El sismo o terremoto de 7,3 ocurrido la noche del jueves y registrado a 43 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama causó una obvia preocupación en la ciudadanía, pues son varios inquietantes análisis realizados por expertos, los que sostienen la inminencia de un terremoto en el Norte Grande del país.

Sabemos que Chile es un país telúrico. En continua modificación, fundamentalmente por la fricción de las capas de Nazca y Sudamericana.

Ante ello, sólo resta seguir trabajando en la elaboración y práctica de protocolos que permitan enfrentar de la mejor forma, situaciones que en efecto ocurren y seguirán sucediendo.

Aún frescos en la memoria están los tristes hechos ocurridos el 27 de febrero de 2010, cuando un terremoto y tsunami afectó la zona centro sur del país provocando graves estragos en las regiones del Maule y Biobío.

Afortunadamente, el cataclismo de aquella ocasión tuvo su momento crítico a las 3:34 horas de la madrugada. Muy distinta hubiera sido la tragedia en una jornada laboral y con niños en horas de clases.

Muchas lecciones deben sacarse. En materia de restricciones y obligaciones para la actividad de la construcción, orden público, autonomía de las autoridades, respuesta de centros de salud, funciones policiales, de las oficinas de Emergencia, comunicaciones, entre otros.

Asimismo, la educación de la población es fundamental para enfrentar estos fenómenos. Debe quedar claro qué hay que hacer en estas situaciones, qué sectores son seguros y qué recomendaciones deben tenerse en cuenta de manera clara.

El rol del Estado es capital para tales efectos. Equipos profesionales, comprometidos y conscientes de su labor pueden entregar calma a una población que en masa actúa de las formas más inesperadas.

La transparencia se ha vuelto un valor absolutamente preciado en los tiempos que corren. Tiempos de desconfianza justificada dados los casos de corrupción y falta de probidad en los más diversos ámbitos con que nos desayunamos a diario. Y de falta de confianza condicionada, como vemos en las redes sociales, donde cualquier buena acción humana -un gesto noble, una donación generosa, un apoyo desinteresado, una iniciativa solidaria- puede ser descalificada desde el rumor, la mala intención, el sarcasmo, la teoría conspirativa.

Malversar fondos, engañar, definitivamente robar, cuando se trata de organizaciones cuya causa es mejorar las condiciones de vida de los más pobres, no sólo es delito, sino que es pecado. Así solía decir una antecesora mía. Y tenía toda la razón, seas o no cristiano, compartas o no la idea religiosa de pecado.

Cómo no va a ser pecado ofrecer cursos de capacitación a jefas de hogar de extrema pobreza y entregar una pantomima de enseñanza. ¿O cuatro baldes con arena para prevenir incendios en campamentos paupérrimos? ¿O distribución de agua en asentamientos precarios más cara que la con que ya contaban? ¿O capacitación a niños para el manejo de la violencia?

Lo que violenta es seguir con los ejemplos.

El 16 de junio de 2023, el medio digital Timeline reveló que en dos meses la fundación Democracia Viva se había adjudicado 426 millones de pesos en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y la bola de nieve, que se destapó en el desierto empezó a rodar desde el norte hasta el sur del país.

¿En qué van las investigaciones a un año y casi un mes del escándalo? ¿Pagarán los pecadores? ¿O el caso seguirá dificultando la tarea de las organizaciones que llevamos décadas trabajando por los más necesitados, dando pruebas concretas de experticia, eficiencia y transparencia?

El impacto que tuvo el caso sobre la imagen de las fundaciones fue parejo. No distinguió entre justos y pecadores. Todos pagamos el pato. ¿Lo positivo? Que los que hacemos bien la pega confirmamos que la transparencia es lo único que nos resguarda de la desconfianza. Que debemos seguir avanzado en prácticas que no permitan ningún rincón de opacidad en nuestra gestión.

En 2012, el Hogar de Cristo solicitó que el Consejo para la Transparencia analizara nuestra manera de operar y nos hiciera recomendaciones para mejorar nuestros estándares de calidad en la materia. Al año, siguiente, fueron puestas en marcha y, desde entonces, las hemos ido cumpliendo a rajatabla y perfeccionando. El Caso Convenios no sirvió para ver que en materia de postulaciones, rendiciones, cumplimiento de plazos, nuestros estándares están a la vanguardia, aunque siempre se puede y se debe seguir mejorando.

La cuenta pública, con la publicación de los datos detallados de toda nuestra gestión en una Memoria Anual, que este 2024 haremos este 11 de julio, forma parte de esos estándares. También la actualización semanal de cómo se han utilizado los recursos obtenidos en la campaña de recursos a favor de los damnificados en los incendios de febrero en los cerros de Viña del Mar.

A un año del escándalo de los Convenios, sirve una frase sabia: lo que no te mata, te fortalece. En el año en que el Hogar de Cristo cumple 80 años, trabajando por y junto a los más pobres de Chile, seguimos contando con la confianza de los chilenos de corazón generoso a los que apeló Alberto Hurtado. Y eso se debe a que hace décadas descubrimos que la transparencia es el gran antídoto contra la desconfianza.