Nuestro país -algo a lo que no escapa nuestra Región de Antofagasta- parece estar intoxicado de ideología, un fenómeno que cruza cualquier conversación, y que ciertamente observamos en todo el globo.

En realidad, el fenómeno de la polarización es un asunto que el mundo entero está sufriendo y cuyos ejemplos más evidentes son Donald Trump, Javier Milei, Jaír Bolsonaro, Giorgia Meloni, entre otros, quienes aparecen vinculados con un pensamiento vinculado con la derecha o el mundo conservador (por cierto, ninguno de los ejemplos anteriores es idéntico).

A lo anterior se enfrenta una izquierda más radical, que han menguado a la social democracia y a la derecha liberal, que gobernó el planeta hasta hace unas décadas. Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Luis Arce y -podríamos decir- que el actual gobierno también podría ser incluido en este grupo, por lo menos considerando sus intenciones originales. Cosa distinta es que no hayan podido ejecutar sus planes después de la derrota del plebiscito de 2022.

Todo parece extremo y toda conversación se cruza inevitablemente con la interpretación de todo desde alguna de estas posiciones antagónicas.

Si se habla de crecimiento económico (y su necesidad), sobreviene la crítica al empresariado; si se proponen subsidios o ayuda a grupos vulnerables, se acusa de políticas de extrema izquierda.

Cualquier discusión, incluso de aspectos o dificultades de la ciudad, el deporte o el arte, son cuestionadas por el domicilio ideológico de quien las emite, como si una postura determinada impidiera comentarios en cualquier otro plano.

Lo malo es que la posibilidad de encuentro parece cada vez más reducida porque nadie quiere ceder, ni escuchar, ni menos empatizar con el pensamiento diferente. Lo distinto -en política- es apreciado como una agresión y así vamos olvidando que la vida es mucho más grande que el filtro que nos ofrece la política.

Desde su entrada en vigor el 20 de mayo de 2023, la Ley Nº 21.484 ha marcado un antes y un después en la lucha contra la evasión del pago de pensiones alimenticias en Chile. Esta legislación, con su mecanismo permanente para el seguimiento y cobro de deudas alimenticias, no solo refleja un avance legislativo, sino también una evolución en la percepción social sobre la responsabilidad parental.

La ley autoriza a los Tribunales de Familia a investigar los antecedentes financieros del deudor, incluyendo cuentas bancarias y ahorros previsionales. Esto permite, previa solicitud de la parte afectada, despachar oficios a entidades bancarias y financieras para investigar y, si es necesario, retener fondos del deudor para saldar las deudas de pensión alimenticia.

Uno de los aspectos más destacados y novedosos de esta ley es el procedimiento extraordinario que faculta a los tribunales a ordenar a las Administradoras de Fondos de Pensión la retención de fondos de capitalización individual del deudor, garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones parentales. Adicionalmente, la ley impone sanciones severas a quienes incumplen, como la retención de sueldos o la suspensión de derechos civiles, tales como el derecho a conducir o renovar pasaportes.

El establecimiento de un registro público de deudores de pensiones alimenticias es otra herramienta crucial de esta legislación. Este registro no solo incrementa la transparencia, sino que también actúa como una especie de disuasivo contra la negligencia en el pago de pensiones, al exponer públicamente a los infractores.

El impacto de esta ley ha sido significativo. A un año de su implementación, ha informado la Ministra de la Mujer Antonia Orellana, los tribunales han ordenado el pago de más de 830.000 millones de pesos en pensiones alimenticias atrasadas, de los cuales ya se han pagado más de 318.000 millones de pesos. Estas cifras no solo demuestran la efectividad de la ley, sino que también destacan su capacidad para transformar vidas y reafirmar el derecho a la justicia para muchas familias y especialmente para niños, niñas y adolescentes.

La Ley Nº 21.484 no solo ha demostrado ser efectiva, y ha permitido a Chile dar un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas, particularmente las emanadas de la Convención de los Derechos del Niño (1989) sino que también ha cambiado la percepción pública sobre la seriedad del incumplimiento de las obligaciones parentales. Su éxito refuerza la noción de que las leyes no son meras formalidades, sino instrumentos poderosos de cambio social y justicia, cuando han sido bien diseñadas y pensadas. Este aniversario no solo celebra un año de su promulgación, sino también reconoce su papel en la creación de una sociedad más justa y responsable.