Lo imposible y lo improbable
Édgar Hernán Fuentes-Contreras
Gracias a los observatorios astronómicos de Atacama, el 26 de febrero de 2023 se descubrió el asteroide 2023DW, que, por su trayectoria, "posiblemente" impactará con la Tierra el 14 de febrero de 2046.
Ahora, cuando se habla de que un suceso es posible, no siempre implica que sea probable. En efecto, cuando nos referimos a que algo es posible solo afirmamos que algo puede suceder, pero cuando se habla de probabilidad estamos en un espacio cuantitativo, donde los datos y pruebas ayudan a determinar el porcentaje de que ese evento posible ocurra.
Bajo esas nociones, no parece prudente asegurar que el restablecimiento de la pena de muerte sea imposible. Si así fuese sería difícil explicar que en menos de dos años se hayan ingresado al Congreso Nacional dos proyectos de ley con esa intención -el último el 6 de mayo de 2024-, los cuales se suman a proyectos en tramitación que quieren eliminar la pena de muerte e incluso la presentación de reformas a la Constitución en ese sentido.
Lo cierto es que, a diferencia de otros países, en Chile este tipo de sanción fue abolida solo para los delitos comunes en el año 2002, a través de la Ley N° 19.804 que, completó el trabajo iniciado por la Ley N° 19.734 de 2001. Así, la pena de muerte quedó vigente sólo en el Código de Justicia Militar, y como opción de sanción permanece en el artículo 19 No. 1 de la Constitución, que exige que sólo pueda ser fijada por ley de quórum calificado.
Aun así, no se debe desatender lo que establece el Decreto 873 publicado en 1991, que aprueba la Convención Americana sobre DD.HH.: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".
A pesar de que algunos sectores han considerado que ese precepto de la Convención Americana no sería exigible a Chile, debido a que nunca se abolió del todo la pena de muerte, defender esa interpretación desconocería los desarrollos formalizados por la Comisión y la Corte Interamericana, donde se reconoce la finalidad progresiva de la eliminación de la pena de muerte y la idea de que se vaya reduciendo hasta su supresión total, en los países firmantes de la Convención.
Con todo, la consideración que merece el precepto convencional y su interpretación en el Sistema Interamericano no puede ser leído como un desconocimiento del rango que tiene la Constitución en nuestro sistema. Debe entenderse más bien como una forma de armonizar lo dispuesto en el artículo 5 de la Carta Fundamental, donde se realzan los derechos esenciales y el deber del Estado de "respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
No es menor el hecho de que Chile participase en la redacción de la Convención, como tampoco lo es que no estuvo obligado a firmarla, ni está forzado a mantener las obligaciones que adquirió. De hecho, bien podría dejar de estar obligado denunciando la Convención, tal como lo hizo Venezuela, Trinidad y Tobago o intentó hacerlo Perú, durante el gobierno de Fujimori, en 1999.
Si la idea es insistir con el restablecimiento legal de la pena de muerte sin que se haya denunciado la Convención, debe asumirse la probabilidad de una condena internacional, con similitud al caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile. Pero, si, por el contrario, el camino es realizar la denuncia de la Convención y retirarse de ella tratando de evitar una condena, debe saberse que ello implicará un tiempo amplio y que, asimismo, traerá consigo diferentes efectos derivados del descrédito ocasionado por la actitud del Estado.
En resumen, el restablecimiento de la pena de muerte en el país no es imposible -y seguramente seguirá dando de qué hablar-, pero, en la práctica, bien se haría que por sus consecuencias pasase a ser un tema bastante improbable.
Profesor de Derecho Constitucional e Investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.