La situación de Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, encierra una compleja trama que entrelaza principalmente los conceptos de política y corrupción. Andrade, actualmente en prisión preventiva en el marco del "caso convenios", ha sido imputado por delitos de corrupción, un hecho sustancialmente diferente a ser un prisionero político. La distinción es crucial: mientras que la prisión política se caracteriza por la detención basada en creencias, discursos o asociaciones políticas, en ausencia de delitos penales, Andrade enfrenta acusaciones específicas de corrupción y fraude, que incluso sugieren una red espuria mucho más amplia creada para desviar los recursos destinados a satisfacer necesidades de las personas más pobres a otros fines, ya sea de enriquecimiento personal o políticos, como es por ejemplo, la implementación de un mecanismo de financiamiento a partidos políticos y su intento de copar territorios.
La carta publicada por su familia en Instagram, donde se autodenomina prisionero político, ha generado diversas reacciones en la esfera política y en la opinión pública. La autocalificación de Andrade se aparta del concepto técnico que define la prisión política. En efecto, Andrade, en lugar de ser una víctima de persecución por sus ideas políticas, se encuentra inmerso en un proceso legal por supuestas acciones corruptas constitutivas de delitos.
¿Qué hay detrás de la carta publicada por el ex militante de Revolución Democrática?
La estrategia comunicacional podría interpretarse como un intento de redefinir su posición a los ojos de la opinión pública, buscando transformar su imagen de acusado por ser una persona corrupta en la de víctima de una injusticia política.
No obstante, no sería descabellado escrutar la posibilidad de que la autodenominación de Andrade como un prisionero político funcione como una señal encubierta dirigida a ciertos individuos, en particular a los miembros de su antiguo partido político. Tal declaración podría interpretarse como una táctica calculada, una advertencia velada de que no aceptará un papel de chivo expiatorio sin más, sugiriendo así que hay otros comprometidos en el escándalo. El propósito de tal estrategia podría ser doble: por un lado, ejercer presión sobre sus cómplices para obtener apoyo que mitigue su situación legal; por otro, desviar la mirada de sus propias acciones implicando a figuras de mayor envergadura en la red de corrupción.
En conclusión, la afirmación de Andrade de ser un prisionero político no concuerda con la definición tradicional de este término. Su situación parece estar más relacionada con acusaciones penales enmarcadas dentro del Estado de Derecho que con una persecución por sus ideas políticas. La interpretación de sus acciones y declaraciones puede verse como parte de una estrategia comunicacional dirigida a influir en la percepción pública y posiblemente en el desarrollo del proceso penal en sí. Sin embargo, la verdadera intención detrás de estas acciones y declaraciones es algo que solo puede ser plenamente conocido por Andrade mismo y su entorno cercano, y quizás por aquellas personas a las que eventualmente pueda ir dirigido el mensaje contenido en la carta publicada el 31 de diciembre pasado.
Silenciando las voces costeras y andinas
En medio del estruendo económico generado por la fiebre del litio en Chile, emerge un silencio ensordecedor que revela una verdad incómoda: el gobierno ha optado por cerrar los oídos a los clamores de los pueblos chango y atacameño. Más allá de las proyecciones económicas, esta política minera está marcada por la omisión deliberada de las voces indígenas, marginando sus derechos en nombre del progreso.
Recientemente, el Presidente del país anunció un acuerdo entre Codelco y Soquimich, ahora renombrada SQM, asegurando que el pueblo atacameño estaba representado en una mesa tripartita. Sin embargo, el Consejo de los Pueblos Atacameños señaló que el acuerdo se había pactado a sus espaldas.
El secado de salares, presentado como una estrategia técnica, se convierte en un acto de despojo cultural al privar al pueblo atacameño de su conexión ancestral con la tierra. La indiferencia gubernamental ante este impacto demuestra una falta de reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, cuyas voces son ahogadas en el estruendo de la maquinaria extractiva.
La instalación de desaladoras en el mar para satisfacer las necesidades de las mineras añade otra capa de silencio, afectando esta vez a los habitantes del pueblo chango. La costa, su hogar y fuente de subsistencia, es relegada al olvido en la vorágine de la explotación minera. La negativa a escuchar las preocupaciones de esta comunidad revela una insensibilidad gubernamental que pone en peligro sus modos de vida y su arraigada relación con el entorno marino.
La política minera del litio en Chile no solo explora el subsuelo en busca de riqueza, sino que también excava una profunda brecha entre el gobierno y los pueblos indígenas. El diálogo ausente, la falta de consulta y la decisión unilateral marcan una actitud que desatiende los principios de participación y respeto consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Es imperativo que la sociedad chilena y la comunidad internacional se sumen a la demanda de escuchar a los pueblos chango y atacameño. No se trata simplemente de litio; se trata de derechos humanos, de preservar culturas milenarias y de construir un futuro que respete la diversidad y la sostenibilidad. Mientras persista la sordera gubernamental, la promesa de progreso se desvanecerá en el eco de las voces ignoradas.
