Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos ayudan a salvar a millones de personas cada año, y aumentan la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades que podrían ser mortales. También permiten la aplicación de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Los componentes sanguíneos son requeridos en situaciones tan variadas como accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, enfermedades que producen anemia, etc., por lo que se trata de un recurso muy valioso y que representa un gesto invaluable, ya que el donante anónimo ayuda a salvar vidas. En el proceso de donación se extraen 450 mililitros de sangre, que permiten preparar cuatro componentes distintos: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado, que se transfundirán a diferentes enfermos en función de sus necesidades.

De acuerdo con la OMS, nuestro país tiene una tasa de donación de 17 por 1.000 habitantes, inferior a lo necesario y muy por debajo de otros países, que alcanza a 31 personas por cada 1.000. No contar con este importante recurso trae, entre otras consecuencias, la cancelación de cirugías, las que deben reprogramarse y, en el mejor de los escenarios, efectuarse una vez que se cuenta con la sangre necesaria.

De acuerdo con las normas del Ministerio de Salud, para ser donante hay que tener documento de identidad, edad de 18 hasta 65 años y pesar más de 50 kilos, entre otros requisitos. También hay una especial preocupación en las entrevistas con los potenciales donantes para prevenir que intervengan posibles contagiados con virus VIH o que sean consumidores habituales de alcohol y marihuana, entre otros casos.

La incautación del celular al ex ministro de las cortes de apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete, abrió una caja de pandora. Las prácticas basadas en la "amistocracia", una manera elegante de referirse al tráfico de influencias, son un secreto a voces en un ambiente hermético con altos grados de opacidad.

La publicación de CIPER con algunos de los diálogos entre el exjuez y otras autoridades que pretendieron influir en los procesos de nombramientos, ha tenido un impacto en la opinión pública y en las instituciones y tendrá insospechadas consecuencias. La primera es que la Corte Suprema decidió instalar una mesa de trabajo para reformar el procedimiento por el cual se nombra a los jueces y esperarán contar con más antecedentes antes de analizar las denuncias que involucran a varios de sus miembros.

La segunda consecuencia dice relación con un nuevo cuestionamiento a las instituciones del Estado, porque la confianza en ellas es fundamental para el funcionamiento y la estabilidad de toda sociedad. Estado de derecho e instituciones merecedoras de confianza son determinantes para una democracia sana y estimulante.

Según el Estudio Confianza institucional en Chile: un desafío para el desarrollo de Ignacio Irarrázaval y Florencia Cruz, la confianza en todas las instituciones, en la serie de los años 2003 al 2023, se encuentra igual o bajo 4 en una escala de 1 a 10, con excepción del año 2009 que se ubica en torno al 4,3.

En la Investigación en Contexto Escolar Sobre las Violencias de Género realizada por Fundación Semilla, encontramos que el 52,5% del estudiantado de enseñanza media piensa que los mecanismos para resolver problemas de convivencia en los establecimientos no son efectivos y nada más que el 7,5% de quienes se han sentido discriminados recurren a algún docente directivo o encargada de convivencia.

Con esta experiencia en contextos educativos claramente las juventudes entran en la adultez con una desconfianza adquirida difícil de revertir, más aún cuando comienzan a hacerse públicas las malas prácticas, eventualmente constitutivas de delito, en el sistema de justicia.

Para asegurar la integridad de las decisiones institucionales, sean éstas en una escuela, un liceo, la Corte Suprema, el gobierno, el Congreso, el Ministerio Público o una municipalidad, la apertura y la disponibilidad de información clara y accesible es determinante. La falta de transparencia va de la mano con la desconfianza. Es también imprescindible la participación activa y el contrapeso de poder. Cuando este contrapeso se debilita por relaciones de amistad, política, familiares o de intereses particulares se entra en espiral de deterioro y desconfianza muy difícil de recuperar.

Hoy le tocó el turno al Poder Judicial ser cuestionado. Afortunadamente la sociedad chilena aún no pierde la capacidad de asombro y reacción ante esta triste realidad. Esperemos que la desconfianza adquirida pueda ser revertida con mejor calidad de nuestras instituciones.