El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta rechazó ayer la reclamación interpuesta por el gobernador regional Ricardo Díaz, luego que el Servicio Electoral (Servel) desestimara la inscripción de su candidatura debido a que la declaración jurada no estuviera suscrita por el declarante, y que la misma, no señalara el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y/o el no estar afecto a las inhabilidades para el cargo.

En la sentencia del TER subrayó que el candidato "no fue diligente al momento de presentar su candidatura".

"Que, de conformidad al mérito de lo anterior, apreciando la prueba como jurado y teniendo presente, además que la declaración jurada notarial acompañada por el reclamante tanto ante el Servel como ante esta magistratura no está íntegra, pues carece de la declaración y firma de estar o no afecto a inhabilidades establecidas en el artículo 84 de la Ley N°19.175, por lo que debe concluirse que el candidato no fue diligente al momento de presentar su candidatura ante dicho servicio, situación que ve agravada por el hecho que no se probó ante el Servel o ante esta magistratura que haya tratado de dar solución a su omisión, en el plazo legal, y que en virtud del principio de igualdad ante la ley, se le debe exigir la misma diligencia que el resto de los ciudadanos, de manera que su reclamación no podrá prosperar", detalla la sentencia.

Esta última agrega que "en nada altera lo anterior el documento acompañado a esta causa, por el Notario Público señor Julio Abasolo Aravena de fecha 12 de agosto del presente año, en aquel da cuenta sólo de argumentos de defensa, no existiendo fundamento legal para que el Ministro de Fe obre de tal forma de conformidad a las normas contenidas en el código orgánico de tribunales".

Por lo anterior, es que "se rechaza la reclamación interpuesta por el abogado José Toro Kemp y Gabriel Osorio Vargas en representación de Ricardo Heriberto Díaz Cortés, en contra de la Resolución O-Nº22, de fecha ocho de agosto de dos mil veinticuatro, de la Directora Regional (S) del Servicio Electoral de la Región de Antofagasta que rechazó su candidatura a gobernador regional por la región de Antofagasta, por el Pacto "Por Chile y sus Regiones", para las próximas elecciones de gobernadores regionales.

La sentencia concluye que "atendido lo expuesto en la sentencia en cuanto a que el Notario Público señor Julio Abasolo Aravena habría excedido sus facultades, póngase los antecedentes en conocimiento del pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, para los fines disciplinarios que correspondiesen".

Apelación al tricel

De esta manera, la carrera por un nuevo periodo a la gobernación se complica para Díaz, restando el camino de la apelación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Algo para lo cual ya se habría preparado el PPD, el cual fichó al abogado Gabriel Osorio (PS), en quien existe confianza al haber logrado que el TER de Valparaíso revirtiera la resolución del Servel, y aceptara la candidatura de Macarena Ripamonti en Viña del Mar.

Durante el fin de semana se había conocido el informe en respuesta del Servel al TER, el cual ratificó el error en la inscripción de Díaz, y expuso dentro de sus argumentos que "(...) no fue factible para el Servicio Electoral identificar la autoría del documento, esto es, establecer indubitadamente que corresponde a una declaración jurada suscrita por un candidato en particular y autorizada por un ministro de fe competente".

Tras conocerse este informe, el gobernador regional Ricardo Díaz indicó a El Mercurio de Antofagasta que la ley dice "que el candidato no tiene que tener inhabilidades para poder postular. En mi caso, yo soy el gobernador en ejercicio, por tanto no tengo una inhabilidades para ejercer el cargo".

En tanto ayer, y antes de conocerse la sentencia del TER, Díaz aseguró estar tranquilo, y que en caso de no ser aceptada la reclamación, apelarían a la instancia superior, que es el Tricel.

"Nosotros vamos a apelar a todas las instancias porque no vamos a dejar a toda la gente que confía en nosotros, no la vamos a dejar sola, vamos a estar con ellos, y con esa fuerza vamos a seguir trabajando", declaró.

La directiva del Colegio de Profesores de Calama, además de solidarizan con los funcionarios que integran la Asociación de Funcionarios del Servicio Local de Educación Local (SLEP) Licancabur, expresaron la preocupación y solicitan que se aclaren las denuncias por una serie de irregulares administrativas como también por hechos que vulneran la dignidad de los trabajadores de la entidad de educación.

El presidente de la organización gremial que agrupa a los docentes en la comuna, Ariel Aguirre, manifestó que "a menos de cinco meses del traspaso -de los establecimientos municipales de las comunas de Calama, San Pedro de Atacama, Ollagüe, María Elena y Tocopilla-, estas situaciones vienen a perturbar aún más un proceso que ya se ha vislumbrado complejo", considerando algunos aspectos críticos que han sido subsanados a la fecha.

"En este escenario solamente nos queda seguir reafirmando que objetivamente todavía no están dadas las condiciones para que la educación municipal sea traspasada al servicio en cuestionamiento, y seguiremos pidiendo la suspensión de este proceso", sentenció al respeto.

Para rematar, que "esperamos que la probidad, transparencia, respeto y debido proceso en las investigaciones que se tienen que dar por los hechos denunciados, sean el pilar fundamental de las autoridades del SLEP Licancabur, de la Dirección de Educación Pública (DEP) y del Ministerio de Educación (Mineduc)".

Cabe señalar, que cuando este medio solicitó una respuesta del principal involucrado en las denuncias, el director ejecutivo del SLEP Licancabur, José Martínez, y dos de sus colaboradores más directos, éste desconoció los hechos, como también las cartas que fueron remitidas a todas las autoridades de educación (Seremi, DEP y Mineduc).