El reporte anual del cumplimiento de metas del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Ministerio de Vivienda (Minvu) confirma, lamentablemente, el rezago que exhibe la región en respuestas adecuadas y oportunas a uno de los problemas sociales más críticos de los últimos 25 años.

Si al cristalizar el PEH el Minvu sostuvo la idea en la urgencia de atender, con las herramientas del Estado, la sobredemanda de vivienda sociales, lo de la Región de Antofagasta, debería considerarse la zona 0 del problema. Las olas migratoria que ha registrado la región han dado como resultado un crecimiento desbordado de campamentos a lo largo del borde-cerro de casi toda la ciudad. Un reciente informe del Instituto de Políticas Públicas de la UCS, señala que los terrenos en el extremo norte alto de la ciudad se convierten, a pasos agigantados, en otro lugar para el establecimiento de extensos terrenos de asentamientos irregulares. Todo esto, ante la obsoleta acción del Estado y la baja capacidad de fiscalización de organismos regionales.

El 11,9% de avance del PEH refleja no solo las múltiples dificultades para el desarrollo de proyectos de vivienda social, sino la incapacidad del Estado de ajustar respuestas adecuadas a una situación que viene creciendo sostenidamente durante 20 años. Es decir, pese a los innumerables diagnósticos, el Estado ha sido incapaz de elaborar una respuesta pertinente a una situación que se multiplica en todo el extremo norte del país.

En perspectiva, tampoco existen medidas que permitan en el mediano plazo, afirmar que políticas públicas adecuadas generarán una mejora en las condiciones ya existentes. Básicamente las herramientas y respuestas de la autoridad de vivienda se limitan al usos de metodologías que superan con creces las necesidades de vivienda y ordenamiento territoriales.

Y es que sin nuevas herramientas, el resultado de las actuales soluciones, solo contribuirán a repetir errores en la construcción de ciudad en el Norte Grande.

Hace algunos días, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), fue convocada a la Comisión de Minería y Energía del Senado para conocer su visión respecto del Proyecto de Ley que modifica diversos aspectos de la legislación en materia de estabilización tarifaria energética.

Como empresa parte de este gremio que se dedica a impulsar y promover activamente el desarrollo de energías limpias y sostenibles en el país, desde wpd Chile valoramos la generación de este tipo de instancias donde es posible debatir sobre la propuesta normativa y destacar cómo -además de apoyar el proceso de descarbonización que debe experimentar nuestra matriz energética en un contexto de crisis climática-, también se hace cargo de temáticas que son fundamentales para los consumidores.

De esta manera, el Proyecto de Ley de Estabilización Tarifaria aborda tres grandes desafíos. En primer lugar, busca proteger a los clientes regulados, ya que al estabilizar los precios de las tarifas eléctricas disminuye la incertidumbre y la entrega de un subsidio transitorio puede beneficiar a los consumidores más vulnerables con una reducción de hasta el 35% en sus cuentas. Además, la propuesta considera sincerar y actualizar los precios de la energía, que se han mantenido congelados desde 2019 con medidas de estabilización transitorias. Por último, vemos un aporte en el mecanismo de pago de deuda acumulada, lo que permitirá subsanar la deuda con los prestadores del suministro eléctrico y las empresas generadoras.

Recordemos también que existe un importante factor que necesita ser corregido: si bien Chile está produciendo una gran cantidad de fuentes limpias y cuenta con varios proyectos en etapa de construcción (en 2023 el segmento de la generación renovable no convencional registró inversiones equivalentes a 1.718 millones de dólares, según ACERA), una buena parte de esta energía no puede utilizarse, ya que las restricciones del sistema de transmisión y la actual normativa vigente han hecho que cerca de un 30% de la energía renovable de fuentes variables no pueda inyectarse debido a congestiones y condiciones de operación de las redes de transmisión.

Incluso aunque esa energía limpia lograra ingresar a la red, ésta simplemente no se valoriza. Lamentablemente, aún hay zonas en el país donde cerca del 50% de la energía que se inyecta a la matriz tiene un costo cero debido a regulaciones de un modelo de mercado eléctrico que no se han modificado en los últimos 40 años.

Si a esto le sumamos el hecho de que la matriz energética del país todavía se compone en gran medida de combustibles fósiles contaminantes y no remunera adecuadamente las fuentes de energía limpias, tenemos como resultado el entorpecimiento de la necesaria y urgente transición energética que necesita Chile y al mismo tiempo, estos vertimientos de energía limpia que impactan económicamente en la cuenta de la luz y en el bolsillo de miles de chilenos.

Hoy en día, los proyectos energéticos en construcción que se instalarán en Chile entre 2024 y 2025 totalizan una inversión de 6.733 millones de dólares, una cifra muy relevante y significativa que secunda las inversiones en el sector de la minería del cobre.

Pero para aprovechar realmente estos beneficios y traducirlos en una disminución en las tarifas sin sacrificar la calidad del servicio eléctrico, es fundamental aprobar proyectos de ley que operen de manera acorde a los tiempos actuales, den más certeza a los inversionistas extranjeros que invertirán en la industria de las ERNC y se establezca una ruta progresiva donde el precio de la energía vaya acercándose hasta reflejar efectivamente el costo de producirla. Sólo así avanzaremos en el camino hacia la transición energética sustentable, generando energía limpia y libre de CO2 que sea asequible, sólida, competitiva y que contribuya al bienestar de las personas y del medio ambiente.

Recientemente el Ministerio de Salud reveló que, durante 2022, 44.000 personas murieron mientras estaban esperando una atención de salud, lo que ha vuelto a poner en la palestra las listas de espera.

No podemos permitir que esto se normalice, como una realidad silenciosa que está frente a nuestros ojos, pero que no queremos ver. Según cifras del propio Ministerio, 318.923 personas están esperando una atención de especialidad en oftalmología; 217.817 personas en otorrinolaringología; 154.378 en ginecología, 146.743 en traumatología ¿La especialidad con más personas esperando? Odontología, con 448.181

A lo anterior se suma que, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud actualizados a noviembre de 2023, el promedio de días de espera para consultas odontológicas no GES es de 244 días, es decir, más de 8 meses de espera.

En un país donde hay más de 30.000 dentistas autorizados para ejercer, por encima de la recomendación de la OMS de 1 dentista cada 2.000 habitantes, resulta paradójico que la lista de espera odontológica sea la más grande del país, generando impacto en el bienestar de las personas y en la economía de las familias, debido al alto gasto de bolsillo que implica (el cuarto más grande según encuestas del INE en el ítem salud).

Urge entonces que la fila avance no solo en los pacientes, sino que también en la prioridad política de adoptar medidas innovadoras que fortalezcan las capacidades en el sector público y al mismo tiempo la colaboración con prestadores privados que pueden ayudar a resolver este problema histórico.