CGR detecta graves irregularidades en traspaso a 5 fundaciones y remite antecedentes al Ministerio Público
CASO CONVENIOS. Falta de un mecanismo de control para su selección, de planes de trabajo y experiencia en el sector. Al menos, 12 personas contratadas por estas entidades se desempeñaban en la seremi Minvu.
Falta de un procedimiento formal que estableciera los mecanismos para la selección de las entidades que ejecutarían los proyectos del Programa Asentamientos Precarios (PAP), de planes de trabajo y de experiencia en el sector, asignación directa de recursos, y al menos 12 personas contratadas que se desempeñaban al interior de la seremi Minvu, son algunos de los principales resultados constatados por Contraloría General en el informe N°465-2 / 2023.
Lo anterior tras realizar una segunda auditoría (en el primero se investigó los convenios firmados con Fundación Democracia Viva) a los traspasos de fondos efectuados por la seremi del Minvu a entidades privadas, en el marco del Programa PAP, entre el 1 de enero del año 2020 y el 30 de junio de 2023.
Esta última, tuvo además como objetivo verificar la participación del Serviu de Antofagasta en la propuesta de las iniciativas, la elección de fundaciones para su ejecución y la aprobación de los aspectos técnicos durante la ejecución de los proyectos.
Una investigación que forma parte de la serie de auditorías que realizó la Contraloría a las seremis del Minvu y Gobiernos Regionales del país en el marco del Caso Convenios, el cual partió en Antofagasta tras conocerse el traspaso desde la seremi del Minvu de $426 millones a la Fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez.
Algunos de estos resultados fueron expuestos ayer por el Contralor General, Jorge Bermúdez, en la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y de acuerdo a lo informado, los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para su análisis.
Resultados
De acuerdo al informe de Contraloría, al menos 12 personas contratadas por organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios se desempeñaban en dependencias de la Seremi del Minvu de Antofagasta, desarrollando labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización, disponiendo algunas de ellas de acceso al sistema contable Sigfe y otros aplicativos institucionales.
En tanto, al menos 3 personas que ejercían labores en el Serviu también fueron contratadas por alguna de las fundaciones seleccionadas .
Las fundaciones que habían efectuado estas contrataciones fueron FUSUPO, Asociación Campamentos de Ideas, Procultura y Fibra.
La auditoría también precisa que la seremi del Minvu asignó directamente iniciativas a las Fundaciones TomArte, Procultura y Fibra, con las cuales suscribió 11 convenios por un total de $1.386 millones, los que carecían de experiencia y patrimonio para su selección.
Otro de los aspectos que llama la atención en los resultados de esta investigación, es que en el caso de las fundaciones TomArte y Fibra, sus objetivos no están relacionados con las tareas que debían ejecutar en este programa, por lo que no contaban con experiencia en esta materia.
La auditoría también expone que se suscribieron 37 convenios con las fundaciones Asociación Campamento de Ideas, Superación de la Pobreza, FUSUPO, y Urbanismo Social por un total de $3.418.574.234, cuyas adjudicaciones las realizó directamente el Serviu de Antofagasta.
También se destaca que al momento de suscribir los convenios de transferencias de recursos no fueron solicitados planes de trabajo, los cuales fueron exigidos y presentados cuando ya habían sido estos firmados, y en algunos casos, luego de que se hiciera público el caso de Democracia Viva.
En tanto, Contraloría constató que se asignaron proyectos de inversión para ejecutar en campamentos colindantes a las fundaciones Fibra, TomArte y Procultura, suscribiéndose convenios por un total de $430.000.000, $250.000.000 y $ 500.000.000, respectivamente, sin que se detallara el motivo por el cual la autoridad de vivienda dividió la asignación de recursos.
En el caso de la Fundación Fibra, además, uno de los hallazgos más sorprendentes dice relación con que las rendiciones de cuenta fueron presentadas por un tercero contratado por esa entidad, la consultora Triángulo SpA, quien rindió $31 millones al Minvu.
Parlamentarios
La diputada Yovana Ahumada, quien es miembro de la comisión investigadora del caso Convenios, cree que la exposición del Contralor Jorge Bermúdez, confirma todo lo que se había dicho desde un principio con respecto a la fragilidad del sistema.
"Acá vimos como, no por una casualidad, no por un error, se hizo lo que se hizo. Aquí se vieron las debilidades del sistema y se actúa en base a eso. En base a eso se fraccionaron la entrega de los recursos, se tomaron acuerdos personales con fundaciones que no tenían experiencia de ningún tipo. Por ejemplo, Democracia Viva fue creada en febrero del año 2022 única y exclusivamente para un tema político. Esa era su única experiencia", declaró.
El presidente de la comisión investigadora por el caso Convenios, el diputado José Miguel Castro (RN), cree que con esto se confirma nuevamente que este modus operandi no ocurría solamente en Antofagasta, sino que en todo Chile.
"Y eso hace muy complicado también no solamente las responsabilidades políticas a nivel regional, sino que a nivel nacional, entre ellos, el ministro (Carlos) Montes, que bajo sus narices pasaron uno de los peores fraudes que se puedan haber hecho en Chile y creo que Antofagasta sin duda ha sido de las más golpeadas, porque se han ocupado dineros donde nosotros sabemos que tenemos problemas y por lo tanto, da el doble de pena porque son platas que eran para los más desposeídos", indicó.