En las últimas semanas se han revelado oscuras situaciones que enlodan al fútbol chileno, las que lejos de encender las alarmas debieran tener a los involucrados en el desarrollo de la actividad, exigiendo cambios. Nos referimos específicamente a la presencia de representantes de futbolistas en las propiedades de los clubes y la permanencia de antiguos dirigentes ligados a discutidos casos durante la cuestionada presidencia de Sergio Jadue.

Aunque para algunos la presencia de agentes de jugadores en las sociedades anónimas de los clubes no reviste mayor trascendencia, hay muchos que piensan con claros fundamentos que va mucho más allá de un reproche ético. Ser dueños implica definir cuerpos técnicos y en medio de esas negociaciones promover a algunos jugadores en desmedro de otros para su pecunio.

Eso no solo atenta contra la transparencia del juego, también abre espacios para otro gran problema de este deporte que es el amaño de partidos.

Todo sustentado en una cadena de ayuda y favores, asociados a incentivos económicos para que ocurra lo que quieren estos grandes intereses.

En nuestro país el problema es incipiente y aún no se conoce de arreglo de partidos, pero sí ya hay casos sobre jugadores que se han negado a determinada representación y fueron sacados de las plantillas sin poder jugar.

Pero esta situación no ha provocado ningún revuelo en la actividad. Es como si diera lo mismo cómo se maneja el fútbol sin importar el daño que se pudiese causar.

Entrar en una dinámica en la que el dinero está por sobre la actividad, sobre la esencia del juego es peligroso. No podemos obviar que el fútbol es un negocio, pero tiene que haber ciertos resguardos para que el poder del dinero no corrompa una disciplina en la que deben imponerse los valores deportivos.

La nueva Política Nacional de Ciberseguridad anunciada en mayo, se encuentra en su fase final de trámite antes de entrar en vigencia. Esta es una actualización de su primera versión, elaborada en 2017, que se basa en los principios de cooperación, innovación y educación, con el principal objetivo proteger los sistemas informáticos y redes del país de los ataques cibernéticos.

Constituye sin duda una urgencia, por cuanto la ciberseguridad es un tema cada vez más relevante debido al crecimiento de las amenazas cibernéticas a nivel global. Por esta razón, se espera que tenga un alcance significativo en varios ámbitos, como por ejemplo el fortalecimiento de la colaboración público-privada, especialmente porque es el sector privado el que posee la mayor parte de la infraestructura crítica. Por otro lado, es importante considerar el fomento de la educación temprana en materia de ciberseguridad, para sensibilizar a las personas respecto de los riesgos asociados al manejo de información digital y cómo mitigarlos.

Otra expectativa importante es que la nueva política mejore el nivel de madurez de la ciberseguridad en el país, favoreciendo el desarrollo de capacidades, la adopción de mejores prácticas y marcos de gestión de riesgos más robustos. Es fundamental que Chile trabaje de manera proactiva en estos ejes y considere expandir su enfoque a medida que evoluciona el panorama de ciberseguridad.

Es por esta razón que todos los actores involucrados debemos promover un cambio cultural en relación con la ciberseguridad, a fin de que las personas y organizaciones comprendan los potenciales riesgos del entorno digital y adopten prácticas preventivas cotidianas. Además, es clave la adaptabilidad ante nuevas amenazas, a fin de que la política pueda adecuarse al cambiante panorama de ciberriesgos.

En este sentido, es claro que la nueva Política Nacional de Ciberseguridad es un paso adelante para Chile, sin olvidar que es un ámbito complejo que requiere de un esfuerzo continuo. Tanto el Estado, como el sector privado y las personas debemos trabajar juntos para proteger a Chile de los ataques cibernéticos.