La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció ayer que cinco atletas cubanos que desertaron de su delegación en la última jornada de los Juegos Panamericanos "se acercaron a solicitar refugio" a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones.

La jefa de gabinete sostuvo que "no podemos decir quiénes son porque este proceso tiene una característica de reserva, tampoco los méritos de la solicitud, porque tienen que analizarse el proceso para eso, pero hecha la solicitud, entra en este procedimiento de análisis".

En esa misma línea, complementó diciendo que sobre "las demás personas que no se fueron, o se retiraron con su delegación, nosotros no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país; pueden estar en cualquier situación, no tenemos ninguna información al respecto".

Incluso en una intervención previa había pedido "no especular" respecto a la situación migratoria de los deportistas, ya que "perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo".

Mientras, el director de Migraciones, Luis Thayer, afirmó en radio ADN que "vamos a evaluar las solicitudes que recibamos caso a caso, con un criterio técnico, y en función de eso, se propondrá, a la subsecretaría de Interior el otorgamiento o rechazo de la solicitud". Consultado por el contexto que hay detrás de la situación de los deportistas, Thayer comentó que "siempre hay un contexto político, y en el caso de Cuba, de Venezuela, de países donde se puede identificar y han llegado personas que declaran que tienen problemas de persecución, en fin, nosotros evaluamos el caso a caso".

Agregó que las solicitudes se aprueban o rechazan "no por el hecho de ser cubano o venezolano. De hecho Brasil lo hizo, otorgar refugio por el hecho de ser venezolano, pero ese criterio en Chile no se ha aplicado".

La Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer el veto del Gobierno a la Ley de Usurpaciones, con lo que el cuerpo legal que incluye 14 indicaciones del Ejecutivo quedó listo para su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric.

Estas observaciones fueron presentadas por La Moneda luego de que se aprobara originalmente la ley que fue calificada como negativa por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó que se visara la legítima defensa privilegiada o la obligación de imponer penas de cárcel a quienes usurparan terrenos sin importar si la acción se hacía de forma no violenta.

Tras el veto se excluyó la figura de la legítima defensa privilegiada y las sanciones dependerán de la gravedad del delito: las penas llegan hasta cinco años por usurpaciones violentas; hasta tres por usurpaciones con daño sobre las cosas y hasta 541 días o multa por usurpaciones sin violencia, según decida el juez.

Debate álgido

No fue una discusión sencilla en la Cámara Baja luego de que las disposiciones fueran aprobadas en el Senado. De hecho finalmente los diputados de oposición se dividieron, lo que se evidenció al momento de argumentar antes de la votación.

Henry Leal (UDI) dijo que "espero que ningún parlamentario de derecha vote con el Gobierno, sería impresentable e inconcebible para nuestro electorado. Con mi voto y con los votos de la UDI ese triunfo no lo va a tener el Gobierno".

Esto fue cuestionado por José Carlos Meza (Republicanos): "A quienes quieren parecerse a los Republicanos: no se conviertan en una versión Fruna de los Republicanos, porque cuando se trata de la seguridad de los chilenos nunca hemos negado el apoyo a las víctimas. Los gustitos políticos no están para estos proyectos".

Mientras que Francisco Undurraga expuso que "desde Evópoli vamos a apoyar el veto. Creemos que es el mal menor".

Finalmente RN y la UDI votaron en bloque contra el veto, mientras que Evópoli y parte del PDG y Republicanos lo aprobaron. Ante ello el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que "el Partido Republicano votó a favor de un veto diseñado por el Partido Comunista y el Frente Amplio para que las usurpaciones se mantengan en la impunidad".

Oficialismo dividido

No solo la oposición votó dividida; en el oficialismo se descolgaron también algunos legisladores del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Ante ello la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "hubo avances, hubo cambios de posición y otras aprensiones que, lamentablemente, quedaron hasta el final, pero que en el saldo final nos arrojan un resultado positivo. Yo lamento que se hayan mantenido esas aprehensiones porque las indicaciones o el veto del Gobierno estaba debidamente fundamentado".

"Nos hubiera gustado contar con todos los votos a favor de todos los parlamentarios, incluyendo la bancada del Partido Comunista, es cierto, pero esto es parte de la democracia y lo importante es que avanzamos en la conversación y avanzamos en las posiciones gracias al esfuerzo el trabajo de los equipos de Gobierno y también a la disposición de las bancadas", añadió la vocera.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, cabeza de las negociaciones por parte del Ejecutivo, valoró que "creemos que esto va a permitir que la Ley de Usurpaciones reformada, después de todo este esfuerzo legislativo, sea una ley que dé mayores garantías de efectividad para reponer el derecho de quienes son víctimas de este delito, dé herramientas efectivas para que las policías reaccionen cuando este delito se comete, y que, al mismo tiempo, las sanciones que se aplican sean proporcionadas a las distintas expresiones que este tipo de delito tiene".