Claudio Cerda Santander
"Hoy no hay nada que desincentive el ingreso clandestino, sigue ocurriendo", comenta Richard Bórquez, exjefe nacional de Migraciones de la Policía de Investigaciones (PDI), quien además se desempeñó como director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de la Región de Antofagasta.
Bórquez había sido designado en este último cargo en octubre de 2021, durante el mandato del exPresidente Sebastián Piñera. Mientras que se le notificó su desvinculación en noviembre de 2022, durante el primer año del Presidente Gabriel Boric. "A las 5 de la mañana fui notificado de que dejaba de ser director regional de Antofagasta (…) Fue porque no contábamos con la confianza del director nacional de Migraciones. Ahí es importante enfatizar que yo jamás he participado en ningún partido político; y en mis 36 años de carrera policial como oficial de la PDI, la mayoría del ejercicio fue en gobiernos democráticos", comenta.
El actual asesor y consultor en materias de seguridad y migración, en diálogo con El Mercurio de Antofagasta aborda la crisis migratoria que enfrenta el país.
Falta voluntad política
Con la perspectiva que otorga su experiencia como exjefe nacional de Migraciones de la PDI, y también como director del Sermig ¿cuál es su visión sobre la evolución de la crisis migratoria?
Desde mi perspectiva, la veo como una situación grave. Hay una falta de voluntad de las autoridades tremenda. Hasta el día de hoy siguen ingresando clandestinamente al país. La nueva Ley de Migraciones 21.325, que fue promulgada el 12 de febrero del 2022, le daba una facultad y ordenaba a los directores regionales la capacidad de expulsar a los extranjeros que hubieran ingresado clandestinamente al país. La ley anterior no permitía inmediatamente la expulsión, porque el ingreso irregular era considerado un delito, entonces, participaban mucho más actores. Se debe entender un fiscal, un defensor, un juez de garantía que vele por la detención y porque no se vulnere el derecho. Esta nueva ley, con vigencia de febrero de 2022, no la considera delito, sino una falta administrativa; y es responsabilidad única y exclusiva del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, y a su vez de los directores regionales, el materializar las expulsiones de los que hayan ingresado clandestinamente. Eso está ordenado por la ley. Ahora, entonces, yo te hago la consulta inversa ¿cuántos han sido expulsados con la facultad y la obligación de esta nueva ley?
Y amplío la consulta, ¿si les habrán llegado las facultades a los directores regionales? Porque cuando yo estuve, que fue casi un año, nunca me llegó esa atribución. Sería bueno saber si ya se tiene esa atribución para analizar territorialmente, qué es lo que está pasando con los extranjeros que ingresaron clandestinamente. De quienes no se sabe cómo se llaman, nadie sabe si han tenido antecedentes penales en su país de origen o en otros países donde hayan hecho alguna transición bien. Es algo complejo.
Según datos del Gobierno, y también de la PDI, han disminuido los ingresos y las denuncias por ingresos por pasos no habilitados, comparado al período más crítico en 2021 y 2022. ¿Usted considera que esas cifras evidenciarían una menor presión migratoria en frontera?
-A mí me gustaría saber cuál es el instrumento o la herramienta que tiene el Gobierno para medir que bajó el ingreso clandestino. Porque si sabe eso, entonces, podría contestar cuántas son las personas que ya entraron clandestinamente a Chile. Me explico, si ha entrado un millón, y ahora el Gobierno dice que solamente están entrando 200 mil personas, es porque tiene testeado el millón de personas que entraron. Si hay que hacer un cuadro comparativo, hay que saber cuánta gente entró. Eso es una cifra negra. Nadie sabe cuánta gente ha entrado. Solamente hay un instrumento, cuando la gente hace autodenuncia. Ahora, ¿la gente está haciendo autodenuncia o la gente está ingresando y no se está autodenunciando? Porque una cosa es que el ingreso clandestino ocurra y se denuncie. Ahí tienes un número, un dato, pero puede que estén ingresando 100 mil y no se estén autodenunciando.
Por su experiencia, ¿es una proporción significativa la cantidad de gente que ingresa y de las cuales no hay denuncias o autodenuncias?
-Yo creo que sí, porque no hay nada que desincentive los ingresos irregulares. Hoy día la gente que está entrando clandestinamente no se apega a ninguna norma legal chilena. No le tiene miedo a las fiscalizaciones o a las expulsiones, porque no hay nada que desincentive el ingreso clandestino. Sigue ocurriendo, pero si estuviesen expulsando a los que hayan ingresado clandestinamente sí habría un desincentivo. Es decir: 'No voy a entrar a Chile, porque si me sorprenden me van a expulsar', que es lo que obliga la ley 21.325; y que le da esa facultad al director nacional del Servicio (de Migraciones) y a los directores regionales. Mira, un dato. Cuando yo era director regional de Antofagasta en una mesa técnica presidida por la señora delegada (regional), en que participó el seremi de Salud de ese momento; en noviembre del 2021, se señaló que entre agosto y noviembre habían sido testeados, vacunados, 40 mil extranjeros que ingresaron clandestinamente y con documentación. Si tú haces esa relación, que en esos cuatro meses entraron 40 mil personas que sí fueron testeadas por salud y con documentos, sería bueno saber cuántos de ellos han sido expulsados sí están los documentos.
¿Qué ocurre con el tema de los menores de edad que ingresan por paso no habilitado? Existe preocupación desde algunos sectores por el eventual tráfico de menores.
-Chile ha generado muchos convenios internacionales para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siempre ha estado apegado a la ley y a los convenios internacionales. Es buena la pregunta, porque aquí existen irresponsabilidades múltiples, partiendo por los padres o tutores legales que arriesgan a sus hijos a pasar por selvas, ríos y que se arriesgan a ser engañados o amenazados, incluso muy presionados por organizaciones criminales. Hay otros padres o hay otros adultos que andan con niños que dicen ser sus hijos sin ninguna partida de nacimiento, sin ningún certificado de nacimiento.
Por lo tanto, el tema del niño y niña adolescente es muy crítico y se debe observar con mucha profundidad. Puede que en algunos casos hayan sido afectos a organizaciones criminales, puede que en otro haya sido por la irresponsabilidad tremenda de sus padres o tutores legales, en pasar muchos kilómetros, muchas selvas, ríos, climas inhóspitos y altura. Después tenemos la gran sensación de satisfacción país de que cuando ya han ingresaron irregularmente al país, a los niños, niñas y adolescentes les entrega educación y salud sin ningún inconveniente. Los niños son un parámetro de estudio aparte.