Recientemente la Universidad San Sebastián dio a conocer la Encuesta cuantitativa "Chile Nos Habla" sobre Seguridad, muestreo que saca una fotografía a marzo de 2024. Los resultados indicaron que la mayoría de los encuestados percibieron -en los últimos 6 meses- un aumento en la delincuencia y en la violencia. Además, se evidenció un alto nivel de temor en la población, lo que llevó a cambios en los hábitos personales y la implementación de medidas de seguridad, tanto en viviendas como en vehículos. En cuanto a las instituciones, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones fueron evaluadas como las más eficientes en materia de seguridad, mientras que se presentaron propuestas para combatir la delincuencia, como el uso de armas de fuego por parte de inspectores municipales de seguridad ciudadana.

La encuesta proporciona una visión detallada de la percepción de la seguridad en Chile, una mirada sobre los efectos y no las causas de ella. Desde allí que es necesario traducir sus resultados desde los factores de riesgo necesarios a atacar para que no deriven en acciones delictivas. Queda claro que la presencia del crimen organizado se percibe de manera más evidente y sus efectos, eventualmente, caminan a la democratización de la violencia, traspasando fronteras territoriales de la mano del narcotráfico y grupos extorsivos.

Es imprescindible comprender que esto no es aleatorio ni fortuito. El desarrollo del negocio delictivo está cambiando y busca mayor control territorial, desde el interior de las cárceles a las fronteras.

Las organizaciones delictivas están anclándose en cédulas de carteles internacionales expertas en el mercado de las drogas y armas, así como también en negocios de apoyo como la Trata y la explotación sexual. Hoy los grupos extorsivos suman estrategias que buscan anular la cohesión social en los territorios donde actúan, para ello reclutan a niños y jóvenes, muchos de ellos excluidos del sistema escolar, otros desertores del sistema de protección de Mejor Niñez, niñas captadas a la salida de una residencia para redes de Explotación Sexual Comercial Infantil. De esta manera se busca la ineficacia de la persecución penal, toda vez que se sustenta en inhibir la cooperación de la comunidad con la autoridad, pues sus hijos realmente están secuestrados por estas bandas que los seducen con la Narco cultura y símbolos de poder, ecuación que deriva en trayectorias violentas que se expresan en este aumento sostenido de la percepción de inseguridad. De hecho, Carabineros ha informado que 1 de cada 3 miembros de bandas son Niños y adolescentes, que en 45% aumentó la participación de este grupo en robos violentos. Asimismo, cada semana en promedio muere a lo menos un niño, 4 de cada 10 de ellos son víctimas aleatorias de la trayectoria de una bala loca o del enfrentamiento de bandas. En menos del 30% del territorio sucede el 70% de los homicidios, es evidente dónde actúa el crimen organizado. Tenemos el diagnóstico. Ahora es el momento de actuar.

La seguridad ha ocupado un lugar central en la agenda nacional durante varios meses, y recientemente ha surgido un intenso debate sobre si las Fuerzas Armadas deberían involucrarse en la lucha contra la creciente criminalidad.

Numerosos alcaldes han instado al Gobierno a "sacar a los militares a las calles" para que actúen como agentes de protección para la población.

Según la reciente encuesta Cadem, la mayoría de los chilenos respaldan un papel más activo de las Fuerzas Armadas en este combate: un 83% está de acuerdo con que protejan la infraestructura crítica, un 89% con que ayuden a combatir el narcotráfico y un 80% con que participen en labores de seguridad ciudadana.

Sin embargo, surge la complicación de que, aparte de la protección de infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para enfrentar a bandas criminales o narcotraficantes. Su entrenamiento está orientado hacia el enfrentamiento en escenarios de guerra, no hacia el control civil. Este dilema ha generado reticencia por parte del alto mando militar, ya que no desean ver a sus efectivos enfrentando situaciones legales complejas relacionadas con los derechos humanos.

Además, la detención de criminales plantea desafíos, pues no se ha establecido un marco claro para la actuación de los militares en estas circunstancias.

Una alternativa más viable podría ser el fortalecimiento de las actuales fuerzas policiales mediante mayor dotación de personal, tecnología avanzada y mejor coordinación en la persecución del crimen.

No obstante, es imperativo tomar medidas que brinden mayor seguridad a la población, ya sea mediante la participación de las Fuerzas Armadas con un marco legal claro y una preparación adecuada, o mediante la mejora de las capacidades de las fuerzas policiales existentes.