Macarena Saavedra Ledezma
El pasado viernes, José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, visitó la Región de Antofagasta para conocer y monitorear la situación de los trabajadores tanto del Gore como de las entidades involucradas del Caso Convenios. Oportunidad en la que Pérez Debelli, conversó con El Mercurio de Antofagasta para informar sobre la postura de la institución y condiciones de quienes cumplen con la función pública.
Dentro de los hitos y razones de la visita al norte es debido a la situación que se gatilla por el Caso Convenios.
-La visita a Antofagasta tiene tres objetivos. Primero, nos hemos desplegado para estar en el territorio y saludar a los funcionarios públicos que están acá, en esta región y a quienes que trabajen en las comunas aledañas, en segundo para ponernos a disposición y acompañar a quienes hoy en día lo están pasando mal por estos hechos que se están investigando por parte de la Fiscalía Regional y el Ministerio Público, entendemos que también las personas que están ajenas, sepan que no están solas.
Como ANEF somos una federación que representa a personas relacionadas a los servicios y nos corresponde también estar en terreno, por ello tuvimos reuniones con dirigentes sindicales de servicios como el Ministerio de vivienda, Desarrollo Social y otros, sobre estructuras de base y señalamos algunos énfasis en relación de ponernos a disposición investigación, así como las consideraciones que tenga la policía y la contraloría. Mientras que en tercer punto es para entregar algunos lineamientos en el contexto de nuestro aniversario porque cumplimos 80 años de vida, pero principalmente quisimos saludar y acompañar en estos procesos que son complejos y que generan agobio e incertidumbre.
Tal como menciona, frente al complejo contexto en que se encuentran dichas instituciones las cuales visitó, ¿cuál es la postura con la que se enfrentan a la visita y a las polémicas que han surgido durante las últimas semanas?
-Nosotros frente a cualquier hecho irregular de alguna autoridad o político de todos los gobiernos, se tienen que tener los estándares de una conducta ética y de probidad. Aquí las autoridades que son nombradas políticamente y que tienden a desconocer el trabajo técnico profesional de los funcionarios públicos, los que conocemos el Estado y conocemos nuestro servicio, pretenden hacer vista gorda a hechos que son irregulares y que, en este caso, se están investigando.
Nosotros no nos perdemos, relevamos dos principios que para nosotros son fundamentales y también separar que no es la cultura ni la naturaleza de quienes tenemos la vocación pública de amparar, silenciar u omitir una situación que raye lo delictual o en la corrupción, sino que es al revés, tenemos que denunciar y es además una obligación legal.
Hace unos días usted respaldó a los funcionarios del Ministerio de Vivienda y también a los funcionarios la Región de Antofagasta, ¿de dónde nace el apoyo?
-Para nosotros es importante porque somos funcionarios públicos y asumimos un trabajo sindical porque nos eligen en ese mandato, tenemos la obligación de que no se sientan abandonados y que también estemos observando de aquellas autoridades que pretenden, por ejemplo, generar alguna amenaza cubierta directa o encubierta o una situación que raye en el abuso de un mal poder ejercido. Nosotros tenemos que respaldar inmediatamente la buena función pública que realizan incluso en condiciones bastante precarias laboralmente y también ante la falta de presupuesto donde no llega el Estado, este que es subsidiario y que efectivamente tiene estos efectos, porque cuando no se entrega los recursos suficientes para una dotación que efectivamente llegan los cerros de Antofagasta con los ministerios y seremías respectivas, se privatiza y externaliza laborales de quienes somos funcionarias y funcionarios del Estado de Chile.
Entonces, desde su posición, ¿cómo se puede mejorar estas condiciones laborales precarias que usted menciona?
-En la nueva Carta Magna tenemos una oportunidad. El jueves pasado estuvimos exponiendo a los consejeros un capítulo sobre el tipo de Estado, sobre la función pública y también sobre la relación entre los funcionarios y el estado de Chile, se discutió sobre cómo podemos recuperar el Estado social, democrático, que garantice realmente los derechos de la ciudadanía porque las grandes mayorías de este país no conoce el orden y que también a veces lo ve distante.
Nosotros creemos en un Estado más presente, más fuerte y aprovechamos de desmitificar de que somos demasiado funcionarios porque no es así, somos menos del 10% de la fuerza laboral en Chile. Además, administramos algunos lugares espacios como la educación inicial que todavía sus salarios son bajos y que la mayoría son mujeres, tenemos regiones medias postergadas como en el Ñuble. Entonces si uno mira ese artículo, en el que se vuelva a recuperar en un Estado social, democrático y garante de derechos, obliga a todas las figuras de subcontrataciones y programas, al final lo que se hace es recursos a un programa municipal o a fundaciones que son de carácter privado y que está la tentación de que alguien pretenda llevarse el Estado para la casa y es algo que nosotros creemos que hace daño.
Finalmente, ¿cuál sería el rol de la ANEF frente a situaciones de corrupción?
-La ANEF es la estructura superior nacional donde se tiene la obligación de mantener una buena política pública donde el estándar tiene que ser de los dos principios, mantener la ética y la propiedad pública incluso más allá de los nombramientos políticos circunstanciales de un gobierno de turno.
"(El objetivo de la visista es) ponernos a disposición y acompañar a quienes hoy en día lo están pasando mal por estos hechos que se están investigando por parte de la Fiscalía Regional y el Ministerio Público". "Aquí las autoridades que son nombradas políticamente pretenden hacer vista gorda a hechos que son irregulares y que, en este caso, se están investigando".