manfred N., un antiguo oficial de la conocida como Stasi -el acrónimo de policía de seguridad del Estado de la RDA- no declaró en el proceso pero siempre defendió su inocencia a través de su abogada.

Sin embargo, la Audiencia Territorial de Berlín le halló culpable de asesinato -crimen que en Alemania no prescribe nunca- en un caso con tintes de novela que había permanecido sin resolver durante cinco décadas.

La víctima fue Czeslaw Kukuczka, un bombero polaco de 38 años que acudió a la embajada polaca en Berlín oriental para reclamar documentos que le permitieran viajar al oeste, bajo la amenaza falsa de que llevaba explosivos en su maletín.

La Stasi, alertada por la embajada, decidió que lo mejor sería seguirle inicialmente el juego a Kukuczka, que recibió los documentos y fue escoltado después al famoso paso fronterizo de la estación de tren de Friedrichstrasse.

Allí, se le permitió atravesar todos los controles de salida y, en el momento en el que el polaco recorría los últimos pasos antes de tomar un tren hacia el oeste, fue abatido con varios tiros por la espalda.

En el proceso declararon como testigos dos alumnas adolescentes de Berlín occidental que realizaban ese día una excursión escolar y abandonaban el oeste en el momento de los hechos.

Las dos recordaron cómo de repente un hombre de abrigo y lentes oscuros apareció con una pistola en la mano en el momento y disparó contra Kukuczka cuando este dejaba atrás el último control de seguridad.

En los 50 años transcurridos se habían producido varios intentos infructuosos de juzgar el caso, pero en 2016 aparecieron nuevos documentos de la Stasi, probablemente como parte de las labores de reconstrucción de las actas destruidas durante la reunificación.

Entre estos, se cuenta un informe sobre la operación y el papel en ella de Manfred N.

"El camarada teniente N. resolvió la tarea con prudencia, valor y decisión y pudo neutralizar al terrorista a través del uso de su arma de fuego", indica el documento.

Inicialmente la fiscalía supuso que se trataba de un homicidio ya prescrito, pero en base a las nuevas pruebas, presentó en 2023 una acusación por asesinato con alevosía.

La sentencia todavía puede ser apelada.

Los sectores sociales afines al expresidente de Bolivia Evo Morales instalaron ayer al menos tres puntos de bloqueo en carreteras del centro del país en defensa del también líder del oficialismo ante la citación para que declare ante la Fiscalía por un caso de presunta trata de personas y estupro.

Las organizaciones oficialistas 'evistas' o leales a Morales bloquean en dos lugares de la vía que va desde la región central de Cochabamba hacia la oriental Santa Cruz e instalaron otro punto de bloqueo en la ruta antigua entre ambos departamentos, según el primer reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Más temprano también intentaron bloquear en la carretera desde Cochabamba hacia el occidente del país, cerca de la localidad de Parotani, pero la Policía dispersó a los manifestantes y permanece en el lugar para impedir que se instale la medida de presión.

El Ministerio Público de Bolivia investiga a Morales por los posibles delitos de "trata de personas" y "estupro" con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

El exgobernante tenía que declarar el viernes ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos, sin embargo no acudió y su defensa presentó una excusa legal.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se emitiría una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar, aunque por ahora no fue ejecutada y se desconoce si el documento fue emitido.

Desde que el Ministerio Público le advirtió con la orden de captura, Morales no ha salido del centro del país y sus seguidores vigilan los ingresos a la zona del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, y también la sede de las seis federaciones de cocaleros, organización liderada por el exmandatario.

"no tenemos miedo"

En una publicación en la red social X, Morales, que preside el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), acusó al Gobierno de Luis Arce de haber construido "una ruta judicial y violenta para acabar con el proceso de cambio", como llaman los oficialistas a los gobiernos de ese partido.

Según el exgobernante, los sectores 'arcistas' o afines a Arce, "a través de sentencias, buscan arrebatarle la sigla del MAS-IPSP a los movimientos sociales para proscribir el instrumento" y quieren inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025.

"No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática. Y nuestra candidatura representa la alternativa real que tiene el pueblo boliviano de salir de la crisis, como lo hicimos en 2005", sostuvo.

En una aparente alusión al conflicto con Morales, el presidente Arce reiteró ayer que "a las niñas y a los niños no se toca, son nuestro tesoro", al iniciar el pago de un bono estatal que se entrega anualmente a los escolares.

Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones de 2025.

Daño a los más pobres

El cierre de esta edición, el Gobierno de Arce, lamentó a través del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, que Morales no haya asistido a una convocatoria para dialogar y afirmó que ese era "un escenario importante" para conversar sobre la situación económica del país, que es una de las causas de la protesta de los afines al expresidente.

"El ala radical 'evista' dice que defiende siempre la economía del pueblo, pero estos bloqueos afectan más a la gente del pueblo, a aquellos que no tienen los recursos ni ingresos medios o bajos", afirmó.

Montenegro alertó que como efecto de los bloqueos se podrían encarecer productos como el tomate, la papa, azúcar, pollo, huevos y los pasajes para viajes interprovinciales.

"¿Quién se hace cargo de este incremento? ¿Acaso eso no golpea la economía popular? ¿Acaso no le golpea al de menos recursos?", cuestionó.

Más temprano, la Fiscalía General de Bolivia pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra el expresidente, informó uno de los denunciantes, quien junto a otra exparlamentaria, Yesenia Yarhui, presentó ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una solicitud para evitar una posible fuga, para que se abra una investigación contra Morales en seis casos y para "asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales".