La reciente resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto a la asociación entre SQM y Codelco para la explotación conjunta de litio ha generado diversas reacciones en el mercado y entre los accionistas. La determinación de que no es necesaria la validación de la junta de accionistas, como exigía Tianqi, uno de los accionistas minoritarios de SQM, plantea importantes implicaciones para el futuro de la minera y el control sobre sus operaciones en el Salar de Atacama.

La CMF ha sido clara en su dictamen: el acuerdo de asociación no requiere la intervención de una junta extraordinaria de accionistas y debe ser resuelto por el directorio de SQM. Este pronunciamiento subraya que cualquier responsabilidad por perjuicios hacia la sociedad y los accionistas deberá ser perseguida conforme a las reglas generales. Este enfoque busca mantener un balance entre la eficiencia operativa y la protección de los derechos de los accionistas.

Uno de los puntos cruciales del dictamen es la aclaración de que la pérdida del control de SQM en SQM Salar, a partir de 2031, no se debe a una enajenación de acciones, sino a la incorporación de nuevos activos como resultado de la absorción de Minera Tarar. Esta absorción permitirá a SQM Salar seguir explotando su giro más allá de 2030, un aspecto que garantiza la continuidad del negocio sin desmedro del control sobre sus activos principales.

La decisión de la CMF es un paso hacia una mayor eficiencia en las operaciones corporativas de SQM, pero también resalta la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre la toma de decisiones directivas y la protección de los derechos de todos los accionistas.

Corría agosto de 2023 y en el marco del convenio del "Programa de Transferencia Más Vivienda, Mejor Región", el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta anunciaba con "bombos y platillos", en un punto de prensa, el traspaso de más de 88 mil millones de pesos al Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), para construir 8.700 soluciones habitacionales para el periodo 2024-2028.

Sin perjuicio de lo anterior y a casi un año, desde que se transfirieron dichos dineros, el avance es cero. Así quedó evidenciado, tras una consulta que efectué, en abril de este año, al Serviu. "A la fecha, el convenio no se encuentra totalmente tramitado", fue la respuesta que, vía ley de Transparencia, me entregó el mencionado servicio. ¿Por qué aún no se podía gestionar, si en 2023, supuestamente, ya se podían utilizar recursos propios con el objeto de llevar adelante 42 iniciativas contempladas en el acuerdo? ¿Quién supervigila que esto se ejecute correctamente? ¿Existen seguimientos, de parte del GORE, a este y otros convenios en los que les traspasa cuantiosas sumas de dinero?

Pero las dudas no terminaron ahí. En mayo de este año, saltó a la luz pública otro dato, un saldo de más de 5.800 millones de pesos, que el Serviu debía restituir al GORE, dineros provenientes del convenio "Más Viviendas, Mejores Barrios" (2015- 2023), recursos que, según la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, fueron devueltos, hace muy poco, al Gobierno Regional. La duda es ¿por qué se aprobó un convenio 2024-2028, si aún restaban dineros del periodo anterior?. ¿Los funcionarios, asesores y el mismo GORE no estaban al tanto de la situación o lo sabían y guardaron silencio?.

En este sentido, espero que se pueda indagar y sancionar, si así corresponde, porque la negligencia y la mala gestión hoy están pasando la cuenta a cientos de vecinas y vecinos de la región, quienes aún esperan por el sueño de la casa propia. Sin ir más lejos, hace unas semanas, representantes de diversos comités de vivienda se manifestaron en las afueras del Serviu Antofagasta. En la ocasión, beneficiarios del proyecto Altos La Chimba 2 expresaron su descontento por la paralización, durante nueve meses, de la iniciativa.

Y si del Servicio de Vivienda y Urbanismo hablamos, no puedo dejar de mencionar las grotescas promesas incumplidas con las y los residentes de la Villa El Salar, quienes aún esperan por la demolición de sus casas. Afortunadamente, en este caso, ya se han materializado acciones legales, pero lo que no puede ocurrir es que las familias sigan esperando por un compromiso que, según archivos de prensa, debieron concretarse durante el primer semestre de este 2024.

De mi parte, seguiré legislando y siempre proponiendo para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, pero no sacamos nada con aquello, si las autoridades regionales, a cargo de distintos servicios o entidades no dan con el ancho para ejecutar y supervigilar el correcto uso de los recursos públicos.