Casi 1.300 mártires registra Carabineros en su historia. El último caso es el teniente Emmanuel Sánchez, funcionario asesinado el miércoles pasado en Santiago, un hecho ocurrido a poco más de un año del asesinato del cabo Daniel Palma, quien falleció el miércoles 5 de abril de 2023 producto de un proyectil balístico que impactó en su cabeza en el marco de un procedimiento policial.

El deceso de Sánchez se produce en un momento de creciente preocupación por los niveles de inseguridad, en particular por los delitos de alta connotación social, como este caso: el ataque y crimen de un uniformado.

La muerte del teniente Sánchez -de paso por nuestra Región- tiene también varias repercusiones en lo político, además de alimentar el encono que se está gestando entre la población criolla en contra de los inmigrantes, en particular venezolanos, quienes aparecen vinculados con el crimen del carabinero. Eso se ha tornado peligroso al acusar a toda una nacionalidad de determinados comportamientos o características.

La terrible muerte del teniente Sánchez es también un nuevo ejemplo de cómo ha cambiado el accionar de delincuentes: más osados, agresivos y dispuestos a enfrentar a quien se ponga por delante.

Es bastante estéril el discutir respecto a cuánto asidero tiene el miedo nacional al delito, considerando que hay cifras y mejoras observadas en varios indicadores. Deberá reconocerse que muchos ciudadanos ya no denuncian por desconfianza en el sistema, al considerar que poco o nada se consigue iniciando un proceso.

Las personas están dejando de ver en el sistema de Justicia el camino correcto y único para enfrentar estos hechos.

Será inevitable discutir otra vez la necesidad de mayores atribuciones para la policía uniformada, teniendo presente la nueva forma de delinquir, pero también habrá que exigir una preparación más exhaustiva de los carabineros.

El pasado viernes y fruto del acuerdo alcanzado en el marco de la ley de Royalty en mayo del 2023, que adelantó recursos a través del Fondo Puente, el Gobierno transfirió $94.000 millones a 307 comunas del país: $23.000 millones a 43 comunas mineras, para compensar las externalidades de la minería; y $71.000 millones a las 300 comunas con menos recursos. Estos montos beneficiarán a partir de este año a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos, y al 89% de los municipios del país. Los aportes son muy significativos. Por ejemplo, Antofagasta recibe casi $1.000 millones y el próximo año los montos se duplicarán.

Estos aportes son uno entre muchos beneficios que acarreó el Royalty. Su aprobación en el Congreso resolvió una larga discusión sobre la tributación de la minería. Por años, y con justa razón, muchos consideraban que era necesario elevar la participación del Estado en las rentas del cobre para ir en beneficio de la ciudadanía. Otros ponían el acento, también con justa razón, en preservar los incentivos a la inversión.

Tras mucho diálogo impulsado por el Gobierno con los partidos políticos, el sector privado, académicos, las comunidades locales y la ciudadanía en general, logramos ponernos de acuerdo en una fórmula que permitió armonizar ambos anhelos mediante una forma novedosa de resolver el problema de la carga tributaria, estableciendo un techo global que otorgó certeza a la inversión.

Además de los aportes a los municipios, el Royalty permitió la creación del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, de beneficio de los Gobiernos Regionales. En total, desde el 2025 se realizarán aportes por US$450 millones para las comunas y regiones. Otro, US$900 millones irán a las arcas fiscales para, principalmente, reforzar el financiamiento en seguridad pública.

Con estos recursos, en la Región de Antofagasta, por mencionar un caso, la comuna de Tocopilla podrá contar con el primer Centro de Residuos de Construcción y Demolición, cuidando el medioambiente y dando calidad de vida a los vecinos.

La aprobación del Royalty permitió despejar la incertidumbre elevando la inversión minera. De hecho, la inversión privada a 2027 alcanzará más de US$21.000 millones, en circunstancias que antes de esta Ley los proyectos en carpeta en el mismo período eran apenas un tercio de ese monto.

Asimismo, acordamos constituir una mesa de trabajo entre el Estado y los privados donde se identificaron 20 medidas para reducir en un tercio los tiempos de tramitación de permisos para proyectos mineros, agenda que está en plena fase de implementación.

La ley de Royalty fue fruto de un acuerdo amplio. Como ocurre usualmente, todos tuvimos que ceder. Probablemente la industria hubiera deseado una carga tributaria algo más baja, y el Gobierno inicialmente buscaba una recaudación un poco mayor. Los hechos demuestran que cuando todos flexibilizamos en pos de un objetivo mayor, los resultados benefician a todo el país.