La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, anunció la firma de un préstamo verde y vinculado a la sostenibilidad a Engie Chile, por US$ 400 millones, financiamiento que ayudará a la compañía, en línea con su plan de transformación energética, a pasar de la generación de energía en base a combustibles fósiles a la generación de energía renovable e instalación de sistemas de almacenamiento (Battery Energy Storage System - BESS).

El financiamiento incluye US$ 200 millones provistos por IFC, US$ 114,5 millones por inversionistas en el marco del programa de cartera de cofinanciamiento administrado por IFC y US$ 35,5 millones por el inversionista centrado en los ODS, ILX Fund, en el marco del Programa de Préstamos B de IFC. Se espera que próximamente se cierre un préstamo paralelo adicional de US$ 50 millones, organizado por IFC, para completar un paquete de financiamiento de US$ 400 millones.

Este es el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad que entrega IFC en el sector energético de Chile, el que contribuirá a facilitar el suministro de energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), haciéndolo más eficiente, proporcionándole mayor seguridad de suministro y contribuyendo a mitigar la intermitencia de la generación renovable mediante la implementación de la tecnología BESS.

El préstamo también se ha estructurado con un objetivo específico de rendimiento sostenible para el desmantelamiento o la reconversión de los restantes activos de generación de carbón de Engie.

Cristián Venegas M.

Nueve empresas, seis extranjeras y tres nacionales, hicieron declaraciones de interés para la instalación de fábricas de electrolizadores en Chile, por cerca de US$ 850 millones, al Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, que ahora convocará a un proceso de Solicitud de Propuestas para conocer más detalles y posibles incentivos hacia compañías manufactureras de estos equipos.

El proceso de Request for Information (RFI), que finalizó el 15 de junio, busca contribuir al desarrollo productivo sostenible y la creación de una industria de hidrógeno verde, para acelerar la implementación de iniciativas que aporten a la descarbonización y a una transición energética justa en aquellos sectores difíciles de abatir, identificando las empresas que estarían interesadas en fabricar y/o ensamblar electrolizadores, sus componentes y sistemas auxiliares en Chile y bajo qué condiciones se instalarían para abastecer el mercado nacional y regional.

Características

Desde la Corporación detallaron que seis de las expresiones de interés contemplan la instalación de plantas de fabricación de 0,5GW - 1GW de electrolizadores de capacidad por año, con inversiones estimadas entre US$ 50 y 100 millones, variando las tecnologías entre electrolizadores alcalinos (ALK), electrolizadores de membrana polimérica protónica (PEM) y electrolizadores de óxido sólido (SOEC). En términos de empleo indican que cada planta de 1GW generará del orden de 100 empleos directos y ocuparía un área en torno a los 20.000 m2.

A partir de los resultados de la primera etapa, Corfo convocará un proceso de Solicitud de Propuestas, en el que deberán especificarse con mayor detalle las iniciativas planteadas previamente en el RFI, en el que figuran firmas de España, Italia, Bélgica, Estados Unidos, China y tres nacionales.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, dijo que existe un compromiso del Estado por la descarbonización del país y que "este RFI, además de otras muchas iniciativas que llevamos adelante en este sector, es clave para delinear el mapa del interés del sector privado y los desafíos que enfrentan los proveedores de la cadena de valor del hidrógeno verde e inversionistas y, principalmente, es una oportunidad para que se desarrollen en Chile actividades productivas más sofisticadas, con participación o encadenamientos con la industria local, y que permitan generar mejores empleos".

US$ 850 millones suman las nueve iniciativas que expresaron interés, en un rango entre US$ 50 y 100 millones.

El senador regional Pedro Araya (IND), junto a Francisco Huenchumilla (DC), presentaron un proyecto de reforma constitucional que garantizaría la participación de los pueblos originarios en la explotación del litio. Iniciativa, aseguran los parlamentarios, que no afectará a la minería bajo concesión, pues no modifica ni altera ninguna de las reglas vigentes ni de los beneficios que las regiones tendrán por las regalías provenientes de este mineral.

Al respecto, Araya explicó que proponen que "sea cual sea el diseño que el Gobierno estime para la explotación del litio, se pueda considerar que los pueblos originarios tengan una participación en la empresa, de forma tal de que puedan recibir los beneficios de esta extracción de este mineral".

El proyecto fundamenta la participación de los pueblos, debido a su proximidad a los yacimientos, así como por su impacto ambiental y su afectación a la cosmovisión. Igualmente, por el cuidado histórico y de preservación de esos ámbitos, y por la exploración, explotación y beneficio del mineral que se hará a costa de bienes centrales para la vida de estas comunidades (agua) lo que supone examinar las mejores fórmulas posibles para la sinergia de estos esfuerzos.

A su vez, se establece un argumento constitucional que complementa el sentido por el cual se exige esta incorporación. La Constitución le impone un conjunto de deberes al Estado en el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución. Entre esos deberes destaca el "promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".

Asimismo, el proyecto expone que no se puede dudar que los pueblos indígenas han sido grandes postergados en el desarrollo nacional.