Se ha conocido esta semana que Marcela Cubillos, candidata a alcaldesa por Las Condes ganó por cuatro años un sueldo de $17 millones brutos mensuales. A partir de ello, las interpretaciones son variadas.

Indudablemente se trata de un salario que está fuera de los promedios del mercado, lo que inevitablemente lleva a la pregunta si el currículo de la exconstituyente y exministra puede explicarlo. Existiendo docentes con mejor historial y desarrollo, el asunto evidentemente llama la atención.

Por otro lado, la aludida sostuvo que una empresa privada -en este caso, la Universidad San Sebastián- puede pagar lo que estime conveniente, lo que es otro asunto que también puede ponerse en duda, considerando que buena parte del presupuesto de esa casa de estudios está construido sobre los recursos estatales que actúan como subsidio para beneficio de alumnos, docencia e investigación, entre otros. Vale decir, no se trata de ingresos exclusivamente privados.

Otro asunto que conviene tener presente es que deberá sincerarse el punto de que muchos personeros políticos tienen cabida en ese plantel, así como en otros del país, tanto de derecha como de izquierda. No se trata de una cuestión ajena considerando la afinidades ideológicas.

El asunto se ha complicado más por las respuestas y la agresividad de la señora Cubillos -casada con Andrés Allamand, quien vive en España- pues se enfrascó en críticas y amenazas en contra del Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior Carolina Tohá e incluso la UDI, su propio sector, aunque ella efectivamente es independiente.

No se trata esta de una cuestión -aparentemente- delictiva, pero cuestionable desde lo ético y lo estético, una palada más sobre la corroída confianza pública sobre las personas e instituciones, cuestión que la aludida no parece entender en absoluto.

La suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo, desarrollado por Colbún en la región de Antofagasta, revela los desafíos estructurales y regulatorios que enfrenta Chile en su transición hacia una matriz energética más limpia y sustentable. Este proyecto, valorado en 1.400 millones de dólares y con una capacidad de 800 MW, prometía generar 1.800 GWh anuales, ofreciendo una solución tecnológica avanzada para el almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, las observaciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), han frenado su desarrollo, poniendo de manifiesto la tensión existente entre la normativa ambiental y la necesidad de fomentar proyectos estratégicos para la sostenibilidad energética del país.

Desde la perspectiva de política pública, este caso resalta un problema central: cómo equilibrar el impulso hacia una transición energética ambiciosa con la rigurosidad de los marcos regulatorios diseñados para proteger el medio ambiente.

El proyecto Paposo se basaba en un sistema de bombeo reversible, utilizando agua desalinizada en un circuito cerrado, lo que lo convertía en la primera iniciativa de este tipo en Latinoamérica. Esta tecnología permite almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla en los picos de consumo, estabilizando la red y permitiendo una mayor inclusión de energías renovables en la matriz energética. Antofagasta, con sus óptimas condiciones solares y eólicas, es el escenario ideal para este tipo de proyectos. Sin embargo, el freno impuesto ha generado incertidumbre para futuros inversionistas en el sector.

El principal problema institucional identificado en este caso es la demora y la complejidad del proceso de evaluación ambiental. Este problema, plantea una cuestión clave en términos de política pública: ¿están los marcos regulatorios preparados para facilitar la transición energética, o representan un obstáculo que podría frenar inversiones cruciales para el desarrollo del país y la región?

El debate no radica en relajar los estándares ambientales, que son fundamentales para el desarrollo sostenible, sino en modernizar la institucionalidad para que pueda responder con mayor eficiencia a la creciente demanda de proyectos en energías limpias. El SEA juega un rol central en garantizar que los proyectos energéticos se desarrollen de manera responsable, pero debe encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la necesidad de avanzar con celeridad en proyectos estratégicos.

En conclusión, Chile y la región de Antofagasta necesitan urgentemente un marco regulatorio más ágil y predecible. El país está en una carrera contra el tiempo para cumplir sus metas de descarbonización al 2050, y la incertidumbre regulatoria puede desincentivar la inversión. La institucionalidad debe evolucionar para acompañar el ritmo de los cambios tecnológicos y las demandas del mercado energético, sin sacrificar el rigor de las evaluaciones ambientales.

Cerramos el mes de septiembre, con una semana exitosa en términos de decomiso de drogas en la provincia de El Loa y con esto queremos recalcar que la pega se está haciendo en todas las líneas de control.

La primera línea es la frontera, donde constantemente, tenemos grandes incautaciones de droga, principalmente de la mano del trabajo investigativo del OS7, así como también del trabajo preventivo de los carabineros fronterizos que patrullan nuestro desierto.

La segunda línea de control son nuestras carreteras, y aquí me quiero detener, ya que hemos dotado a nuestras policías de un nuevo instrumento que permite, no sólo la incautación de droga cuando es trasladada, por ejemplo, en buses interurbanos; sino que con el cambio normativo del decreto que regula los traslados dentro del país, el equipaje obligatoriamente debe ir asociado al nombre de un pasajero, por lo que ahora no solo se encuentra la droga, sino que también a las personas responsables del traslado y, fue durante la semana de Fiestas Patrias, que tuvimos los primeros detenidos gracias a esta nueva herramienta.

Finalmente, tenemos la tercera línea de control que corresponde al área urbana. Bajo esta etapa de acción, el Plan Cuadrante Preventivo decomisó cerca de 20 kilos de marihuana equivalentes a 40 mil dosis que serían comercializadas por las calles de Calama, afectando a los barrios y la calidad de vida de sus habitantes.

Además, este operativo se gestó en las cercanías de un establecimiento educacional y con esto queremos ser enfáticos en precisar que hemos suscrito compromisos con las comunidades educativas de centrar nuestros esfuerzos en los lugares donde se desenvuelven niños, niñas y adolescentes.

Otra arista importante en esta línea de acción, son los allanamientos de viviendas donde se venden drogas y para lograr el desbaratamiento de estas bandas, que tanto daño hacen en los territorios, es importante la denuncia de las y los vecinos. Para ello, pueden hacerlo de forma completamente anónima a través del programa Denuncia Seguro, el cual tiene dos canales: vía online (denuncia seguro.cl) y vía telefónica (*4242).

En conclusión, podemos decir que durante el año 2023 se decomisaron cerca de 3 toneladas de drogas en la provincia de El Loa, cifra que a la fecha ya ha sido superada con creces. Con esto, damos cuenta de que las estrategias aplicadas están dando resultados, claro que aún nos queda mucho por hacer; por ahora los números son decidores, al igual que la tasa de detención de la Primera Comisaria de Calama, que alcanza un 20,2% superando con creces la media nacional de 13,6%.

Miguel Ballesteros,

Delegado presidencial provincial de El Loa