Ayer se inició la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 en la Cámara de Diputados, debate que fue accidentado, ya que por negativa de la bancada del Partido Republicano se impidió la presencia de la directora de la Dipres, Javiera Martínez, a quien la oposición acusa por ser responsable en parte del caso convenios pues el año pasado en esta misma instancia se flexibilizó la norma que permitía traspasos de los Gobiernos Regionales y se eliminaron los requisitos de experiencia que debían tener las fundaciones para adjudicarse fondos.

En dos ocasiones los republicanos negaron la unanimidad necesaria para la exposición de Martínez: primero fue en la reunión de jefes de bancada, lo que obligó a pedir el permiso en la sala, oportunidad en que los diputados de ese partido volvieron a negarse.

Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, debió exponer solo acompañado por la subsecretaria Heidi Berner. Por ello el secretario de Estado advirtió que "es fundamental poder contar con la información proveniente de todo el trabajo anterior de este Presupuesto, tanto su preparación en el Ejecutivo, lo que fue la ejecución del Presupuesto o lo que ha sido la ejecución del Presupuesto del año 2023, lo que está contenido en las glosas, la referencia a la legislación permanente, la interrelación entre distintos componentes del Presupuesto. Y creo que es importante decirle, presidente, que la única institución capaz de dar esa respuesta a todas esas preguntas es la Dirección de Presupuesto".

"Siendo yo ministro de Hacienda y habiendo sido director de Presupuesto durante seis años, no estoy en condiciones de responder a todas las preguntas que ustedes van a tener", enfatizó Marcel. Por ello emplazó a los diputados a hacerse cargo de la decisión que se tomó y llamó a "reconsiderar" el ingreso de Martínez: "La única implicancia (de dejarla fuera) es privar el debate de toda la información necesaria".

El presidente de la Asociación de isapres, Gonzalo Arriagada, asistió ayer a la Comisión de Salud del Senado, en el marco de la discusión por las indicaciones que el Gobierno ingresó hace unos días a la ley corta de Isapres, oportunidad en la que advirtió de graves consecuencias que puede tener la aplicación de la prima GES definida por la Corte Suprema.

El representante de las aseguradoras privadas de salud señaló que "el fallo de GES es un elemento gravísimo. Si se aplicará el GES, lo más probable es que, no más allá de tres meses, las isapres no podrían mantener el equilibrio, mantener las coberturas".

El dirigente detalló que "estamos hablando de alrededor de 60.000 millones de pesos mensuales de menores ingresos. Como lo pudo comprobar la comisión técnica, estamos hablando del 12% de los ingresos de las compañías. Y las compañías están en un equilibrio precario. Entonces no podrían soportar esa disminución de ingresos".

Arriagada también expuso que "es muy importante hacerse cargo de esa urgencia. Sabemos que existe cierta disposición para encontrar una solución a ese tema, pero hay que hacerlo en el corto plazo".

El fallo por las primas GES anuló las alzas aplicadas desde octubre pasado, por lo cual las isapres deberán aplicar los precios del periodo anterior 2019/2022 y autoriza un ajuste equivalente a hasta 7,22 UF anuales (263.395 pesos al valor de ayer) a las aseguradoras que asignaron montos inferiores durante el periodo previo.

Debido a esta sentencia, las isapres deberán devolver los cobros en exceso aplicados a los afiliados -monto que dependerá del caso de cada isapre- y la disminución de sus ingresos futuros, lo que sería el efecto más inmediato considerando que debe aplicarse apenas entre en vigencia el fallo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó el viernes que se pagó una cifra millonaria por el rescate de un empresario secuestrado en la Región de O'Higgins, hecho que despertó críticas ante un eventual aumento de este tipo de ilícitos. El fin de semana esta situación se vivió dos veces en Tarapacá y, ayer, el subsecretario Manuel Monsalve dijo que "la primera tarea de las instituciones del Estado es rescatar con vida a ese hijo, hermano, madre o padre".

"Esa capacidad de cómo se rescata con vida a esa persona está radicada en las capacidades del Ministerio Público y de las policías. Y hay que confiar en esas capacidades", agregó la autoridad, junto con destacar la existencia de "manuales respecto a cómo se manejan delitos de esta complejidad".

En medio de la tensión por liberar a la persona aprehendida, "eventualmente, puede haber negociación" con los antisociales, dijo Monsalve. "Cuando hay un secuestro, hay una vida en juego, y hay que dejar que los equipos especializados tomen las decisiones que consideren correctas para salvar la vida de la persona y para llevar adelante la investigación que permita identificar y detener a los responsables".

"Con toda la gravedad de estos hechos, en los tres secuestros de los últimos días se ha rescatado a la víctima con vida, se han tomado detenidos", subrayó el subsecretario y, "desde hace muchos años, el secuestro es un delito que tiene una tendencia al alza a nivel mundial".

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que los secuestros son "un desafío que, probablemente a ese nivel de sofisticación y complejidad, no habíamos enfrentado, pero estoy seguro que vamos a poder ir perfeccionando cada vez mejor nuestro protocolo".

Aunque las 35 horas que pasó desaparecido el empresario rancagüino, "si bien es un asunto que tiene particularidades que lo diferencian de manera bastante notoria de otros, no nos pilló desprevenidos", señaló el persecutor, aunque sin referirse al pago por el rescate.

El exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo en CNN durante la víspera que la ministra al revelar el factor financiero "fue imprudente", ya que "hay manuales respecto de cómo manejar este tipo de situaciones", donde "lo lógico es que haya sido una comunicación combinada y conjunta con las autoridades que llevaban a cabo la negociación".

"¿Cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía (con las palabras de Tohá): ¿fue el Estado capaz de resolver esta situación? ¿O se resolvió de la manera de aquellos que cometieron el delito?", cuestionó Galli.

Uber responde

Una denuncia de secuestro por parte de un conductor de Uber fue publicada el fin de semana por El Mercurio, donde un padre contaba cómo su hijo abordó un vehículo de la aplicación, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron en un sitio eriazo.

La empresa ayer respondió que "el usuario no habría abordado el vehículo con el conductor confirmado por la plataforma en el día y hora señalados", mientras que los choferes deben presentar "certificado de antecedentes penales sin anotaciones, que deben renovar cada 6 meses, tal como lo hizo el socio conductor que aceptó el viaje bajo investigación".