Corte Suprema confirma pago de $40 millones a víctima de torturas
SENTENCIA. Resolución obliga al fisco a a l aindeminzación por daño moral.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 40 millones de pesos por concepto de daño moral, a Senedio Ernesto Jiménez Rojas, quien fue detenido el 16 de septiembre de 1973 por agente del Estado y sometido a torturas en Chuquicamata y Calama.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y los abogados (i) Diego Munita y Gonzalo Ruz- descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rebajó el monto de la indemnización en proporción al daño acreditado.
Fallo
la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó con declaración la sentencia de primer grado acogiendo, argumentando en su razonamiento tercero que 'Que en este punto el único medio probatorio relacionado directamente con el demandante para justificar el daño moral que la víctima soportó es un documento privado de la psicóloga Carolina Canales Cortés; dicho informe no fue ratificado en juicio, por lo que su mérito probatorio no cumple con lo dispuesto en el artículo 1702 del Código Civil, en consecuencia por sí solo no constituye plena prueba, sino a lo más base de una presunción, por lo que esta Corte estima prudente rebajar la suma indemnizatoria regulada'", reproduce el fallo.
La resolución agrega "que, en cuanto a la impugnación de fondo formulada por la defensa, reclamado que en el establecimiento de la indemnización se vulneraron las leyes reguladoras de la prueba del Código Civil, en relación con los artículos 1698, 1712, 2314 y 2329 del mismo código las restantes normas invocadas, según la uniforme y reiterada jurisprudencia de esta Sala Penal, carecen del carácter de decisoria litis. La citada norma establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, en este caso, de su participación, en los delitos objeto de la sentencia".
Además "que de la lectura del recurso no demuestra la imputación de haberse vulnerado tal disposición, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la intervención de su mandante en los hechos, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva", concluye que ratifica el pago de los 40 millones a esta víctima de la represión militar.