No exento de críticas, el Gobierno puso en marcha un plan de empadronamiento biométrico de extranjeros con el que busca identificar a quiénes ingresaron de modo irregular y dónde pueden estar residiendo. Al ser un proceso voluntario, se da por descontado que no todos lo harán, principalmente, los que llegaron con fines delictuales, pero hay un número mayoritario de quienes quieren avanzar en regularizar su situación migratoria en el país.

Las autoridades de Gobierno y de Migraciones, han manifestado que no se trata de un "perdonazo" para quienes no cumplieron con un ingreso conforme a la normativa, pero sí que es un avance en materia de seguridad al acceder a las identidades de un importante número de indocumentados, lo que se complementará con la información que pueda llegar desde sus respectivos países de origen.

Los detractores de esta iniciativa no le encuentran mucho sentido en el tema de seguridad, porque los delincuentes no se acercarán a los cuarteles de la PDI a pasar por un registro biométrico. Se animan a aseverar que no es más que una previa para regularizar a quienes llegaron a Chile por pasos no habilitados a modo de "perdonazo".

Mirada que no es compartida por un grueso de la población migrante que ya instalada en nuestro país busca el modo de tener sus papeles en regla y así establecerse con tranquilidad. Están conscientes que este no es el proceso aconsejado, pero lo ven como un peldaño para seguir cumpliendo con las obligaciones migratorias.

Lograr que ese gran contingente confíe en la importancia del empadronamiento, claramente servirá en materias de seguridad, porque los que no estén se verán enfrentados a controles más exhaustivos y bajo la duda de cuáles son sus intereses en el país. Serán los que encabezarán la lista de los posibles deportados, cuando el Gobierno lo defina.

Hace algunas semanas se dio a conocer el estudio Euromonitor sobre la situación del contrabando, especialmente de cigarrillos en los países de Sudamérica, que arrojó información útil para poder tomar decisiones en Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil.

En él se muestra que los países con mayor penetración de cigarrillos ilícitos son Perú y Brasil, debido a las fronteras permeables con Bolivia y, en el caso de Brasil, con Paraguay. Bolivia tiene la penetración más baja de consumo local de cigarrillos ilícitos (12.6%), pero es un país clave en el contrabando, moviendo grandes volúmenes de cigarrillos a países fronterizos, especialmente provenientes de Paraguay, gran productor de este ilícito.

Lo de Chile es preocupante porque los estudios evidencian un aumento de la penetración del producto, llegando a casi un tercio del total de lo que se comercia en el país, con una alta presencia en ferias libres y comercio ambulante, lo que favorece la venta informal de artículos de contrabando como cigarrillos o medicinas sin receta.

Los cigarrillos ilícitos -en general- se venden un 60% más baratos que un equivalente legal debido a la evasión de impuestos, lo que es un atractivo mercado para el comerciante ambulante. Se estima que el vendedor minorista es capaz de ganar entre un 50% y 100% de margen con la venta de cigarrillos paraguayos de contrabando. Lo que demuestra que el contrabando es un negocio rentable, tanto para contrabandistas, mayoristas y vendedores ambulantes o minoristas.

La rentabilidad de este mercado, facilita la aceptación social y el aumento del crimen, incrementando la pérdida fiscal y la competencia desleal. La importación, exportación y venta por contrabando supone una evasión de impuestos que provoca una pérdida fiscal para los gobiernos. Las estimaciones en Chile, cifran esa evasión en alrededor de US$ 800 millones.

Los efectos negativos del contrabando también potencian el desarrollo de redes criminales a nivel nacional y regional. Se involucran con organizaciones más establecidas para aprovechar rutas y logísticas ya establecidas, teniendo sinergias con los carteles criminales de la droga y de la trata de personas. En efecto, el contrabando de cigarrillos en la región ha pasado a ser manejado por contrabandistas locales asociados a redes de criminales internacionales, clanes familiares y mafias regionales. Sin embargo, el contrabando hormiga tiene peso en rutas fronterizas, como la de Arica, entre Perú y Chile.

Las conclusiones del estudio, aplicables a Chile, apuntan a tomar medidas para el combate de este fenómeno en los siguientes ámbitos: aumentar los controles fronterizos, la persecución y los castigos de las conductas de contrabando; materias en la que nuestro país está en deuda, debido a la extensa frontera, especialmente con Bolivia que permite el paso de mercaderías prohibidas y al insuficiente efecto de la persecución criminal de este delito.

Se debe mejorar los niveles de coordinación entre los países del Cono Sur para tener una mejor trazabilidad del producto y así visualizar las desviaciones del comercio ilícito, además de promover tasas de impuestos semejantes en todos los países. Por último, trabajar con los consumidores locales para desincentivar la compra del producto de contrabando, promover la economía y el empleo formal.

En cada uno de estos aspectos el desafío es importante y requiere el esfuerzo mancomunado de autoridades y sociedad civil para disminuir los preocupantes niveles a los que ha llegado esta criminalidad organizada. La oportunidad es ahora.

En virtud de lo que se ha denominado pacto fiscal, dentro de la serie de medidas que se han propuesto hay algunas enfocadas en incentivar la inversión.

Entre otras cosas, se propone implementar un sistema de depreciación semi instantánea, como el que se hizo en la reforma de modernización tributaria de la Ley N° 21.210 hace un par de años; un fondo de crédito tributario para inversiones, y el incentivo a la formalización.

Esta última es quizás una de las propuestas que tiene más relevancia en estos días, debido a que en los últimos años la cantidad de comerciantes y pequeños emprendedores no formalizados ha aumentado junto a los vendedores ambulantes. Al no estar regulados, no pagan impuesto por la actividad que realizan.

¿Qué se propone? Un monotributo para aquellos que se formalicen. De esta manera, podrán acceder a un sistema donde solo pagarán un impuesto que reemplazará a los otros tributos de la Ley de la Renta, el cual tendrá una duración de dos años. Dentro de ese plazo, se obtendrá un beneficio, en que podrán rebajar el 100% del IVA dentro del primer año, un 50% en los 6 meses siguientes, y un 25% dentro de los últimos seis meses.

Esta es una propuesta que debe ser trabajada en conjunto con los demás actores, ya que la formalización de los comerciantes y pequeños emprendedores debe tender a generar más empleo y recursos al fisco con la recaudación que se logre. Este es un gran desafío que debemos tomar en serio como país.