Ayer se reveló que la Fiscalía de Antofagasta evalúa citar a declarar en calidad de imputados por el caso Democracia Viva al exministro de Segpres y Desarrollo Social Giorgio Jackson, a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, todos militantes de Revolución Democrática, partido al que pertenecían los firmantes del convenio Daniel Andrade, director de la fundación, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda.

Esta información fue publicada por El Mercurio y las reacciones vinieron desde la oposición y el oficialismo.

En primer lugar los diputados de Renovación Nacional José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán y Sofía Cid exigieron la renuncia de Martínez, quien por estos días trabaja en la tramitación del Presupuesto 2024 elaborado por el Gobierno.

En una declaración conjunta liderada por Castro, afirmaron que "un grupo grande de parlamentarios, y se están sumando muchos más, creemos que ella debería renunciar, que ella no debería estar presente. Chile requiere de una directora de Presupuesto que realmente esté completamente limpia de toda sospecha, porque aquí lo que uno podría pensar es que el círculo más cercano del Presidente podría estar involucrado o al menos conocería de irregularidades".

Añadieron que "esto ocurre justo cuando estamos en medio de la discusión del Presupuesto 2024, cuando las energías del Ministerio de Hacienda deberían estar enfocadas en ver de qué forma vamos a distribuir los recursos para generar crecimiento y empleos y no en prepararse para responder ante la justicia. Necesitamos autoridades preocupadas en eso, y no encargadas de crear fórmulas para defensas corporativas en casos de corrupción".

Un discurso similar tuvieron contra Crispi, exdiputado y hoy principal asesor del Ejecutivo, cuya presencia en La Moneda consideraron "inaceptable".

En este punto, el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), quien afirmó que dijo que "es impresentable que el jefe de asesores del Presidente de la República tenga que declarar como imputado una causa. Eso no admite presentación en ninguna parte".

Agregó que "yo espero que él de un paso al costado porque esta situación no tiene presentación. Él es jefe de asesores, es el pensamiento estratégico del Gobierno, la mirada larga y de largo plazo y debe tener la tranquilidad suficiente".

Vallejo: "no sorprende"

Ante esta situación, la ministra vocera, Camila Vallejo, desdramatizó la información, ya que "el Partido Republicano (querellantes del caso), no solamente le imputó públicamente a estas personas delitos, sino que se presentaron querellas. Entonces ya no es solamente la acción política mediática comunicacional, sino que además lo transformaron en una acción judicial".

"Esto ya recae en un poder autónomo y que le corresponde frente a esas querellas proceder a investigar", explicó. Por eso, añadió, "no nos sorprende, porque esto iba a pasar. Se hace noticia de algo que sabíamos que iba a suceder, era algo natural que iba a pasar, porque es parte del procedimiento judicial".

También planteó que "hay una intención política del Partido Republicano hace rato en esto. Y recordemos que al exministro Giorgio Jackson se le imputaron de manera injusta delitos que no ha cometido".

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert expuso que "lo que quiere la ciudadanía es que se dejen de robar y es que las personas responsables asuman y cumplan las sanciones que corresponden, por lo tanto es muy lamentable este doble discurso. Nuevamente el Gobierno señalando que busca la probidad, pero en el momento en el que el sistema judicial avanza, critica y alega una persecución política".