El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a fin de materializar la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Pública y de su eje estratégico, el Plan Nacional contra el crimen organizado, ha dispuesto para la ejecución de estas y otras políticas públicas -destinadas a la prevención y el control de la criminalidad- que nuestra delegada presidencial regional Karen Behrens, encabece en forma permanente tanto el Comité Policial, como el Consejo Regional contra el crimen organizado. Ambas instancias que principalmente organizan el trabajo de las policías y de los órganos encargados de la prevención y persecución del delito.

En tanto, en el ámbito del sistema penal, sesionó en la región y presidida por esta Seremi, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, instancia de origen legal creada por la ley 20.534, de carácter permanente, y además de coordinar, realiza el seguimiento y evaluación del sistema procesal penal en la región respectiva, así como también puede sugerir propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento del mismo, y la integran en la región, el Presidente de la Corte de Apelaciones, el Fiscal Regional, el Defensor Regional, el Jefe de Zona de Carabineros, el Jefe de Zona Policial y por el Presidente del Colegio de Abogados. En la comisión, el ánimo es de alto sentido de crítico y de cooperación, pero sobre todo de comprensión de la función del Estado en la persecución del delito.

Frente a la natural pregunta, sobre cuál sería el sentido práctico de las instancias descritas, me detendré en esta última, pues se trata de una instancia donde es posible brindar de manera directa, una justificación crítica de su uso exhaustivo como herramienta de gestión de los problemas en este nivel. Pues bien, constituye un hecho de la causa la situación actual de las unidades penales en el país y en la región, en cuanto al exponencial aumento de personas privadas de libertad, tanto en calidad de condenados, como de imputados, y las consecuencias que de ello derivan para el sistema penitenciario.

Con responsabilidad y sentido de seguridad pública, se ha realizado en esta comisión una exhaustiva evaluación del sistema procesal penal, incluyendo la estadística penitenciaria, presentada tanto por Gendarmería de Chile, como bajo el enfoque de la Defensoría Penal Pública. Esta comisión definió en una sesión previa, abordar los ejes estratégicos, prisión preventiva y sistema carcelario. En cuanto a la prisión preventiva, la discusión tuvo como telón de fondo, la independencia de los jueces penales en imponer la misma, y por cierto la exclusividad del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público en cuanto a solicitarla.

Pues bien, por qué se estableció como eje estratégico la prisión preventiva, porque el aumento de la persecución penal impacta en todos los niveles, esto es, a todas las instituciones que forman parte del circuito judicial, es así como la población penal ha aumentado frente a una mayor intensidad punitiva. Tómese nota en este punto, que el Ministerio Público en la región, bajo la mano del Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, ha realizado incautaciones de drogas históricas durante el mes recién pasado, lo que por cierto no habla de una persecución penal altamente eficiente.

Por otra parte, nuestro Ministerio en conjunto con el de Obras Públicas se encuentra ejecutando el Plan de Infraestructura Penitenciaria a nivel regional, considerando que el fenómeno delictivo se intensificó exponencialmente, aumentando las exigencias para fiscales y jueces, como para el sistema penitenciario, por lo que el esfuerzo en el brevísimo plazo, se enfoca en gestión, en como reordenamos nuestros recursos institucionales para acelerar los procesos penales manteniendo los estándares de calidad, a fin de acortar en un primer nivel, la brecha de personas privadas de libertad con juicios pendientes, e intensificar el uso de plazas para las personas condenadas a la pena privativa de libertad, a fin de posibilitar, el mejor control de la población penal, que incluye seguridad penitenciaria y acciones de reinserción.

Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello se promovió la cooperación público-privada, entendiendo que se trata de un asunto que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa modificó la legislación de 1994 y estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en esta condición, o bien optando por alternativas como realizar donaciones o subcontratando personal. Asimismo, eliminó la disposición que establecía que se les pagaría un sueldo menor al mínimo.

En lo fundamental, lo que pretendió esa legislación es facilitar la inclusión y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Es cierto que la legislación ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta mucho por avanzar, en especial respecto de más oportunidades, junto con un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darles todas las oportunidades posibles.