En este país tan normativo, siempre estamos chocando con los límites de la interpretación de las leyes, mas no con las legislaciones vigentes mismas. Esto particularmente me preocupa porque pareciera ser que el poder normativo (Ian Manners, 2000) constituye un 'supra poder' que termina apoderándose del mainstream de la opinión pública y zanjando discusiones políticas de alto vuelo. El famoso 'criterio Tohá', que de seguro fue un invento de los medios de comunicación a través del ejercicio periodístico, permite un análisis mucho más complejo que el propuesto por Carlos Peña en su columna dominical.

La visión normativa de Peña en favor del Director General de Carabineros es que la formalización constituiría una especie de 'tómese presente que se ha abierto una investigación en su contra', y debe ser notificado al respecto. Sin embargo, este 'warming up' no aplicaría para la figura del alcalde Daniel Jadue, no por su 'condición comunista', sino porque ya las investigaciones irían muy avanzadas (dos años); situación que también sería aplicable al ex Director de la PDI. Sin duda que el Rector de la UDP tiene razón al decir que la sola formalización no implica culpabilidad y que finalmente hasta que se demuestre lo contrario, se presume la inocencia de la persona formalizada.

Sin embargo, permítanme la osadía de diferir de la variable normativa expuesta por Peña que precisa que la gente formalizada debe seguir en sus cargos. Me parece que el criterio Tohá, si es que realmente existe, obedece a un contexto internacional de vuelta a los 'radicalismos maniqueístas' (la división extrema entre lo bueno y lo malo), y a una visión de exigir un actuar ético intachable a nuestras autoridades, pues en caso contrario, nos podríamos hacer la pregunta de "quién nos cuidará de quien nos cuida" (< >). Esta especie de 'estrategia mano dura' nos gusta solamente para un lado no más, pero para ser aplicada en quien tiene el poder económico y político, nos ofende y nos parece agresiva, inconstitucional y no aplicable. Para esto tiramos todas las definiciones normativas a la parrilla para justificar la manga ancha por un lado y la adhesión irrestricto al estado de derecho por la otra. Es importante entender que ante la ley todos/as somos iguales.

Si pensamos en el caso de Ricardo Yáñez y la situación del Ministro de Vivienda Carlos Montes frente al caso Democracia Viva, nos perdemos en las responsabilidades del poder. Quienes hemos estado en cargos de responsabilidad sabemos que frente a cualquier circunstancia, aun cuando nos enteremos por la prensa de la mala gobernanza de los mandos medios, es nuestra obligación tomar la responsabilidad y dar un paso al costado en situaciones de crisis. Necesariamente se requiere una ética en el ejercicio del poder, pero también una madurez política para no echarle la culpa al empedrado o hacer pasar la responsabilidad por un costado como si fuera un partido de 'querach'. Por esta razón, he criticado la escasa voluntad política para asumir responsabilidades del actual alcalde en la trágica situación de Katherine Yoma. El poder se ejerce, y se ejerce con todas las responsabilidades a cuesta, lo contrario podría pasar por cobardía, ineptitud o timidez política.

Como una última variable de análisis, la teoría política tradicional y la contemporánea comprenden que lo político es anterior a lo normativo, dado que en la conformación de la 'ciudad-polis' y luego de los estados-naciones, se requiere de un debate sobre la constitución del Estado. Por ende, más allá del criterio Tohá, el ejercicio de la política implica una ética en la gobernanza y la toma de conciencia responsable sobre decisiones y el manejo del poder.

Una excelente noticia entregó el Ministerio de Obras Públicas tras confirmar que este año serán licitadas las autopistas desde Antofagasta a Iquique y de Antofagasta a Caldera. De manera, el país contará con una doble vía que recorrerá la geografía desde la Región de Tarapacá, hasta la Región de Los Lagos, frente a la Isla Grande de Chiloé.

Se trata de una cartera de US$ 1.651 millones, desarrollos que crearán trabajo, mejorarán las eficiencias y la seguridad en el transporte de pasajeros y carga.

Estas obras se suman a las ejecutadas en la doble vía que unirá la capital regional con Calama, de modo que vienen a poner un mejor estándar a la conectividad de nuestra región y de todo el Norte Grande.

El primer proyecto consiste en el tramo Antofagasta - Iquique y considera la ampliación a doble calzada en una ruta de 353 kilómetros aproximadamente, además del mejoramiento, construcción, mantención y explotación de las obras preexistentes.

El presupuesto estimado es de US$ 720 millones.

Para el tramo Caldera - Antofagasta de la Ruta 5 también se realizará una ampliación a doble calzada de 460 kilómetros aproximadamente, salvo en la pasada por Chañaral, en donde se está planteando una solución urbana en calzada simple, además del mejoramiento, construcción, mantención y explotación de las obras preexistentes de Ruta 5. El presupuesto de esta licitación es de US$ 931 millones.

El proceso de licitaciones de infraestructura, en la gran mayoría de los casos, ha sido exitoso y beneficioso para Chile, pues nos ha permitido contar con obras impensadas mediante recursos estatales. Solo es de esperar que el plan se concrete y nuestro territorio se ponga a tono de lo que el resto de Chile ya tiene.