El discurso que está instalado en nuestro país es que debemos dejar de ser meros exportadores de materias primas y transformarnos en elaboradores de ellas mismas para su exportación. La ausencia del valor agregado, como es conocido, ha sido duramente criticado en la industria del cobre y renace ahora con la bonanza que vive el litio.

El razonamiento es válido y sencillo. ¿Por qué no crear en nuestro territorio industrias que tomen las materias primas, las elaboren y sirvan para el mercado nacional e internacional? Si tenemos litio, fabriquemos baterías de litio y pongámosla a competir de modo interno y externo.

En el papel se ve fácil y no debiera costar implementarlo. De hecho, las universidades locales han avanzado en este tipo de experiencias y han sido capaces de construir los prototipos de baterías de litio del tipo "coin", lo que entrega luces de que se puede industrializar.

La incógnita es si como país seremos capaces de competir en el mercado local e internacional con esos productos. ¿Se llegará a un valor convenientemente comercial?, o ¿habrá que apostar a un subvención estatal, como se ha hecho antes?

Los menos creen que Chile es líder en exportación de materias primas de calidad y con altos estándares, y ello no resiste discusión en el ámbito mundial. Se aplica al cobre, al litio y otros minerales.

Entonces, ¿no será mejor seguir el camino de esa exportación, asegurarse de mantener el liderazgo y no tentarse con ir a competir en espacios donde no somos expertos, como si lo son los gigantes de la economía mundial?

Es un buen debate. Y la conclusión tiene que ir de la mano del análisis financiero, propio de los negocios, y no de algo meramente político.

La política de fundiciones y refinerías apunta en ese sentido y no estaría demás aplicar un símil en el litio.

La Defensoría Penal Pública, proporciona deensa con altos estándares de calidad profesional a toda persona que carezca de abogado; velando por la igualdad ante la ley, el debido proceso, presunción de inocencia, y procediendo con profundo respeto de los Derechos Humanos de sus representados.

Es por lo cual, que la Defensoría Penal Pública ha propiciado latamente por medio de distintas instancias, la difusión de los deberes y derechos que competen a los adolescentes ante la ley, protegiendo y garantizando el ejercicio de sus derechos.

En materia de adolescentes nuestra legislación del año 2007 estableció un sistema que regula la responsabilidad penal juvenil bajo la ley 20.084, por los delitos que cometan adolescentes, de los 14 hasta los 17 años de edad, promoviendo la responsabilización y reinserción integral mediante programas especializados.

Desde los inicios de esta ley la Defensoría Penal Pública cuenta con una Unidad de Defensa Penal Juvenil que brinda una asistencia gratuita, especializada y multidisciplinar de asistencia jurídica y apoyo psicosocial, tanto para los adolescentes en conflicto con la ley como a sus familiares y/o redes de apoyo; atendiendo las necesidades de adolescentes de acuerdo con sus características y necesidades.

Y como una manera que todo adolescente pueda acceder de forma expedita a información fundamental sobre sus deberes y derechos, respecto del sistema de justicia, es que se han realizado diversas charlas y conversatorios que promueven la participación efectiva en distintos establecimientos educaciones de la región y el país; conversatorios que se han incrementado post pandemia.

Promoviendo con ello el acceso a la justicia, con enfoque de derechos y garantías hacia los adolescentes, sin distinción, conforme al ordenamiento jurídico, promoviendo la activa participación, brindando información accesible y adecuada a las necesidades de los adolescentes.

De esta forma, el derecho a la participación y ser oído de los adolescentes, va ligado al reconocimiento de la autonomía que van desarrollado progresivamente conforme a su edad.

Los diversos encuentros con estudiantes y en particular los de estos últimos 2 años nos han reportado gran satisfacción, ya que no solo nos hemos encontrado con adolescentes más receptivos sino también participativos, dando cuenta de un claro interés de parte de los adolescentes en conocer los alcances de la ley 20.084, por cuanto están expuestos a diversas experiencias conforme a su etapa evolutiva. Instancias que promueven el desarrollo de un pensamiento crítico, más reflexivo y constructivo, propiciando competencias y/o conductas más prosociales como comunidad estudiantil e individuales en los estudiantes.