Dentro de nuestros principales desafíos como cartera de Justicia y Derechos Humanos para este año en la región, es difundir y darle visibilidad al segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (2022 -2025) y los contenidos que aborda. Sin duda, esta acción debe dirigirse a la comunidad y a las distintas instituciones públicas. Esto, porque resulta un primer paso para que todos comprendan que en el ejercicio de su labor deben respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan el país.

Pero primero, debemos conocer los orígenes de esta herramienta. En 1993, surge como recomendación que cada Estado evalúe la creación de un plan nacional de acción que mejore la promoción y protección de los derechos humanos, buscando también el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos. En tanto, en 2016, durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, se crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y con ello, entre sus funciones se establece la propuesta y elaboración del Plan Nacional, así como coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación. El primer Plan Nacional se elaboró en 2017 y se implementó entre 2018 y 2021.

En este contexto, es importante señalar que este instrumento -cuya estructura temática considera los ejes de Igualdad y No Discriminación, Derechos Universales y Promoción de

Derechos, así como también, metas y capítulos- tiene una duración de cuatro años y contiene el diseño e implementación de las políticas encaminadas a respetar, promover y proteger los derechos humanos. Su elaboración considera las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, las prioridades sectoriales e intersectoriales de los diferentes servicios públicos y la opinión de la ciudadanía.

En este último punto, quisiera destacar que, para la elaboración de esta herramienta, fueron importantes los diagnósticos en materia de derechos humanos de diversos grupos de la sociedad, a través de distintos sistemas de participación, tales como la modalidad virtual; niños, niñas y adolescentes; encuentros temáticos (organizaciones de la sociedad civil), personas privadas de libertad y pueblos indígenas y tribales.

Es así, que, en las últimas semanas, en nuestras intervenciones instituciones, hemos puesto en relevancia este Plan, que aborda de manera transversal los derechos humanos. Un ejemplo, es que dentro del trabajo que realiza Gendarmería de Chile para las personas privadas de libertad, se implementó un protocolo especial para dichas disposiciones sobre el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad y de aquellas que visiten los establecimientos penitenciarios y sus anexos.

También durante junio donde conmemora el Mes del Orgullo, destacamos de este Plan el capítulo LGBTIQA+, donde se le da seguimiento a 12 acciones por parte de diversas instituciones públicas con avances concretos, que destacar, mejorar la atención a las personas trans, que solicitan la rectificación de su partida de nacimiento por la Ley 21.120 o la realización de campañas para la disminución de la discriminación hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ en nuestro el país por parte de Subsecretaría General de Gobierno.

Este segundo Plan no sólo recoge la primera experiencia de implementación sino también da cuenta de los aprendizajes, dificultades y aciertos, desde su proceso de diseño hasta la elaboración de los compromisos de cada uno de los servicios.

Ayer fueron conocidos los resultados del último Barómetro realizado por el Instituto de Políticas Públicas UCN y cuyos resultados más llamativos son los relacionados con las expectativas electorales.

En octubre próximo se realizarán los procesos para elegir varios cargos: gobernador/a regional, consejeros /as regionales, alcaldes/as y concejales/as, un instante de marcado sentido regional y territorial.

Es presumible apostar a que estos comicios son los menos ideológicos, menos que la presidencial y del Congreso, donde sí se marcan las ideas y orígenes de los interesados.

En el caso de los resultados que hoy presentamos, bien vale la pena poner la atención sobre algunos puntos estructurales, que pueden significar un asunto incómodo para más de un candidato/a que pudiera estar sacando cuentas alegres.

Más del 80% de los ciudadanos aún no define su voto. Aquel es un dato insoslayable y que parece más radicalizado en el caso de la ciudad de Antofagasta.

No se trata de un antecedente inédito, pero sí parece acentuarse en el tiempo.

Otro hallazgo es la debilidad de quienes ostentan cargos en la actualidad. Esto es llamativo y puede ser leído como una crítica a las gestiones, una escasa capacidad de comunicar correctamente o la necesidad de cambiar o probar con otras alternativas, lo que resulta extraño, en el caso de la gobernación y la alcaldía de la capital regional, pues sólo llevan un periodo.

Asimismo, el voto ideológico parece cada vez más extraviado -ni hablar de la condición de clase-, lo que hace que buena parte de los electores transiten en todo el espectro posible, en búsqueda de la oferta que les haga más sentido.

Esta región es pionera en aquella realidad: individualista, anómica y desideologizada, lo que deberían entender los partidos y los interesados/as en asumir cargos públicos por vía del voto.

Los números -salvo casos puntuales- no muestran victorias fáciles, sino un fenómeno cada vez más patente y peligroso: que el votante promedio puede ir mañana por llamativos cantos de sirena que ya sabemos cómo terminan.