Los resultados de la Primera Encuesta de Evaluación de Confianza en las Instituciones, centrada en el sistema judicial chileno, son un llamado de atención que no podemos ignorar. Con un contundente 83% de chilenos expresando poco o ningún nivel de confianza en las instituciones judiciales del país, se evidencia una brecha significativa entre la sociedad y aquellos encargados de administrar justicia.

Los números no mienten: todas las instituciones evaluadas -Tribunales de Familia, Fiscalía, Defensoría Penal Pública y Tribunales de Justicia- recibieron calificaciones insatisfactorias, con un promedio lamentable de 2,7 para los Tribunales de Justicia. Esta falta de confianza se ve reflejada también en la percepción de la población sobre la influencia de la condición socioeconómica en el proceso judicial, con un preocupante 41% de quienes han acudido a tribunales en los últimos dos años precisando este factor como determinante, destaca el estudio elaborado por la Universidad Gabriela Mistral y Black&White.

Reconstruir la confianza perdida es tan urgente como necesario, por tratarse de un poder del Estado. Esta tarea no solo implica medidas estructurales, como la mejora de los procesos judiciales y la transparencia en la administración de la justicia (materias en las que ha habido notables avances), sino también un esfuerzo por parte de las autoridades para abordar las percepciones de injusticia arraigadas en la sociedad.

Es alentador ver que una parte significativa de la población aún cree en la vía legal para resolver conflictos, con un 42% considerando que concurrir a un tribunal es el camino correcto. Sin embargo, es preocupante que un 17% esté dispuesto a tomar la justicia por su propia mano, lo que subraya la urgencia de restaurar la fe en las instituciones judiciales.

Es esencial que el sistema judicial chileno no solo busque corregir sus deficiencias internas, sino también abordar las percepciones de injusticia arraigadas en la sociedad. Esto implica promover una mayor equidad y acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de cualquier factor.

Hace cuatro meses se dio inicio al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ) entre las regiones de Arica-Parinacota y Coquimbo, servicio que se está implementando de manera progresiva en el país y que dará un cierre definitivo al Servicio Nacional de Menores (Sename) el 2026.

El SRJ tiene como objetivos modificar la conducta delictiva y promover la integración social de las y los jóvenes que han estado en conflicto con la ley entre los 14 y 17 años y que son derivados a nuestro servicio por los tribunales de Justicia, ya sea por una medida cautelar o para cumplir una sanción. Para que estos jóvenes y adolescentes salgan adelante y logren la tan anhelada reinserción, es necesario trabajar en conjunto, ya que todos los actores cumplen un rol fundamental durante el proceso.

El Estado brinda las herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, transformando y mejorando sus vidas. Un ejemplo de ello son los diversos programas y talleres que se ejecutan en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP-IRC) de Antofagasta, en que se entregan conocimientos y se desarrollan habilidades que son primordiales para avanzar en la reinserción. Todas las actividades ejecutadas tienen un propósito y un motivo por el cual se realizan, y forman parte de un modelo de intervención especializado y personalizado, centrado en los jóvenes y sus familias. Esos esfuerzos tienen efectos positivos para toda la sociedad, ya que la evidencia demuestra que aproximadamente el 60% de los jóvenes que infringieron la ley deja de delinquir en su transición a la edad adulta.

Como parte de ese trabajo es primordial la coordinación de diversas instituciones estatales, y por ello se realizan periódicamente reuniones de coordinación del Comité Operativo Regional (COR), y también se ha tratado este importante tema en los consejos regionales a los que como servicio hemos asistido, por ejemplo, el Consejo Regional de Seguridad Pública, liderado por la delegada presidencial regional, Karen Behrens, en el que diversas instituciones hacemos nuestro aporte en un aspecto que es prioritario para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Construir caminos de oportunidades que alejen a los jóvenes del delito y la violencia también es tarea del mundo privado, en especial de quienes pueden abrirles opciones laborales. Quienes les dan la posibilidad de un empleo no están haciendo una apuesta en solitario, pues existen equipos profesionales que ayudan a la intermediación laboral y acompañan a los jóvenes cuando se insertan en sus trabajos.

La tarea es ardua, pero no podemos bajar los brazos cuando un joven entra en conflicto con la ley. Todos podemos colaborar para evitar que un delito cometido tempranamente determine el futuro de un joven.