En el marco de su programa permanente de visitas, Ministro Hales de Codelco recibió a un grupo de representantes de la comunidad de Lasana, actividad que busca escuchar a las comunidades y acercarlas a la actividad minera. El recorrido inició en el Barrio Cívico y sus instalaciones, seguido por las plantas y el mirador del rajo mina.
Esta semana los equipos técnicos del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), así como de Codelco y SQM Salar, han sostenido conversaciones para diagramar lo que será el proceso tripartito de diálogo entre las comunidades y las empresas. En el marco del acuerdo que ambas mineras suscribieron para extraer litio conjuntamente en el Salar de Atacama.
Mesa de trabajo que ya tiene otra reunión programada para el próximo miércoles 26 de junio entre el directorio del Consejo, que preside Alexis Romero, y las empresas. En este espacio, según han detallado fuentes conocedoras del proceso, se espera acordar el formato del diálogo. Ese mismo día, los integrantes del CPA se reunirán en asamblea y entregarán el detalle de los elementos que tendrán las conversaciones y así la asamblea pueda ajustarlos o ratificarlos.
Es así que para los próximos meses, se espera que este proceso tome su curso con un diálogo -tal como se acordó entre las partes- más directo y, más allá de las grandes mesas y grandes representaciones, que sea fluido con cada una de las 18 comunidades del territorio, apoyadas y asesoradas técnicamente por el CPA.
En paralelo, está la Consulta Indígena que encabeza Corfo, que tras la postergación que tuvo lugar en mayo, debería retomarse. Procesos todos estos, que siguen en etapas iniciales y aún lejos de una fase más definitoria, o de acuerdos. Lo que podría tardar algunos meses y siempre que el diálogo sea fructífero, dando garantías a todas las comunidades que aglutina el CPA.
Codelco y SQM han comunicado, respecto de cómo participarán las comunidades en el proyecto, que actualmente continúan con el proceso de diálogo con las comunidades del Salar de Atacama con el objetivo de alcanzar su participación en todas las materias de interés común sobre las actividades productivas de la sociedad conjunta, en especial en materias socioambientales. En línea con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este proceso de diálogo, agregaron, se extenderá más allá de la firma de este acuerdo con el propósito de llegar a consensos en materias de desarrollo humano, socioambientales y de gobernanza.
Sobre el estudio de impacto ambiental, en tanto, las empresas informaron que para la producción del periodo 2031-2060, el acuerdo establece que las empresas ingresarán el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplando una consulta indígena respecto de los impactos ambientales susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.
En caso de finalizar la consulta indígena y obtener favorablemente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el proyecto debiera empezar a ejecutarse antes del término de la presente década, asegurando una producción sin interrupciones y que se extienda hasta el año 2060.
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, entregó cifras del acuerdo con SQM, detallando que el Estado, incluido Codelco, recibiría en valor presente (diciembre 2024) como resultado de esta negociación un rango entre US$ 25.000 millones y US$ 50.000 millones durante la vigencia de esta asociación entre Codelco y SQM, y que la generación de flujos para el país se ubica entre US$2.600 millones y US$3.000 millones anuales a un precio del litio en torno a US$20.000 por tonelada.
Un aumento de un 0,04% experimentó ayer la libra de cobre, que venía de subir un 2,4% el miércoles, según lo detallado por Cochilco, que cifró el precio del metal en US$ 4,376 (US$ 9.648 la tonelada). De esta forma, el promedio de 2024 del commodity se situó en US$ 4,114, y el mensual en US$ 4,403 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
Hasta la Comisión de Minería del Senado llegaron los vicepresidentes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña y Patricio Céspedes, para plantear la necesidad de impulsar medidas en favor de la pequeña y mediana minería.
"A objeto de generar un impacto inmediato en las producciones de cobre, se plantea la idea de permitir el incremento por una vez, por un período de 5 años, de hasta el 20% de la capacidad de tratamiento de los planteles productivos a través de la presentación de declaraciones juradas o pertinencias ambientales", dijo Argandoña.
En su exposición, señaló además que estos sectores "están llamados a generar, en parte, el cobre adicional que requiere el país, para cumplir las metas de mediano plazo".
Asimismo, los directivos de Sonami plantearon que, en el caso de la pequeña minería, "dada la baja que han experimentado las leyes de los minerales, debieran incrementarles sus umbrales de producción a niveles de 45.000 toneladas de mineral por mes, atendida a la Ley de Royalty, que deja a los proyectos de pequeña minería clasificados cómo aquellos que producen menos de 12.000 toneladas de cobre al año".
Por su parte, el vicepresidente Patricio Céspedes planteó las inquietudes del sector en orden a revisar las leyes 21.420 y 21.649, específicamente en cuanto a revisar la relación de parentesco, también la consanguinidad y el amparo por el trabajo, "dado que son condiciones que no se ajustan a la realidad de la pequeña minería, y que a la larga perjudicarán al sector al tener que pagar una patente minera incremental, según lo señala la ley".
Los dirigentes gremiales también se refirieron a la crítica situación que enfrenta Enami, señalando la urgente necesidad de "capitalizar a la Empresa Nacional de Minería, para que modernice sus planteles productivos según las nuevas realidades del sector minero pequeño, que se caracteriza por extraen minerales de menores leyes y con mayor consumo de ácido sulfúrico, impurezas asociadas a la mena mineral y nuevos minerales con valor comercial, que hacen rentable su extracción pero que no tienen poder de compra".
Además, los directivos plantearon la necesidad de contar con una política estratégica de fundición, para procesar los concentrados.