A un año de la aprobación de la nueva Ley de Royalty Minero, que se promulgó en agosto del año pasado y significó un aumento de la carga tributaria de las compañías en un 15% en promedio, la minería ha fortalecido su peso en la economía de nuestro país: actualmente atrae el 17% de la inversión, es responsable del 56% de las exportaciones, genera el 21% del PIB con encadenamiento productivo, representa el 10% de empleo directo e indirecto y contribuye con el 9% de los ingresos fiscales del país.

Para dimensionar los ingresos del Estado provenientes de este nuevo tributo, sólo en el primer trimestre de 2024 se sumaron más de US$53,5 millones, que equivale a un incremento de un 31,1% de ingresos fiscales con respecto a la antigua legislación, los que benefician a 307 comunas a nivel nacional, según datos del Ministerio de Hacienda. Las previsiones indican que en el segundo trimestre se recibieron ingresos adicionales por más de US$58,7 millones.

El dinero llegará este año gracias al mecanismo "Fondos Puente", que se compone por el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, orientado a los gobiernos regionales a través de sus presupuestos de inversión para las comunas; el Fondo de Equidad Territorial, que busca reducir las brechas que existen entre los ingresos de los municipios; y por el Fondo de Comunas Mineras, que está orientado a fomentar beneficios para las comunidades en las 43 zonas de 6 regiones del país donde hay actividad minera.

Como los criterios de estos fondos no son excluyentes, habrá 36 comunas que recibirán recursos por parte de los distintos fondos. Asimismo, como menciona un dictamen emitido por la Contraloría, el mandato para estos recursos es la inversión en el fomento productivo, promoviendo el desarrollo regional y de las comunidades locales. Se trata de muy buenas noticias para el progreso del país.

Dichos recursos, que alcanzarían US$229 millones adicionales en 2024, si se mantiene el ritmo actual, se deberían traducir en diversas mejoras para la calidad de vida de las personas, sea en seguridad, infraestructura, conectividad y, en general, en proyectos que mejoren la calidad de vida y el desarrollo, regional y comunitario, en la forma en que lo determinan los propios destinatarios de los recursos y sus comunidades.

En 2025, en que ya estará en pleno régimen, el royalty podría recaudar US$1.400 millones, de los cuales US$450 millones irán directamente a las comunas.

Pero la minería chilena no sólo es clave para el desarrollo del país, sino también para el mundo. Hoy vivimos tiempos donde Chile es un productor clave de minerales críticos, llamado a ser protagonista en la transición energética mundial y en el combate a los efectos del cambio climático. Los desafíos son múltiples; entre otros, tal como lo señala la Agencia Internacional de Energía, es probable que la demanda de estos minerales, en particular del cobre, exceda con creces la oferta. Incrementar nuestra producción y materializar la cartera de proyectos mineros no sólo parecen ser desafíos clave para el país, sino una responsabilidad global. Sin cobre no hay transición energética exitosa.

Por todo lo anterior, desde la industria, una vez más, invitamos al Gobierno y al Poder Legislativo a redoblar esfuerzos en la materialización de la agenda legislativa y reglamentaria que permita una respuesta más ágil y eficiente a la autorización de proyectos. El sector está comprometido en la ejecución responsable, esto es, con el debido cuidado del medioambiente y respeto de las comunidades. No sólo nos jugamos mayores recursos para el país y sus más de 300 comunas, sino en una decisiva contribución a la transición energética. Chile está en una posición estratégica única como proveedor de minerales críticos, no perdamos esta oportunidad.

Hasta la noche del lunes había unos 25 mil clientes sin electricidad producto de los temporales ocurridos en el centro sur del país durante las pasadas semanas. Ciertamente, cada caso es un drama, pero también es obligatorio dar una mirada algo más macro de lo ocurrido en estas jornadas, para salir de la estridencia y la respuesta de aplauso fácil que suele campear en demasiadas autoridades.

El gran problema es la manifiesta fragilidad que se genera en la institucionalidad del país, cada vez que se enfrenta este tipo de conflictos o dificultades en los servicios privados y públicos.

¿Es razonable que ante una crisis de inmediato aparezcan los llamados a quitar las concesiones o nacionalizar las empresas?

La pregunta tiene distintas derivadas, pero una elemental es ¿si es conveniente que el Estado se haga cargo de cuestiones que los privados desarrollan objetivamente mejor? No, por supuesto que no, mucho más considerando el nivel de inversiones ejecutadas y la experticia conseguida. De modo que tales amenazas pasan a ser bravatas, sin sustento. Meras frases para la galería.

Deberá recordarse que hace algunos meses Aguas Antofagasta -a propósito de los problemas en la desaladora y el correspondiente suministro a clientes- se generó la misma discusión y amenazas.

¿Por qué la discusión se instala en la sanción extrema y no en la corrección de lo que debemos mejorar? Es efectivo que las compañías tienen mucho por superarse, pero revisemos qué es exactamente aquello, es decir, aprendamos de los errores y sancionemos cuando corresponda. Pero lo que es insostenible es andar amenazando y destruyendo gratis la confianza.