Calama dejaría de percibir $11 mil millones si se elimina el pago de contribuciones
ESTUDIO. UCN calculó el impacto en cada comuna de la región, considerando los efectos que tendría en la calidad de vida la menor tributación en municipios pequeños.
Cerca de $56.931 millones dejaría de percibir la Región de Antofagasta entre sus nueve municipios de concretarse la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda, cuya norma fue aprobada el viernes por el Consejo Constitucional.
Esto, según estimaciones realizadas a través del estudio "Optimum Fiscal Equalization and Welfare in Chile", liderado por Dusan Paredes (investigador principal) y Alicia Chávez (ambos del Departamento de Economía de la UCN), Sebastián Cuellar y Jorge Littin del Departamento de Matemáticas de la UCN.
Es así, que el análisis indica que el impacto en cada municipio sería el siguiente en el escenario menos favorable: Antofagasta ($36.704 millones); Calama ($11.606 millones); Tocopilla ($1.245 millones); San Pedro de Atacama ($726 millones); María Elena ($533 millones); Sierra Gorda ($644 millones) y Taltal ($343 millones).
Mientras que de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), en el caso de Mejillones y Ollagüe, los montos que dejarían de percibir son ($3.185 millones) y ($1.944 millones), respectivamente.
Análisis
El académico del Departamento de Economía de la UCN, Dusan Paredes, explicó que al asumir que la comuna de Antofagasta deja de percibir $15 mil millones por concepto de pago de contribuciones, sus cálculos indican que lo que se perderá por el Fondo Común Municipal en Antofagasta sería cercano al 76.6%.
"El problema que aparece es que este análisis ignora todos los efectos que significará una menor provisión de bienes públicos. Es decir, calles más sucias, plazas menos mantenidas, luminarias sin revisar, menor inversión en actividades sociales, culturales y recreacionales, que son los gastos que tiene el municipio. Entonces, esto va a reformular las decisiones de localización de las personas. En un futuro, ya no elegirán la misma ciudad de antes porque éstas van a tener significativamente menor cantidad de bienes públicos", señaló.
Paredes agrega que las personas van a preferir aquellas ciudades que tengan otras fuentes de ingreso que no sean las contribuciones que sí les permitan proveer bienes públicos como, por ejemplo, el patentes municipales para negocios establecidos.
En este sentido, el académico de la UCN plantea que las ciudades que son capaces de tener una actividad económica fuerte y proveer una cantidad significativa de patentes comerciales en general son las ciudades con mayor cantidad de habitantes.
"Esto quiere decir que una de las cosas que pasaría, y que el análisis ha omitido totalmente, es que las personas se moverán a las ciudades más grandes. De hecho, nuestras estimaciones sugieren que cerca de medio millón de personas de aquí a largo plazo preferirán vivir en ciudades como Santiago. Esto generará un shock de oferta laboral en estas ciudades, es decir, va a haber más gente dispuesta a trabajar. Cuando hay un exceso de oferta, bajan los precios ¿y cuál es el precio del trabajo? el salario. Curiosamente, cuando se fundamenta esta decisión, se hace bajo la lógica de que esto va a beneficiar positivamente a los salarios. La evidencia muestra de que eso lamentablemente, no es verdad", agregó.
Una iniciativa que preocupa a los alcaldes de la región, considerando que el 40% de lo que se recolecta por impuesto territorial se va al municipio de manera directa.
Mientras que el 60% restante de los recaudado a través del pago de contribuciones se destina al Fondo Común Municipal, el que luego se reparte de manera progresiva entregando más recursos a los municipios más vulnerables y menos a los más ricos.
Reacciones
El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, señala que resulta preocupante que cuando se aborda un tema como este para la redacción de una Constitución, el análisis no sea consensuado con la realidad de las diferentes comunas.
"Somos una comuna chica. El 99, 9% de los habitantes tienen una primera vivienda. No tenemos grandes edificios. Entonces, nosotros los municipios vivimos con los impuestos territoriales. Por ejemplo, a mi me llegan $3 mil y tantos millones del Fondo Común Municipal y $2 mil y tantos millones por concepto de contribución. Qué pasaría si se elimina, qué pasaría con este municipio", declaró.
El alcalde de Ollagüe, Humberto Flores, indicó que si bien es un tema que afecta a diversas comunas, ya que es un ingreso al que le puede dar uso el municipio, en su comuna no más de 4 personas pagan esta contribución, ya que la mayor cantidad de terrenos no están regularizados, son de Bienes Nacionales.
"Pero sí nos afectaría por el Fondo Común Municipal. Entonces, tenemos ahí una doble visión. Favorece a algunos que no pagarán, pero desfavorece a otros porque con estos recursos se pueden realizar diversas inversiones y proyectos (…) esperamos que el gobierno pueda destinar algunos fondos a las comunas más pobres que dependen muchas veces de estos recursos", declaró.
Ante las críticas de la medida, el consejero constitucional, Jorge Ossandón ( Partido Republicano), sostuvo que el efecto sobre los ingresos municipales sería acotados, ya que según estimaciones del Servicio de Impuestos Internos equivaldría a casi 300 millones de dólares al año, ya que no se eliminaría el impuesto territorial en su totalidad, ni el financiamiento del Fondo Común Municipal.
"Aun así siempre tuvimos presente que la medida tendría consecuencias en los municipios y por eso reiterar que desde un comienzo responsablemente se pensó en una implementación gradual y que el legislador buscaría un mecanismo alternativo de financiamiento pero que no fuera nunca a costa de un derecho fundamental", indicó.