En lo que va del 2023 hemos sido testigos de frecuentes decomisos de medicamentos que se comercializan de manera irregular. Losartán, Prednisona, Paracetamol y Amoxicilina son sólo algunos de los fármacos que presentan mayor frecuencia en estos decomisos.

Las cifras son elocuentes, según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), en 2022 se llevaron a cabo 174 decomisos por comercio ilegal de medicamentos. Esto significó la incautación de más de 10 millones de dosis de medicamentos, un aumento del 1.000% en comparación al 2021.

La creciente venta ilegal de medicamentos en ferias libres, estaciones de Metro y calles en general es una práctica de alto riesgo que genera preocupación, ya que fomenta, además de la falsificación de los mismos, que las propiedades medicinales sean inexistentes o que incluso contengan sustancias nocivas para los consumidores.

Desde el gremio de los laboratorios este incremento en las cifras es visto con gran preocupación, porque significa un problema de salud para la población chilena. Detrás de este explosivo aumento hay un riesgo oculto y es la creciente automedicación, ya que la venta ilegal de medicamentos se ha convertido en una fuente importante de acceso a remedios sin consulta ni prescripción médica. Según la OMS, la resistencia bacteriana a los antibióticos se considera como una de las mayores amenazas para la salud, siendo su principal causa la automedicación por acceso a través del comercio informal.

Existen casos en que los productos decomisados provienen de farmacias establecidas que venden al por mayor a los vendedores ilegales, sin embargo, la legislación permite perseguir la comercialización ilícita solo de medicamentos sujetos a control legal, impidiendo la detención de personas que venden estos por vías no autorizadas.

Es por ello, que desde Asilfa estamos optimistas con el proyecto de ley que busca modificar diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal endureciendo las sanciones penales y sanitarias para quienes vendan medicamentos en lugares no destinados para ello, fármacos adulterados, como para quienes los prescriben o faciliten este tipo de hechos perjudiciales para la salud de la población.

de medicamentos

A poco de iniciar la discusión en el Congreso del Presupuesto Nacional 2024, resulta inevitable aventurar los efectos del denominado "Caso Convenios" en la próxima discusión parlamentaria.

Cabe indicar, sin embargo, que algunas de esas medidas ya han sido aplicadas, para el caso de los gobiernos regionales. La circular N°20 de la Dirección de Presupuestos estableció una serie de condicionantes para la firma de convenios entre los Gores y las organizaciones no gubernamentales; experiencia acreditada, boletas de garantías, concordancia con el propósito y origen de las organizaciones, son algunas de ellas.

Casi como un modo de complemento con lo anterior, el Consejo Regional envió una clara señal en el último pleno al rechazar una medida que había implementado el propio Gobierno Regional respecto a la revisión de todos los proyectos que habían sido priorizados para asignaciones directas.

De acuerdo con lo expresado por los consejeros la revisión de los primeros dos proyectos dio cuenta de la imposibilidad de corresponder a la medida. Escaso tiempo de estudio, desconocimiento de la formulación, falta de asesoría para complementar decisiones, fueron algunos de los argumentos esgrimidos para postergar la tarea.

Sin embargo, con las medidas implementadas por la circular, y a falta de un nuevo procedimiento, las dificultades para evaluar iniciativas de asignación directa parecen solo postergarse, pero no resolverse. Ante el incremento de recursos y de instituciones que postulan a los fondos anualmente, la estructura de los gobiernos regionales parece insuficiente ante la gran carga administrativa que demandaría una revisión detallada. Es de esperar, por tanto, que la discusión presupuestaria permita viabilizar una solución que, ponga por delante, la necesidad de mejorar la fiscalización y los criterios de asignación de todo tipo de recursos públicos.