Los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de las Corporaciones de Asistencia Judicial fueron creados hace 23 años con el objetivo único de ser una instancia de reparación para todas aquellas personas enfrentadas a la dolorosa y traumática experiencia de sufrir un delito violento.

Sus principios orientadores que han estado a la base de su modelo de atención y han guiado el trabajo durante estos años son el acceso a la justicia y trato justo, la participación de la víctima a través de un rol protagónico y dinámico, el derecho a la reparación, la asistencia y atención integral y la perspectiva de género.

En cuanto a los objetivos de los CAVIS se encuentra el brindar una atención interdisciplinaria a víctimas de delitos violentos y sus familias. Una segunda vertiente cuyo objetivo se funda en prevenir y atenuar las consecuencias secundarias de ser víctima y proteger los derechos de las personas afectadas. Así también, el modelo de trabajo contempla una línea en la prevención y promoción de derechos que busca entregar a la comunidad las herramientas necesarias que le permitan conocer y ejercer sus derechos.

Conforme a lo anterior, se destacan las líneas de intervención que acompañan a las víctimas durante todo su proceso, pudiendo estas brindarse de manera integral o conforme a las necesidades manifiestas de las víctimas, siendo estas la línea de intervención jurídica, la línea de atención psicológica y finalmente, la línea social.

Pero ¿Quiénes están detrás del trabajo realizado? Equipos comprometidos y especializados compuestos por abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y secretarias que día a día se esmeran por entregar una atención cálida, oportuna y de calidad a todos quienes requieren de sus servicios, siendo la población infanto-juvenil quienes mayormente son atendidos en los CAVI a nivel regional y nacional.

Como se señaló en un principio los CAVI fueron creados hace 23 años y a lo largo del tiempo han estado en constante revisión y ajuste de sus lineamientos de trabajo para responder a una población que sufre cambios y aumenta en número, situación que ha llevado a que el día de hoy los CAVI a nivel nacional se enfrenten a un cambio transformador e histórico que en los próximos meses verá su luz con la creación del nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Es así, como S.E. el Presidente de la República don Gabriel Boric Font preocupado de la problemática victimológica que afecta al país ha considerado en unos de sus ejes de trabajo la creación de esta importante institución con la que se espera llegar a todas las víctimas de delitos violentos de cada rincón de nuestro país. Y en lo que respecta a nuestra región, ancha y extensa en su territorio, mediante el mandato de la Delegada Presidencial doña Karen Behrens Navarrete.

El reciente corte de energía eléctrica que afectó a los poblados de Chiu Chiu y Lasana ha vuelto a poner en evidencia las profundas fragilidades en los servicios básicos de estas comunidades. Este evento, provocado por el robo de cables de cobre, no solo dejó a los vecinos sin electricidad, sino que también resaltó una serie de carencias que estas localidades enfrentan día a día.

Vecinos de Chiu Chiu han descrito cómo la falta de seguridad se ve agravada por la ausencia de energía. Durante la noche, los pobladores quedan expuestos a robos y delitos sin ninguna presencia policial.

Además, la interrupción de los servicios de internet y telefonía móvil deja a la comunidad incomunicada. Este aislamiento no solo impide alertar sobre emergencias, sino que también representa un riesgo significativo para la salud y seguridad de los residentes.

Los pequeños comerciantes y dueños de almacenes y restaurantes sufren pérdidas económicas considerables debido a la interrupción de las cadenas de frío. A esto se suma la inexistencia de un sistema de transporte público eficiente que conecte Calama con Chiu Chiu, limitando aún más la movilidad y acceso a servicios básicos.

La situación se agrava durante el invierno, cuando la interrupción de la electricidad impide a los vecinos utilizar sistemas de calefacción, exponiendo especialmente a los adultos mayores a las bajas temperaturas del Alto Loa.

A pesar de que el suministro de energía se restableció antes del plazo comprometido, las soluciones a largo plazo deben trabajarse porque es obvio que estas comunidades enfrentan una deuda histórica.