Ya está confirmado que durante julio próximo subirán las cuentas de luz en la región y el país, las que estaban congeladas desde 2019, en medio del estallido social. El asunto tiene varias aristas y la primera es recordar que los costos e incrementos nunca pueden ser escondidos, pues siempre, más temprano o tarde, deben revelarse para corregir los diferenciales producidos por las decisiones políticas que afectan lo técnico. Bueno es recordar que los precios pueden manejarse vía decreto, pero no los costos.

La brecha producida entre lo que cuesta producir y lo efectivamente pagado se traduce ahora -de golpe- en un alza que irá en márgenes de entre 15 y 50%, lo que evidentemente tendrá consecuencias importantes en el bolsillo de las personas.

A nivel regional, se estima que los incrementos estarán entre el 24 y el 34%.

De más está decir que el costo de la electricidad es cada vez más relevante en el presupuesto familiar, ya que los hogares han aumentado la cantidad de artefactos alimentados mediante el sistema eléctrico. Cocinas y calefactores, por lo pronto, se han sumado a los usos tradicionales, reemplazando de esta manera el consumo de combustibles fósiles.

El gobierno ha dicho que habrá un apoyo económico a los segmentos más vulnerables, sin embargo también deberá reconocerse que estos apoyos son difíciles de sostener en el tiempo.

En el largo plazo, la única y más eficiente manera de beneficiar a los consumidores es contar con tarifas bajas, como resultante de la competencia y las reglas claras de largo plazo.

Cualquier otra alternativa es solo engaño.

La expansión delictual en el país y el incremento de delitos importados han puesto en alerta a las autoridades y diversos sectores, ante un nuevo tipo de criminalidad que atemoriza a la población. Este fenómeno se ha visto agravado por el asentamiento de peligrosas bandas integradas por extranjeros en situación migratoria irregular, abarcando crímenes como sicariato, torturas, secuestros, homicidios, además de tráfico de drogas y armas. En respuesta a esta creciente amenaza, los legisladores estamos trabajando rápidamente en leyes que refuercen el trabajo policial y promuevan una colaboración efectiva. Debemos adaptarnos con celeridad al avance del crimen organizado.

Por esta razón, junto a parlamentarios de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados, presenté un proyecto que permitirá a las policías aumentar sus dotaciones. Esta iniciativa, ahora ley de la república, faculta a los aspirantes a Oficial de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, así como a los alumnos de las Escuelas de Formación de Carabineros (suboficiales), a portar armas. La medida modifica la Ley de Armas, proporcionando mayor protección a estos futuros policías y, por ende, a la ciudadanía.

Un aspecto destacable de la ley es que permite a los aspirantes a Oficial de Carabineros, desde el tercer año de formación, y a los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, desde el segundo año, portar armas en el contexto de las prácticas de formación profesional en labores de resguardo del orden público. Hasta ahora, estos futuros oficiales concurren a actuaciones presenciales en las calles y territorios sin portar armamento, quedando desprotegidos ante el nivel de violencia actual.

Además, para poder portar armas, los aspirantes deberán haber aprobado todos los cursos de tiro correspondientes. Los aspirantes a Oficial podrán hacerlo desde el tercer año, ya que su formación es más extensa e integral, mientras que los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales podrán hacerlo desde el segundo año debido a la concentración de su formación y la necesidad de acudir a actuaciones en terreno.

En términos de responsabilidad penal, civil o funcionaria por el uso del armamento, estos aspirantes serán considerados como funcionarios policiales, sin tratamiento especial en caso de hechos negligentes o delictivos.

Esta necesaria iniciativa, responde al contexto de mayor criminalidad y violencia en nuestra sociedad. Así, tanto en manifestaciones, marchas, desórdenes públicos y otras actuaciones, los futuros policías en formación contarán con mayores herramientas para protegerse y proteger a la población civil.

Este avance legislativo refuerza mi convicción de seguir buscando fórmulas efectivas para fortalecer la seguridad en Chile y recuperar la paz en nuestras calles. Mi compromiso con la seguridad sigue activo y es constante tanto con nuestra región de Antofagasta como con el resto de Chile, especialmente en las zonas más conflictivas donde urge recuperar espacios públicos y la tranquilidad de las calles.