El pasado proceso constituyente (2019-2022) fluctúo entre la esperanza y la decepción. Por primera vez en la historia constitucional chilena se llevó a cabo un proceso constituyente con la presencia de todos los sectores de la sociedad, con importantes instancias de participación ciudadana, como fueron los plebiscitos de entrada y salida, y los diferentes mecanismos contemplados en el marco del trabajo de la Convención Constitucional, como las iniciativas populares de normas y las audiencias públicas. Sin embargo, las fuerzas que dominaron la Convención sintieron que sus particulares visiones ideológicas, culturales, jurídicas, económicas y políticas debían estar plasmadas en la nueva Constitución por sobre cualquier otro punto de vista. Soberbia, mal juicio, incapacidad de comprensión de la política misma y sus cambiantes vaivenes explican la forma cómo se condujeron los convencionales de izquierda, especialmente los del Frente Amplio, Partido Comunista y Lista del Pueblo.
Lo que hizo la izquierda en el proceso constitucional anterior fue tratar de imponer un texto fundamental desconociendo que las sociedades están conformadas por distintas visiones que aspiran legítimamente a que sus voces sean escuchadas y sus ideas plasmadas en leyes y políticas públicas. Olvidaron los convencionales que la Constitución fija las reglas básicas y que, a través de los mecanismos propios de la democracia, será la ciudadanía la que determinará aquellas decisiones vinculantes que se adoptarán, las que se encauzarán dentro de las diferentes posturas presentes en la sociedad.
Con el aplastante resultado del Plebiscito del 4 de septiembre de 2022 que dio un robusto respaldo a la opción Rechazo, muchos pensamos y apostamos por impulsar un nuevo proceso constitucional que nos diera por fin una Constitución creada íntegramente en democracia y que establezca las bases de nuestra convivencia social sobre el soporte de un consenso político lo más amplio posible.
Pero, al parecer la historia vuelve a repetirse. Luego de un exitoso trabajo de la Comisión Experta, cuyos integrantes, a pesar de sus diferencias ofrecieron un anteproyecto que conjuga lo más preciado de nuestra tradición constitucional con elementos del derecho constitucional moderno y respetuoso de los bordes constitucionales previamente acordados, las fuerzas mayoritarias dentro del Consejo Constitucional, nuevamente están tratando de aprovechar las mayorías contingentes, para imponer su propia visión, olvidando el rol que una Constitución juega en una democracia. Así, el Partido Republicano ha impulsado una serie de normas identitarias, muchas de las cuales deberían estar reguladas por una ley, que ponen en riesgo este proceso constituyente. La enmienda que, busca utilizar la Constitución para lograr la libertad de los presos de Punta Peuco es un claro ejemplo de lo anterior.
Faltando aún por conocer cuál será la propuesta constitucional sobre la que nos hemos de pronunciar en diciembre, hasta el momento, muchas personas tenemos la percepción de que el Partido Republicano también se ha embriagado del poder, se siente dueño de ese 62% que se inclinó por el rechazo y no está siendo capaz de entender que la función encargada y con la que han sido honrados por la ciudadanía trasciende a su propio proyecto político. Al parecer no fue aprendida la lección del proceso anterior.
