La estrategia de Cobreloa para evitar el castigo de dirigentes
CASO CADETES. El club buscará desacreditar la investigación hecha en la Cámara.
Es el gran problema institucional que sigue poniendo al club en las páginas policiales y que luego de la prisión preventiva de nueve de sus ex cadetes, todos acusados de una violación en masa en una casa de cadetes en septiembre de 2021, ahora resalta por su segunda vía de in vestigación: la civil.
Durante esta semana y tras varios meses de sesiones de trabajo, la Cámara de Diputados, a través de su Comisión Especial Investigadora de Agresiones Sexuales en el Deportes entregó un oficio con resultados y responsabilidades administrativas.
Allí, el escrito final apunta a que se busca sancionar al presidente de la ANFP, Pablo Milad y a cuatro dirigentes de Cobreloa: Luis Fuentes. Luis Vera, Eduardo Ramírez y Marcelo Pérez, aludiendo a "la falta de aplicación del decreto supremo N°22, de 2020, del Ministerio del Deporte, que aprueba protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional".
¿Pero a quién va dirigido ese informe final buscando sanciones de índole administrativo? Será la Comisión Nacional de Arbitraje, un ente autónomo que rige el comportamiento de dirigentes deportivos, tribunales de honor dentro de organizaciones deportivas quien tiene ahora la potestad de definir si es que suspende de sus funciones a tres dirigentes en ejercicio -Milad, Pérez y Ramírez-, si castiga de manera escrita o si en su defecto encarga otras instancias para tener más claridad sobre su potencial fallo.
Cobreloa
Si en el caso de los ex cadetes detenidos -arista penal del caso- sólo el abogado Víctor Contreras está a cargo de las respectivas acciones e indagatorias intentando desacreditar la acusación inicial y buscando que terminado el plazo de los 120 días de indagatoria se consiga la libertad de todos o varios de los involucrados, por el ladode las sanciones administrativas también habrá un sólo bloque defensor.
Desde el club minero no se han querido referir al tema, que sigue en manos del Estudio Jurídico Colombara en la capital, aunque se reconoce que buscarán la fórmula de aferrarse a que la primera acusación realizada por la eventual víctima es la que dictamina las acciones, con lo cual se anula cualquier responsabilidad de la dirigencia actual, apelando a que el Protocolo contra el Acoso Sexual, Abuso Sexual, Maltrato y Discriminación obliga a las directivas en ejercicio a activar investigaciones internas, algo que no procede en su caso ya que asumieron desde fines de ese año 2021 y a principios de 2022 cumplieron con hacer pública la denuncia, una vez que se reactivó. Una acción que sería coordinada con la defensa que desde la ANFP irá en favor del mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad.
Más complejo es el caso del ex entrenador Luis Fuentes y el del ex presidente LuisVera, quienes no entran en esta defensa coorporativa y deberán acceder por medios propios a la respectiva acción para evitar su suspensión parcial o definitiva de la actividad.
En el caso de Vera, complicaría su postura -no confirmada por el ex presidente loíno- de presentar una lista en octubre que compita por volver a encabezar el club por cuatro años, eso junto a otros personeros de la zona.
El argumento
Falta de colaboración
De acuerdo a la Diputada Marisela Santibáñez, en el caso de los cuatro directivos hay vicio de ocultamiento ya que "han sido invitados al Congreso en reiteradas ocasiones para esclarecer el caso y su negativa a colaborar nos ha llevado a esta decisión".