Fue hace nueve años que Antofagasta Minerals tuvo la visión de unir dos de sus compañías y dar origen a Minera Centinela, concretando así una mirada visionaria que aprovechó las condiciones técnicas y logísticas para integrar ambos futuros en una nueva Compañía que a lo largo de su trayectoria se ha transformado en un referente en innovación y sustentabilidad en la industria.

Porque hoy Minera Centinela es la segunda Compañía más grande del grupo minero, operamos en un 100% con agua de mar y producimos concentrado y cátodos de cobre; con oro, plata y concentrado de molibdeno como subproductos. Más del 20% de nuestra dotación actual está integrada por mujeres, número muy superior al promedio de la industria.

Ya en 2021 recibimos la certificación The Copper Mark, que ratifica el cumplimiento de estándares internacionales comprometidos con una minería moderna y sostenible, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Desde comienzos de 2022, nos abastecemos exclusivamente con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, mismo año en que inauguramos nuestra Gestión Integrada de Operaciones (GIO), con el primer centro integrado de operaciones de la industria ubicado estratégicamente en la ciudad de Antofagasta.

A comienzos de 2023 lanzamos el primer rajo autónomo de Antofagasta Minerals: Esperanza Sur, el que hoy cuenta con 17 camiones de extracción y 2 perforadoras. Un proyecto que no solo nos permite operar la mina con equipos no tripulados, sino que además nos permitió formar a nuestros propios trabajadores para desempeñarse en las habilidades que requiere la Minería 4.0. Ello significó reentrenar a operadores y mantenedores para la flota autónoma, contratando nuevos aprendices para guiar los camiones tradicionales.

Hace un mes presentamos la flota de vehículos eléctricos más grande del país, con 50 camionetas para faena y ocho equipos mina eléctricos, que en conjunto permiten dejar de emitir más de 5.500 toneladas de Co2 al año. Días antes de este hito, como parte del Programa EnRed - Comunidad Digital de Antofagasta Minerals, inauguramos una nueva red de fibra óptica en Sierra Gorda, habilitando a la localidad con la mejor internet de Latinoamérica, según la empresa internacional de diagnósticos de Internet Ookla.

Ese es nuestro espíritu en este noveno aniversario: construir una minería moderna, innovadora y sustentable y llevar sus beneficios desde la operación a los territorios en los cuales estamos insertos. Porque estamos convencidos de que juntos podemos desarrollar minería para un futuro mejor.

Los resultados del estudio "Expansión territorial de asentamientos informales en la Región de Antofagasta (2021-2023)", realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, pueden encasillarse perfectamente en la categoría de alarmantes. Sí, porque en los últimos dos años hubo un crecimiento explosivo al pasar de 233 a 730 hectáreas, ocupadas por campamentos (aumento de 213%).

Es decir, la superficie destinada a estos asentamientos creció más de tres veces, en solo pocos meses y con ello dejó al descubierto que el problema está lejos de resolverse.

Uno de los principales inconvenientes es que este crecimiento territorial se ha hecho en gran parte en sectores de riegos como quebradas o espacios con posible desprendimiento de rocas o con otro tipo de peligros geográficos, como ocurre en las comunas costeras.

El caso de Calama es bastante particular, ya que sale de los cánones al extenderse en una superficie de 507 hectáreas, específicamente en e sector poniente, fuera del radio urbano, en lugares de pertenencias mineras. Allí se sitúan campamentos que se reparten en la extensión sin ocupar todo el espacio a diferencia de otras comunas.

Junto con la expansión se constató que la cantidad de familias en asentamientos aumentó en cerca de seis mil, situando a la región entre las de mayor número de hogares en esta situación en el país.

El estudio es claro en determinar causales y evidenciar que poco se ha logrado con la labor de los gobiernos. Cada vez son más las familias que se ven obligadas a instalarse en los campamentos, algunos por sus precarias condiciones, pero otras han sido marginados económicamente de las ciudades por ingresos.

La solución es de largo aliento y no se logrará mientras no se cambie el modo de enfrentar el fenómeno, más allá del asistencialismo.

Seguimos avanzando en más seguridad para las y los chilenos. Durante esta semana se despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que entregará más herramientas para perseguir y prevenir el delito de contrabando en nuestras fronteras. Una instancia muy relevante para la provincia El Loa, ya que tiene una extensa zona limítrofe.

Pero, ¿qué significa esto? Pues bien, lo primero que diremos es que en el diagnóstico principal que se llevó a cabo, levantó la brecha que nuestro país sanciona el delito de contrabando con multas y sanciones muy bajas y ante el hecho de que este delito puede ser cometido por organizaciones criminales, es que avanza este proyecto de ley con las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. Este proyecto considera la tipificación como delito al contrabando de dinero, esto porque increíblemente, no era caracterizado como tal, más bien era considerado como una falta reglamentaria.

Además, este proyecto aumenta multas y sanciones privativas de libertad, esto último no se aplicaba a ningún tipo de contrabando. El proyecto considera el aumento del piso de la multa, la cual iba desde 1 a 5 veces el valor de la mercancía que se contrabandeaba, ahora partirá desde un piso de 2 veces el valor.

En cuanto a las sanciones privativas de libertad, probablemente ninguna persona que cometiera el delito de contrabando fuera a la cárcel, aunque con esto pudiera afectar la salud pública, la seguridad del país o afectar bienes importantes en materia medioambiental.

Con este proyecto aumentan las penas privativas de libertad estableciendo el delito de contrabando que va entre 10 y 25 UTM y el piso será presidio menor en su grado medio, el cual parte en 541 días y puede llegar a 5 años. Y en el caso que el contrabando vaya sobre las 25 UTM, las penas pueden partir en presidio menor en su grado máximo, esto quiere decir desde tres años hacia arriba y puede llegar hasta los 10 años. Aumentando considerablemente la sanción privativa de libertad.

Otro punto importante a relevar es que todo tipo de contrabando será delito base para investigar el lavado de activos, esto porque pueden operar organizaciones criminales que tienen negocios y hay que perseguirlas en materia de lavado de activos.

Cabe señalar que, este proyecto es parte de las 31 iniciativas en materia de seguridad en que trabaja el Ejecutivo y que se acordó con el Senado y la Cámara.

Miguel Ballesteros,

Delegado presidencial provincial de El Loa