Con una presentación musical que recorrió melodías nortinas, finalizó el proyecto "Sembrando Raíces" adjudicado por el Fondo Patrimonial de Minera El Abra a la Agrupación Calama Salteña. La iniciativa permitió la compra de instrumentos y trajes típicos para 30 niños y niñas de entre 5 y 15 años que están aprendiendo y difundiendo la música y bailes tradicionales andinos.
"La verdad es que allí (en El Salvador) se han violado (los) derechos humanos. La gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas".
"Nos preocupa mucho porque hemos planteado nosotros todo lo que sea corrupción y todas estas situaciones que se producen hay que investigarlas".
Michelle Bachelet
ExPresidenta de la República
Ricardo Mewes
Presidente de la CPC
Hace unos días se conoció la encuesta del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello. Más de la mitad de los encuestados conoce a alguien que, sin estar enfermo, consiguió una licencia (17%) o compró una licencia (34%).
Lo anterior, unido a la rabia que genera en los trabajadores honestos ver a diario estos abusos, sugiere habilitar un número telefónico de denuncias anónimas sobre licencias falsas o dudosas para facilitar que Fonasa y las isapres investiguen a fondo esta cuantiosa sangría de recursos que cada vez más inescrupulosos ocasionan al país, afectando a todos los chilenos. Las llamadas no deberían ir dirigidas a cualquier parte, sino a grupos seleccionados que las deriven a auditores médicos para su investigación en profundidad.
José Luis Hernández Vidal
Después de todo lo que se ha filtrado, revelado e investigado hasta la fecha con relación a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿cree usted que hoy día son efectivamente independientes en sus decisiones y acciones?
Hoy sí existen acciones de un poder que influyen en otro, como por ejemplo en la designación de jueces y ministros de corte, generando tratativas entre ellos para lograr un acuerdo político que deje a todas las partes satisfechas.
Además, todo va muy bien en el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, que tienen funciones en materias muy definidas, hasta que se analiza la metodología para designar a cada uno de los miembros de esos órganos, con injerencias de poderes político-partidistas de turno.
Luis Enrique Soler Milla
A propósito de la firma de la declaración conjunta de los gobiernos de Argentina y El Salvador para la lucha contra el crimen organizado transnacional (COT), y más allá de su tono represivo, muestra una voluntad política de enfrentar el tema.
Asimismo, cabe llamar la atención sobre algunos aspectos que aborda el acuerdo y que en nuestro país parece que hemos olvidado. El primer principio postula la necesidad del control territorial por parte del Estado, el que lamentablemente estamos perdiendo en diversas zonas del país y de la Región Metropolitana, como los casos de grandes bandas operando en Melipilla, los homicidios en la Pintana o Cerro Navia, las balaceras en La Vega o los cadáveres en la vía pública, donde el denominador común es la ausencia del Estado en general y de las policías en particular.
El control territorial se recupera con inteligencia estratégica y operativo/logística no sólo de las policías, sino de todo el aparato del Estado, contando con recursos y competencias para hacerlo. Sin embargo, estamos insistiendo en programas como Calles sin Violencia, que muestran magros resultados.
Nuestro Estado opera de manera ineficiente y desarticulada en su lucha contra el COT. Necesitamos un acuerdo político institucional amplio que vaya más allá de este gobierno y que muestre voluntad política en hacerse cargo de la principal preocupación que hoy tenemos todos los chilenos.
Eric Latorre
A pocos días de cumplirse un año más del llamado por algunos estallido social y para otros estallido delincuencial, aún no se ha reconocido que este hecho fue organizado y planificado previamente. ¿Por quiénes? Creo que no lo sabremos porque hay muchos intereses creados. Lo que sí tenemos claro es que produjo una gran polarización y politización ciudadana, crisis institucional, desorden, caos y violencia extrema de grupos que sólo querían la destrucción del país.
Estuvo en riesgo el Estado de derecho y el gobierno de Sebastián Piñera se vio inmerso en una gran encrucijada al no hacer valer las herramientas otorgadas por la Constitución para restablecer el orden y la seguridad de los ciudadanos, como asimismo proteger la infraestructura pública y privada en todas las ciudades del país, todo lo cual permitió que la delincuencia, el lumpen y grupos de izquierda radicales hicieran de las suyas, logrando lo que todos ya sabemos.
Ahondar más sobre este acontecimiento ya no vale la pena, el daño social ha sido irreparable. La delincuencia, apoyada por el narcotráfico, sacó el mayor beneficio de este estallido, lo que se traduce en mantener hoy al país viviendo en la inseguridad total, con una acción delictual desbordada.
Pero el tema de la seguridad de los chilenos honestos en la mayoría de las comunas del país no les interesa, al parecer, a políticos, parlamentarios ni menos al Gobierno. Este 18 de octubre celebrarán el descalabro social que dejaron y la nueva forma de vivir de la mayoría de los chilenos, con delincuentes, narcos y anarquistas libres por las calles, sembrando el terror y miedo, mientras el resto de los ciudadanos honestos permanecen encarcelados en sus propias casas y sin saber qué les puede pasar en la calle, en un bus, en un local comercial o en su vehículo particular.
Ojalá que los millones de personas que se congregaron por justas causas sociales -aún pendientes- y no por cuestiones políticas, lo hagan nuevamente pero pidiendo por la seguridad de los chilenos y que el Gobierno se haga cargo del derecho a vivir en paz y en un medio libre de violencia (Art.19, numeral 32, de la Constitución Política de Chile).
Leopoldo Vásquez Morales