La seguridad pública y las medidas para garantizarla han dominado el debate público y las agendas gubernamentales en los últimos años. La presencia de bandas transnacionales operando en el territorio nacional, y cometiendo delitos que antes eran raros en nuestro país, ha exacerbado la preocupación pública y ha impulsado una mayor inversión en prevención y seguridad.

Un estudio del sociólogo Andreas Ivanovic del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte revela datos alarmantes sobre el costo de los delitos en la Región de Antofagasta. Según Ivanovic, el costo total de los delitos en 2023 alcanzó los US$225,8 millones, marcando un incremento del 65% respecto a 2010. Esta cifra no solo subraya un aumento significativo en la criminalidad, sino también una ineficacia en las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.

Lo que resulta particularmente preocupante es que la inversión privada en seguridad ha superado al gasto público. En 2023, el sector privado destinó US$110,8 millones a seguridad, mientras que el gasto público fue de US$79,4 millones. Esta tendencia plantea una pregunta crucial: ¿por qué el Estado no está liderando la inversión en seguridad, dejando a los privados la responsabilidad de proteger sus actividades?

Es imperativo que el Estado asuma un rol más proactivo y eficaz en la seguridad pública. Esto no solo implica aumentar el presupuesto, sino también asegurar que los recursos se utilicen de manera estratégica y coordinada. La distribución eficiente de estos recursos es crucial para enfrentar los delitos que más preocupan a la ciudadanía, como los homicidios y los delitos violentos asociados al crimen organizado.

Este asunto es de vital importancia.

Hace una semana salió de Contraloría la actualización de la Reglamentación Térmica en Chile, la cual marca un avance significativo en la construcción sostenible, democratizando así la eficiencia energética en toda la construcción nacional -incluso las financiadas con subsidio estatal- independiente de su estrato social. Desde su primera implementación en el año 2000 y su posterior revisión en 2007, la normativa térmica chilena ha buscado establecer requisitos mínimos para la edificación de viviendas, centrados en mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de los hogares.

La actualización de la normativa -que alcanza también a edificaciones de uso educacional y salud- no solo responde a los acuerdos internacionales, sino que también se alinea con los objetivos de la Política Energética de Chile y la reciente Ley de Eficiencia Energética. Estos compromisos incluyen la ambiciosa meta de reducir en al menos un 30% el consumo de energía de las nuevas edificaciones residenciales, medida esencial no solo para cumplir con los estándares internacionales, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La propuesta de actualización introduce mejoras significativas en los requerimientos térmicos para muros, cielos y pisos ventilados, además de nuevas exigencias para puertas y sobrecimientos. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un análisis de riesgo de condensación y la exigencia de hermeticidad en la envolvente de las viviendas. También se implementarán sistemas de ventilación para asegurar la calidad del aire interior, un aspecto crucial para la salud de los habitantes.

Adicionalmente, el texto incluye una nueva zonificación térmica que reconoce las variaciones en diferentes partes del territorio, permitiendo un diseño más específico y eficiente de las construcciones.

Una vivienda con eficiencia energética tiene un impacto directo en la economía familiar y en la calidad de vida de las personas, por lo que se espera un ahorro significativo en los gastos de salud derivados de la disminución de la contaminación interior. Los ahorros en el consumo energético y en combustibles para calefacción también son beneficios económicos directos para las familias, además de aumentar la vida útil de las viviendas, reduciendo los costos de mantenimiento y postventa asociados a patologías constructivas como la humedad y los hongos. Esta prevención es crucial para evitar enfermedades respiratorias y mejorar la habitabilidad.

En la elaboración de esta nueva norma fue crucial la colaboración entre el sector público y privado, lo cual es un ejemplo de cómo se pueden lograr avances significativos cuando se trabaja en conjunto por un objetivo común: un Chile más limpio, eficiente y habitable.