La aventura de cara a este nuevo proceso constitucional generaba expectativas auspiciosas: el fracaso de la propuesta anterior, sumado a la tranquilidad que daba la transversalidad del comité de expertos y el diálogo generado de cara a que ésta era la última oportunidad de concluir con una nueva Constitución, hacían presumir que el texto resultante sería reconocido transversalmente, aún más, el borrador entregado por dicha comisión lograba generar un amplio consenso, recogiendo sensibilidades e incluyendo a un amplio sector de Chile, desde la diversidad de sus ciudadanos, sus credos, etnias, culturas, el respeto del medio ambiente, entre tantas otras indicaciones que buscaban poner en el centro de nuestra Carta Fundamental a la persona.

El texto final que se entregó el martes 7 de noviembre, fue en votación dividida en varios de sus artículos y con recriminaciones cruzadas, tanto del texto emanado, como de la forma en que dicho documento se impuso, fiel reflejo de cómo fueron las discusiones al interior del ex congreso, recordando con matices menos histriónicos, lo vivido hace un poco más de un año, en la primera y fallida propuesta constitucional.

El comité de expertos, con sus diferencias naturales, llegó a consensos con altura de mira y poniendo a Chile en el centro, su resultado fue un borrador auspicioso; sin embargo, al ser trabajado por el Consejo Constitucional, dicho aprendizaje no pudo exportarse, sino que, por el contrario, reforzó las divisiones y no solo entre los propios integrantes de dicha comisión, sino también profundizando las diferencias que la ciudadanía chilena viene arrastrando ya hace años.

Lo más lamentable de este nuevo proceso es que independiente de si este proyecto constitucional se aprueba o rechaza, el objetivo de avanzar en una Constitución que nos una e identifique, quedó en un slogan con mala vejez. Aquella Casa de Todos, como también se planteaba, no será tal, la fragmentación de la sociedad chilena solo se profundiza con este nuevo proceso.

Tan paradójico es el escenario y tan compleja la propuesta Constitucional, que aquellos que se oponían a la Constitución del '80, son hoy quienes llaman a mantener vigente dicho texto y, por el contrario, quienes han sido defensores de la aquella Carta Magna, son los que motivan a cambiar el texto.

Quizá como país, algo podríamos aprender de los Panamericanos, que al alero de una bandera y de un himno que se repitió incansable y orgullosamente, las diferencias sí pueden encontrarse, los polos acercarse y mirar a Chile con orgullo y procurando siempre el bien común; pero cuando la ideología y los afanes electorales se apoderan del relato, el resultado, habitualmente es malo; lo vivido en el proceso anterior y cual déjà vu, lo volvimos repetir hoy.

El proyecto constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre, independiente de las válidas diferencias interpretativas a sus artículos, es un documento que tristemente no logró avanzar en uno de sus principales desafíos, sino el mayor, poder ser reconocida por toda la sociedad como nuestra Carta Fundamental, aquella que nos es común, que propicia la unidad y logra representar a la amplia mayoría de las y los chilenos.

El traspaso de los establecimientos educacionales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que en su momento fue visto como la gran solución a los problemas que afectaba al sistema escolar, a poco de su implementación encontró detractores que advertían sobre problemas, los que lamentablemente quedaron en evidencia con lo ocurrido en Atacama. En esta región, los profesores llevan más de dos meses paralizados exigiendo condiciones mínimas en los centros educativos para poder impartir las clases de acuerdo al programa del Mineduc.

La crisis persiste y son miles los alumnos que están en riesgo de perder su año escolar.

Los primeros análisis, lejos de criticar el nuevo sistema de administración de la educación pública, apuntan a problemas en la implementación y a errores en los tiempos y formas del traspaso.

Obviamente que el afán por cumplir los plazos definidos hizo que en algunas regiones se hiciera bajo parámetros que no correspondían y que hoy tienen sus consecuencias. Por ello, es fundamental que el traspaso se haga bajo estándares que aseguren que la puesta en marcha será exitosa.

El diálogo con las corporaciones municipales o los DAEM comunales tiene que ser abierto y sincero. Todos deben estar en conocimiento de cómo y cuándo se hará el traspaso, en las condiciones requeridas de dotación docente y de administrativos, de las condiciones de infraestructura de los colegios y los planes a desarrollar para la ejecución del calendario escolar, entre otros aspectos.

Si los establecimientos están con fallas estructurales y no están los planes para su mejoramiento, el cambio debe suspenderse. Si las condiciones laborales de docentes, paradocentes y administrativos no están zanjadas, tampoco se puede avanzar.

Lo que observamos en la región es que hay temas pendientes y mientras no se resuelvan lo recomendable es suspender la implementación de los hoy famosos SLEP.