Crisis carcelaria golpea fuertemente a los principales recintos de la región
GENDARMERÍA. "No hay colchones ni literas y los patios se usan como comedor", señaló dirigente gremial de funcionarios en relación a las preocupantes condiciones del recinto penal en Tocopilla. Penal de Calama estaría operativo en 2030.
El sobrepoblamiento penal que enfrentan distintas unidades carcelarias en la región, a lo que se agrega falta de infraestructura, evidencia una situación crítica en algunos penales por su deterioro y falta de servicios básicos.
Un reciente informe de Mariana Mileng Chiang, jueza de turno en visita de cárcel de Calama, junto con informar las graves dificultades para que los internos puedan acceder a atenciones de salud; también revela el estado crítico de las instalaciones en este recinto.
"En la actualidad el Centro de Detención Preventiva de la ciudad de Calama -cuya capacidad es de 300 internos- tiene una población de 700 internos (…) por las condiciones carcelarias de extremo hacinamiento, se encuentran expuestos a contagio de enfermedades virales, no existe suministro adecuado de agua en todos los pabellones, sin agua caliente la mayoría, escasas horas de patio y actividad física, inadecuadas condiciones de higiene en las celdas que habitan, que aparte de encontrarse sobrepobladas, sirven de comedor y baño al mismo tiempo, con largas horas de encierro, no existen camas individuales, muchos duermen en el suelo, muchos no tienen ropa de cambio y abrigo, muchos no cuentan con útiles de aseo aparte de los que se provee por Gendarmería", dice el documento, que también detalla que los internos, entre otros requerimientos, solicitan desinfectar las piezas por la alta presencia de baratas. Las picaduras de estos insectos han causado serias alergias a los reos.
Según datos de Gendarmería de Chile, tres recintos penitenciarios de la región figuran en el listado de las 10 unidades penales con mayor uso sobre sus capacidades: CDP de Taltal (434,4%), CDP de Tocopilla (269,2%) y CDP Calama (227,7%). Este último recinto posee una capacidad para 214 reos, aunque opera con 576.
Raúl Cifuentes, secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) en Tocopilla, reconoce las dificultades que enfrenta este recinto carcelario.
"Hoy en la unidad de CDP de Tocopilla el 70% de la población penal es extranjera. La capacidad de los módulos ya no da más. Ellos tienen que estar durmiendo prácticamente uno encima del otro. No hay colchones, no hay literas ni espacio como para que ellos puedan cumplir con su descanso. Los patios los están ocupando como comedor. Los baños están en malas condiciones. La infraestructura, en general, está en muy mal estado. También hay muchos internos que son enfermos crónicos, y aquí la atención primaria de salud es muy escasa", afirma.
Reos con sarna
Según comenta Cifuentes el CDP de Tocopilla data del año 2000, con la modalidad de módulos y no de celdas. Sin embargo, a partir de 2014 se habilitaron anexos en los antiguos comedores del recinto.
"Ahí se habilitaron dormitorios por el alto hacinamiento. Hay módulos donde, por ejemplo, hay internos solo de nacionalidad boliviana. En estos momentos están con sarna y es justamente porque la salud es muy mala", asevera.
Según este cabo de Gendarmería, el hacinamiento sumado al déficit en infraestructura impacta a diario en la seguridad del recinto.
"Afecta en el día a día del convivir con los funcionarios. También en la seguridad en los módulos, tanto para los internos como para los funcionarios penitenciarios. Porque, por ejemplo, no tenemos un protocolo de enfermedades y qué es lo que hay que hacer para tratar a esos internos que están con sarna. Hay internos también esquizofrénicos; pero los funcionarios no estamos capacitados para enfrentarnos a esos internos. No contamos tampoco con las condiciones de primeros auxilios ni las condiciones para prevenir el contacto directo con la población penal. Además con el hacinamiento, y ante la falta de personal, se hace más difícil el control. Ellos empiezan a agredirse y a pegarles a algunos internos para que desocupen el módulo", dice Cifuentes, quien comenta que cuentan con un funcionario para cada 100 internos.
Una situación similar afectaría al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta. El 2023 el informe de la fiscal judicial Nel Greeven Bobadilla y el defensor penitenciario Roberto Vega, donde constataron las deficientes condiciones estructurales e higiénicas en que se encuentra este recinto.
De acuerdo con el acta de visita, este penal cuenta con un programa de desencierro fijado a las 08.30 horas y de encierro a las 17.30 horas para las reclusas. Una situación que agravaría, entre otras contingencias, la falta de acceso nocturno a los baños, con los consiguientes riesgos de insalubridad.
Situación crítica
Juan Opazo Lagos, ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, esta semana coincidía con el juicio crítico a la realidad carcelaria.
"La cantidad de presos en esta región está muy por sobre lo que había antiguamente. Están todas las cárceles con sobrepoblación (…) La cantidad de gendarmes que hay en la región está un 30% bajo lo que se necesita, como mínimo. En este momento tenemos una crisis carcelaria porque tenemos poco personal, pocos medios, y muchos imputados privados de libertad (…) Hay un informe que da cuenta que en Tocopilla el dinero no alcanza para todas las comidas. En Calama no tienen médicos. Al psiquiatra del Nodo Uribe se le cortaron los fondos, porque se necesitaban para otra cosa. A Gendarmería le faltan fondos, y no es un problema regional, es un problema de política de Estado", expresó en la oportunidad.
"No contamos tampoco con las condiciones de primeros auxilios ni las condiciones para prevenir el contacto directo con la población penal. Además con el hacinamiento, y ante la falta de personal, se hace más difícil el control".
Raúl Cifuentes, Secretario ANFUP Tocopilla
Cárcel para el 2030
La implementación de la Política de Infraestructura Penitencia considera la puesta en marcha de una nueva cárcel para Calama en 2030. El año de habilitación de este recinto ha generado cuestionamientos en la región. "Es preocupante que se contemple para unos 6 años más la puesta en marcha de la nueva cárcel de Calama, considerando la sobre población que evidencia el penal, lo que se traduce en un peligro para los funcionarios de gendarmería y también para las y los vecinos, entendiendo que el recinto actualmente se ubica en pleno centro de la capital loína", dijo el senador Pedro Araya (PPD).