El mandatario argentino, Alberto Fernández, denunció ayer ante la justicia al candidato libertario, Javier Milei, por "intimidación pública", al considerar que declaraciones suyas podrían haber generado la fuerte tensión cambiaria que llevó al dólar por encima de los 1.000 pesos en el mercado paralelo.

"La población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país", consideró el jefe de Estado en la denuncia a la que tuvo acceso EFE.

Un día antes de que la divisa estadounidense llegara a un máximo histórico de 1.050 pesos en el mercado paralelo, con casi un 190% de brecha respecto al tipo de cambio oficial, Milei tachó en una entrevista al peso argentino de "excremento" y pidió a los ahorristas que liquiden sus tenencias locales por dólares.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", expresó en diálogo con Radio Mitre.

Para Fernández, estos dichos habrían generado que los ciudadanos con reservas en moneda local sintieran "temor" y liquidaran sus plazos fijos, lo que generó un aumento en el valor de los dólares por una "demanda comercial inducida".

El martes pasado, la brecha cambiaria fue cercana al 190% respecto al tipo del cambio oficial, que cotiza a 365,50, pero se mantiene planchado y bajo estrictas restricciones para los ahorristas, motivo por el cual se vuelcan al dólar paralelo o 'blue', que actualmente cotiza en 1.010 pesos por unidad.

En la presentación judicial del Presidente argentino, que quedó bajo la órbita del juzgado federal 1 a cargo de la magistrada María Servini de Cubría, también incluyó al candidato libertario a a alcaldía de Buenos Aires, Ramiro Marra, y al postulante a diputado por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo.

"Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo", sumó Marra en sus redes sociales durante esa tensa jornada económica.

La denuncia se apoya en el artículo 211 del Código Penal argentino, que define el delito de intimidación pública como "dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes", y acarrean penas de entre 2 a 6 años de cárcel.